La polémica por la “verdad oficial” reaviva el debate sobre libertad de prensa

• ADEPA y FOPEA cuestionaron la creación de la Oficina de Respuesta Oficial.
• Advirtieron sobre el riesgo de que el Estado fije una “verdad oficial”.
• Señalaron posibles dinámicas de estigmatización del periodismo crítico.
• Reconocieron la legitimidad de la comunicación oficial, pero marcaron límites.
• Alertaron por el foco puesto solo en medios y no en redes sociales.
• Sostuvieron que la ciudadanía es el juez final del trabajo periodístico.

El lanzamiento de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina por parte del gobierno de Javier Milei abrió un nuevo frente de tensión con el periodismo y reactivó un debate de fondo sobre los límites del poder estatal frente a la libertad de expresión. Las principales entidades que nuclean a los medios y a los periodistas advirtieron que la iniciativa, presentada como una herramienta para combatir la desinformación, podría derivar en prácticas de señalamiento y estigmatización del trabajo periodístico.

Las críticas se apoyan en un punto central: el riesgo de que el Estado asuma un rol de árbitro de la verdad. Desde el Foro de Periodismo Argentino se planteó que la búsqueda de la verdad es una obligación indelegable del periodismo profesional, sustentada en el chequeo de datos, la honestidad intelectual y el contraste de fuentes. En ese marco, se alertó que la pretensión de fijar una versión oficial indiscutible choca con los principios básicos de una sociedad democrática, donde el disenso y la crítica cumplen una función esencial.

El señalamiento no se limita a una cuestión conceptual. Las entidades subrayaron la gravedad institucional que implica la utilización de recursos públicos para monitorear, evaluar y eventualmente calificar contenidos periodísticos. Según esa mirada, el problema no es la comunicación oficial en sí misma, una práctica habitual en los gobiernos democráticos, sino la lógica que parece subyacer en la creación de un organismo dedicado a “desmentir” informaciones producidas por la prensa.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas coincidió en que los gobiernos tienen derecho a difundir su gestión y aclarar datos que consideren incorrectos. Sin embargo, marcó una diferencia sustancial entre informar y acusar. El objetivo de desmentir parte, en palabras de la entidad, de una presunción de mala fe por parte del periodismo, cuando la dinámica informativa se nutre de miradas múltiples, interpretaciones diversas y debates abiertos sobre los hechos de interés público.

Uno de los puntos que generó mayor inquietud es el alcance selectivo del nuevo organismo. Desde ADEPA se observó que la presentación de la Oficina de Respuesta pone el foco casi exclusivamente en informaciones provenientes del periodismo, dejando al margen el enorme caudal de desinformación que circula por redes sociales y plataformas digitales. Esa omisión refuerza la sospecha de que la iniciativa no apunta a un abordaje integral del problema, sino que podría convertirse en una herramienta de presión indirecta sobre voces críticas.

El trasfondo de la discusión excede al gobierno actual y se inscribe en un dilema recurrente: cómo enfrentar la desinformación sin afectar derechos fundamentales. Las organizaciones periodísticas insistieron en que no existen atajos institucionales para resolver ese desafío. A su entender, el mejor antídoto contra las noticias falsas no es la intervención estatal directa sobre los contenidos, sino la consolidación de un ecosistema de medios plural, profesional e independiente, que rinda cuentas ante la ley y, sobre todo, ante sus audiencias.

En esa línea, se remarcó el rol activo de la ciudadanía. La confianza entre los medios y el público se construye en el tiempo, y son los lectores, oyentes y televidentes quienes, en última instancia, evalúan la calidad del trabajo periodístico, contrastan fuentes y forman su propia opinión. Esa capacidad crítica social es vista como una garantía más sólida que cualquier estructura oficial encargada de definir qué es verdadero y qué no.

La controversia por la Oficina de Respuesta Oficial vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave para la democracia argentina: hasta dónde puede avanzar el Estado en la disputa por el sentido público sin vulnerar la libertad de expresión. En ese límite difuso se juega no solo la relación entre el Gobierno y el periodismo, sino también la calidad del debate público y la vigencia de los principios republicanos.