La protección de los glaciares reabre un debate clave entre conservación ambiental y desarrollo

• La reforma legal reabre la disputa entre protección glaciar y actividad productiva
• La ley vigente preserva glaciares como reservas estratégicas de agua
• El proyecto oficial propone mayor protagonismo provincial
• Sectores científicos alertan sobre la pérdida de criterios técnicos
• Los glaciares sostienen cuencas y ecosistemas críticos
• El retroceso del hielo subraya la urgencia de políticas ambientales

La discusión sobre el alcance de la protección de los glaciares volvió al centro de la agenda política argentina a partir de un proyecto oficial que propone modificar el marco legal vigente. La iniciativa abrió un debate que combina cuestiones ambientales, intereses económicos y disputas sobre competencias federales, en un escenario donde los reservorios de agua dulce de la cordillera son considerados estratégicos para el desarrollo y la seguridad hídrica del país.

La ley actual, sancionada en 2010, estableció presupuestos mínimos para preservar glaciares y ambientes periglaciares como bienes públicos. Su objetivo central es proteger estos cuerpos de hielo por su rol en el abastecimiento de agua, la regulación de cuencas y la conservación de la biodiversidad. La norma también reconoce su valor científico y turístico, y prohíbe actividades que puedan alterar su condición natural, como la explotación minera, la instalación de industrias o la liberación de contaminantes.

Uno de los pilares del sistema es el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que identifica y monitorea estas formaciones a lo largo de la cordillera. El relevamiento permite conocer ubicación, superficie y estado de conservación, información clave para definir políticas públicas y controles ambientales.

El proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo sostiene que la legislación presenta ambigüedades interpretativas que habrían generado conflictos regulatorios y frenado inversiones, en especial en el sector minero. La propuesta apunta a fortalecer el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales, bajo el argumento de profundizar el federalismo ambiental y ordenar competencias.

Sin embargo, sectores científicos y organizaciones ambientalistas advierten que ese cambio podría desplazar el criterio técnico como referencia principal. La periodista especializada Laura Rocha señaló que la redefinición de facultades podría habilitar decisiones políticas sobre zonas cuya delimitación requiere evaluación científica. Según esta postura, el eje del debate es quién determina qué áreas deben preservarse y con qué parámetros.

El trasfondo económico explica parte de la intensidad de la discusión. Varias provincias cordilleranas concentran proyectos extractivos de alto impacto y presionan por marcos regulatorios que consideren más previsibles. Para los defensores de la normativa vigente, flexibilizar criterios podría comprometer reservas de agua dulce esenciales para comunidades y sistemas productivos.

El estado actual de los glaciares añade urgencia al debate. El inventario oficial registra miles de cuerpos glaciares distribuidos en doce provincias que alimentan decenas de cuencas hidrográficas. Más de un tercio del territorio continental argentino depende directa o indirectamente del aporte de estos reservorios. Además, sostienen ecosistemas altoandinos frágiles, donde humedales y turberas dependen del deshielo para su equilibrio.

La evidencia científica confirma un retroceso sostenido de estas masas de hielo. El emblemático Glaciar Perito Moreno mostró pérdidas de frente en los últimos años, fenómeno vinculado al aumento de temperaturas y cambios en los patrones de precipitación, de acuerdo con investigaciones del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. A escala global, la Organización Meteorológica Mundial advierte que el calentamiento acelera el derretimiento glaciar y altera la disponibilidad de agua dulce.

La discusión parlamentaria expone así una tensión estructural entre preservación ambiental y desarrollo productivo. El diseño del marco regulatorio no sólo impactará en proyectos económicos, sino también en la gestión del agua y en la resiliencia de ecosistemas sensibles. Para la comunidad científica, fortalecer el monitoreo y sostener políticas climáticas de largo plazo resulta indispensable para mitigar el retroceso glaciar.

El debate sobre la ley, lejos de limitarse a una disputa normativa, refleja un dilema más amplio: cómo compatibilizar la explotación de recursos con la protección de sistemas naturales que sostienen la vida y la economía. La resolución de esa tensión definirá buena parte de la política ambiental argentina en los próximos años.