Cambio climático y educación: el desafío de sostener las aulas frente a la emergencia

• El aumento sostenido de desastres climáticos en la región impacta directamente en el derecho a la educación.
• Los fenómenos extremos dañan infraestructura, interrumpen clases y profundizan desigualdades.
• Más de 157 millones de personas fueron afectadas por desastres entre 2000 y 2024.
• La planificación preventiva resulta clave para reducir vulnerabilidades y garantizar continuidad pedagógica.
• El IIPE UNESCO promueve integrar la adaptación climática en los planes educativos sectoriales.
• Fortalecer capacidades institucionales es central para sostener la enseñanza en contextos de crisis.

América Latina y el Caribe atraviesan un escenario climático cada vez más adverso. Huracanes más intensos, sequías prolongadas, inundaciones recurrentes, incendios forestales y olas de calor extremas se han convertido en parte de una nueva normalidad que impacta de manera directa sobre millones de personas. En ese contexto, uno de los derechos más afectados es el acceso a la educación.

Entre 2000 y 2024, la región contabilizó 1.676 desastres naturales que alcanzaron a más de 157 millones de habitantes y provocaron pérdidas materiales superiores a los 397.000 millones de dólares. Detrás de esas cifras se esconden comunidades desplazadas, viviendas destruidas y, también, escuelas dañadas o inutilizadas. Cuando un fenómeno climático extremo golpea un territorio, la actividad educativa suele quedar entre las primeras afectadas.

Las crisis ambientales no solo comprometen edificios escolares. Las consecuencias son más profundas y duraderas. La destrucción parcial o total de la infraestructura obliga a suspender clases, reducir calendarios y reorganizar contenidos. En zonas rurales o de difícil acceso, los caminos anegados o deteriorados dificultan la llegada de docentes y estudiantes. La pérdida de días de clase impacta directamente en los procesos de aprendizaje y puede aumentar el riesgo de abandono, sobre todo entre los sectores más vulnerables.

A ello se suma la presión que estas emergencias ejercen sobre los equipos de gestión educativa. Ministerios y autoridades locales deben reasignar recursos, improvisar soluciones de continuidad pedagógica y responder a demandas sociales urgentes. Sin una planificación previa, las respuestas tienden a ser fragmentarias y desiguales, lo que amplía brechas que ya existían antes del desastre.

Frente a este panorama, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO en América Latina y el Caribe impulsa un enfoque orientado a fortalecer la resiliencia de los sistemas educativos. La propuesta parte de una premisa central: la adaptación al cambio climático no puede pensarse como una reacción posterior al evento, sino como un componente integrado en el ciclo regular de planificación sectorial.

El planteo incluye la identificación sistemática de amenazas, la evaluación de la exposición de escuelas y comunidades, y el análisis de vulnerabilidades específicas. No todos los territorios enfrentan los mismos riesgos ni cuentan con iguales capacidades de respuesta. Por eso, el enfoque promueve diagnósticos diferenciados y estrategias ajustadas a cada contexto.

Además, se trabaja sobre el fortalecimiento institucional. Esto implica desarrollar herramientas técnicas que permitan anticipar escenarios, diseñar protocolos de actuación y asegurar mecanismos de continuidad pedagógica. También supone capacitar a funcionarios y equipos técnicos en planificación educativa sensible a crisis, de modo que la gestión del riesgo forme parte de la política pública y no quede relegada a medidas excepcionales.

El acompañamiento incluye metodologías específicas para incorporar la adaptación climática en los planes sectoriales, asistencia técnica a ministerios y producción de estudios que aporten evidencia sobre el impacto de los desastres en la educación. Estos insumos buscan orientar decisiones presupuestarias y estratégicas, así como priorizar intervenciones en las zonas más expuestas.

La cuestión no es menor. En una región atravesada por desigualdades estructurales, cada interrupción educativa puede traducirse en retrocesos difíciles de revertir. Las emergencias climáticas, si no se gestionan con anticipación, profundizan las brechas entre áreas urbanas y rurales, entre escuelas con mayores recursos y aquellas que ya operaban en condiciones precarias.

El desafío, entonces, no se limita a reconstruir edificios dañados, sino a diseñar sistemas capaces de sostener la enseñanza aun en contextos de crisis. La planificación con enfoque de riesgo climático aparece como una herramienta estratégica para proteger trayectorias escolares y garantizar el derecho a aprender en un escenario marcado por la incertidumbre ambiental.

La adaptación de la educación al cambio climático ya no es una opción complementaria, sino una necesidad impostergable para asegurar que, aun frente a fenómenos extremos, las aulas sigan siendo un espacio de continuidad y futuro.