FAL: temores financieros por el destino de un nuevo fondo multimillonario

• La reforma laboral crea el Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes empresariales obligatorios.
• Se estima que el FAL podría reunir unos 3.000 millones de dólares anuales.
• Economistas temen que el fondo termine financiando deuda pública.
• La gestión será privada, pero persisten dudas sobre su orientación inversora.
• El debate remite a antecedentes históricos de uso de grandes fondos previsionales.
• Quedan pendientes definiciones regulatorias que serán decisivas para su funcionamiento.

La media sanción de la reforma laboral en el Senado abrió un debate que trasciende lo estrictamente laboral y se adentra en el terreno financiero. En el centro de la discusión aparece el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que la ley crea como mecanismo para cubrir eventuales indemnizaciones y que, por su magnitud potencial, ya despierta interrogantes entre economistas, empresarios y analistas del mercado de capitales.

El FAL funcionará como un fondo alimentado por aportes obligatorios de las empresas. Las grandes compañías deberán destinar el equivalente al 1% de su masa salarial, mientras que las pequeñas y medianas empresas aportarán un 2,5%, con la posibilidad de ajustes decididos por el Poder Ejecutivo. Especialistas en seguridad social estiman que este esquema podría acumular alrededor de 3.000 millones de dólares anuales. Ese volumen convierte al fondo en un actor relevante dentro del sistema financiero local.

El punto que genera mayor inquietud no es la mecánica laboral en sí, sino el eventual destino de esos recursos. La preocupación, compartida por economistas de diferentes corrientes ideológicas, es que el fondo termine funcionando como un canal indirecto de financiamiento del Tesoro mediante la compra de deuda pública. Aunque la norma establece que la administración del FAL estará en manos privadas —probablemente bancos, aseguradoras o fondos de inversión—, en el mercado persiste la sospecha de que pueda existir presión oficial para orientar parte de esas inversiones hacia títulos soberanos.

Este debate se produce en paralelo a una intensa actividad financiera del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, que viene sosteniendo elevados niveles de refinanciación de deuda en pesos. Las recientes licitaciones mostraron un fuerte esfuerzo por absorber liquidez y garantizar el cumplimiento de vencimientos, en un contexto donde el financiamiento externo resulta costoso. Analistas advierten que esta dinámica incrementa la competencia entre el Estado y el sector privado por los recursos disponibles, elevando el costo del crédito productivo.

En ese marco, algunos observadores interpretan que la creación del FAL podría contribuir a profundizar el mercado de capitales doméstico, generando un inversor institucional de gran escala. La comparación inevitable remite al rol que cumplieron las administradoras privadas de fondos previsionales en los años noventa, cuya capacidad de inversión influyó decisivamente en la financiación del Estado y del sector privado. Sin embargo, esa experiencia también dejó antecedentes controvertidos, vinculados a decisiones políticas que afectaron el destino de los ahorros.

Las críticas al nuevo esquema provienen de sectores diversos. Desde la oposición parlamentaria, voces como la de Mariano Recalde advirtieron que el fondo podría favorecer a intermediarios financieros y modificar el equilibrio de costos laborales. En el plano técnico, economistas liberales como Roberto Cachanosky cuestionaron la obligatoriedad del sistema, señalando que introduce una previsión forzada de indemnizaciones que altera la lógica de contratación.

Todavía quedan aspectos regulatorios por definirse, como la estructura de las cuentas —si serán individuales o colectivas— y los límites de exposición al riesgo público en la cartera de inversiones. Estas definiciones serán claves para determinar el perfil del fondo y su impacto macroeconómico. En paralelo, circulan propuestas para blindar legalmente al FAL frente a un eventual uso como financista involuntario del Estado.

El trasfondo histórico alimenta la cautela. Episodios como el Plan Bonex de comienzos de los noventa o la posterior reestatización del sistema jubilatorio reforzaron la sensibilidad del mercado ante cualquier fondo de gran escala vinculado al ahorro privado. Por eso, más allá del objetivo declarado de modernizar el régimen laboral, el FAL se convirtió en un foco de atención que combina política, finanzas y memoria económica.