La universidad llega al sur: cuando la política se convierte en oportunidad

El anuncio conjunto del gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini sobre el inicio de la construcción de la Sede Regional Zona Sur Capital de la Universidad Provincial de Córdoba no es una obra más. Es una decisión política con impacto estructural. Una de esas que, con el paso del tiempo, se miden no por los discursos sino por las biografías que transforma.

Villa El Libertador y su área de influencia dejarán de ser periferia educativa para convertirse en territorio universitario. Y ese dato no es menor en una ciudad donde el acceso al conocimiento históricamente estuvo concentrado en el centro geográfico y social.

La idea de “federalización universitaria” empieza a tomar cuerpo cuando la universidad se instala donde antes sólo había distancia, colectivos largos y abandono estatal. No se trata únicamente de un edificio de tres plantas y más de dos mil metros cuadrados. Se trata de romper una barrera invisible: la que separa a miles de jóvenes de la posibilidad real de estudiar.

Que más de 22 barrios y una población superior a las 113 mil personas tengan una sede universitaria propia es un cambio de paradigma. La política deja de ser relato para convertirse en infraestructura. Y eso, en tiempos de descreimiento generalizado, no es poca cosa.

El dato más potente no está en el cemento sino en la expectativa social: el 40% de los jóvenes consultados afirmó que se inscribiría en una carrera universitaria si la propuesta es atractiva. Es decir, la demanda estaba. Lo que faltaba era el Estado.

Durante años, la zona sur fue un territorio con necesidades educativas insatisfechas. La oferta pública era prácticamente inexistente y la privada, inaccesible para muchos. Hoy, ese vacío empieza a llenarse con aulas, bibliotecas, laboratorios y espacios de encuentro. Con futuro.

Passerini lo dijo con una frase simbólica: “La Docta es más docta todavía”. Pero detrás del slogan hay una verdad política profunda: no hay igualdad de oportunidades si la universidad no está donde vive la gente. La educación superior no puede ser un privilegio logístico.

Llaryora, por su parte, vuelve a apostar por una marca de gestión que combina obra pública con contenido social. No es casual que esté acompañado por su equipo político más cercano. La universidad también es poder territorial, presencia del Estado y construcción de legitimidad.

La inversión de más de 5.300 millones de pesos puede leerse como gasto o como apuesta estratégica. En un contexto donde muchos reducen todo a planillas fiscales, este proyecto recuerda algo elemental: no hay desarrollo sin conocimiento y no hay seguridad social sin educación.

La nueva sede no sólo dará clases. Va a ordenar un territorio, a generar circulación, identidad y pertenencia. Va a decirle a miles de jóvenes que no necesitan irse para progresar. Que el progreso puede llegar a su barrio.

En tiempos de fragmentación social, esta obra tiene un valor político adicional: integra. Une universidad con comunidad, Estado con vecinos, futuro con presente.

No es una inauguración más. Es una señal. La universidad baja del centro y se instala en el sur. Y cuando eso pasa, la política deja de ser un trámite administrativo para convertirse, otra vez, en herramienta de transformación real.