Reforma laboral y pulseada fiscal: Ganancias se convierte en el nudo de la negociación con las provincias

• La reforma laboral llegaría al Senado el 11 de febrero, con respaldo general pero diferencias de fondo.
• La baja del impuesto a las Ganancias a sociedades es el principal obstáculo en la negociación.
• Los gobernadores aliados propusieron postergar la reducción y aplicarla en dos etapas.
• Las provincias advierten sobre el impacto fiscal en un contexto de caída real de la recaudación.
• Economía sostiene la baja del tributo, aunque reconoce las resistencias políticas.
• Atar la reducción a la actividad económica sigue siendo una alternativa en discusión.

El Gobierno acelera las gestiones para que el Senado trate el próximo miércoles 11 de febrero la reforma laboral, una de las iniciativas centrales del programa oficial. Si bien la Casa Rosada logró garantizar el respaldo en general de un grupo relevante de gobernadores, la discusión permanece empantanada en un punto clave: la baja del impuesto a las Ganancias que pagan las sociedades y su impacto directo sobre la recaudación nacional y provincial.

La propuesta original del Ejecutivo plantea reducir las alícuotas actuales del 30% al 27% y del 35% al 31,5% para los ejercicios fiscales a partir de 2026. El objetivo declarado es mejorar la competitividad, estimular la inversión y acompañar el proceso de desregulación económica. Sin embargo, en un contexto de caída real de los ingresos públicos, los mandatarios provinciales aliados advirtieron que avanzar sin cambios podría tensionar las cuentas fiscales y afectar compromisos sensibles, como el financiamiento previsional.

Durante la semana pasada tomó fuerza una versión que hablaba de un principio de acuerdo con las provincias dialoguistas para condicionar la baja del impuesto a alguna variable que garantizara la compensación de ingresos. Entre las alternativas evaluadas apareció la posibilidad de atarla a la actividad económica, de modo que una eventual recuperación permitiera recomponer recursos vía impuestos al consumo. No obstante, las diferencias surgieron rápidamente: no hubo consenso sobre qué indicador utilizar ni sobre la forma de instrumentar ese mecanismo.

Ante ese escenario, en las últimas horas los gobernadores aliados llevaron una nueva propuesta a la mesa de negociación. La iniciativa apunta a postergar la baja del impuesto a las Ganancias por dos años y ejecutarla en etapas: un 50% en 2027 y el 50% restante en 2028. Además, plantearon retirar ese capítulo de la reforma laboral y tratarlo más adelante como un proyecto fiscal independiente, con un debate específico y mayor margen de análisis.

Entre los mandatarios que impulsan esta alternativa figuran Rogelio Frigerio, Claudio Poggi, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. Desde sus equipos sostienen que la modificación no solo protegería las finanzas provinciales, sino que también podría resultar funcional al Ministerio de Economía, que enfrenta una merma sostenida de la recaudación desde hace al menos seis meses. En las provincias recuerdan que el impuesto a las Ganancias no solo impacta en la Nación, sino también en los recursos que recibe la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Los números que manejan los distritos aliados refuerzan la cautela. Según sus cálculos, el costo fiscal total de la reforma laboral ascendería a $2,6 billones. De ese monto, $1,5 billones —equivalentes al 0,15% del Producto Bruto Interno— recaerían sobre provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El Tesoro Nacional, en tanto, resignaría ingresos por $1,069 billones, mientras que los fondos destinados a los Aportes del Tesoro Nacional sufrirían una merma adicional de más de $26.000 millones.

La discusión se da, además, en un contexto de deterioro real de los ingresos. En enero, la recaudación alcanzó los $18,4 billones, con una suba interanual del 22%, pero muy por debajo de la inflación del período, que fue del 31,4%. Entre los factores que explican esa dinámica aparecen la reducción de retenciones al sector agropecuario y la baja de aranceles a las importaciones, decisiones alineadas con la estrategia económica del Gobierno.

Desde las provincias, algunas voces sostienen que al ministro de Economía, Luis Caputo, tampoco le resultaría inconveniente una postergación del esquema original. La lectura es que dilatar la baja o escalonarla permitiría sostener el superávit fiscal, uno de los pilares del programa económico. Caputo, sin embargo, ratificó públicamente su postura a favor de reducir Ganancias y dejó en manos del Congreso la decisión final, aun reconociendo la resistencia de los gobernadores.

En paralelo, los mandatarios peronistas dialoguistas propusieron retomar la idea de condicionar la baja del impuesto a la evolución de la actividad económica. El argumento es que un mayor nivel de consumo permitiría compensar parte de la pérdida de recursos a través del IVA. La discusión sigue abierta y promete convertirse en uno de los ejes centrales del debate legislativo, donde el oficialismo deberá equilibrar su agenda reformista con la necesidad de sostener apoyos políticos clave.