Versiones de un pacto político del oficialismo con Sergio Massa

• Guadalupe Vázquez afirmó que existió un acuerdo inicial entre Milei y Massa.
• El supuesto pacto habría facilitado la continuidad de funcionarios del gobierno anterior.
• La falta de estructura territorial del oficialismo aparece como el principal argumento.
• El Gobierno negó la existencia de ese entendimiento político.
• El caso de la Administración General de Puertos fue citado como ejemplo.
• La controversia reabre el debate sobre la transición real del poder.

Una fuerte polémica se instaló en el escenario político tras las declaraciones de la periodista Guadalupe Vázquez, quien sostuvo que, en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, habría existido un acuerdo informal de gobernabilidad con el ex ministro de Economía Sergio Massa. Según su planteo, ese entendimiento habría permitido la continuidad de funcionarios vinculados a la gestión anterior en áreas sensibles del Estado, como parte de una estrategia para garantizar estabilidad en una etapa inicial marcada por debilidades estructurales.

De acuerdo con lo expuesto, el origen de ese supuesto pacto estaría ligado a la escasa presencia territorial y parlamentaria de La Libertad Avanza al asumir el poder. La falta de cuadros propios para ocupar la totalidad de los cargos en la administración pública habría obligado al oficialismo a apoyarse, al menos transitoriamente, en funcionarios provenientes del espacio que había gobernado hasta diciembre de 2023. En ese marco, la continuidad de determinados nombres sería menos una decisión ideológica que una solución pragmática frente a un Estado que debía seguir funcionando.

La periodista afirmó que sus fuentes son sólidas y que los indicios de ese entendimiento se reflejan en la estructura de algunas dependencias durante el primer año de gestión. Aunque desde el Gobierno se rechazó de plano la existencia de un acuerdo político con el ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Vázquez sostuvo que los hechos observables en determinadas áreas alimentan las sospechas. Para la comunicadora, la permanencia selectiva de funcionarios no respondió a criterios técnicos generales, sino a afinidades políticas previas.

Como ejemplo, recordó una investigación propia sobre la Administración General de Puertos. Allí, según relató, se produjeron despidos de personal técnico de carrera, mientras que algunos empleados incorporados durante la gestión anterior habrían mantenido sus cargos. Esa diferencia de trato fue interpretada como una señal de protección política. El tema, siempre según su versión, fue llevado directamente al conocimiento del Presidente, quien habría manifestado sorpresa y rechazo ante esa situación.

El desenlace de ese episodio fue la disolución del organismo meses más tarde, una decisión que el Gobierno presentó como parte de su plan de reestructuración del Estado. Para Vázquez, sin embargo, ese cierre también funcionó como una forma de cortar con inercias heredadas y con posibles compromisos que no encajaban con el discurso de ruptura que caracterizó a la campaña libertaria.

Las declaraciones generaron impacto porque ponen en tensión uno de los pilares narrativos del actual oficialismo: la idea de una frontera nítida entre el nuevo gobierno y la dirigencia política del pasado reciente. La hipótesis de un acuerdo de gobernabilidad con uno de los principales referentes del ciclo anterior introduce matices incómodos en ese relato y abre interrogantes sobre cómo se gestionó la transición real del poder.

En paralelo, el episodio volvió a colocar a Guadalupe Vázquez en el centro del debate público. Con formación en ciencia política y especialización en economía y opinión pública, la periodista construyó un perfil asociado a la investigación y al análisis crítico del poder. Su trayectoria incluye trabajos en medios internacionales, experiencia en comunicación política y una extensa labor televisiva, donde consolidó una impronta confrontativa y de denuncia.

Más allá de la veracidad o no del presunto acuerdo, el planteo dejó expuesta una discusión de fondo: hasta qué punto un gobierno que se presenta como disruptivo puede evitar acuerdos tácticos en un sistema político fragmentado. La respuesta, por ahora, queda atrapada entre desmentidas oficiales y versiones que prometen seguir alimentando la controversia.