El peronismo pide interpelar a Caputo y reabre la discusión sobre la credibilidad del INDEC

• Diputados del peronismo pidieron interpelar a Luis Caputo por el INDEC
• La renuncia de Marco Lavagna activó cuestionamientos sobre la autonomía del organismo
• El IPC sigue calculándose con una canasta de consumo considerada desactualizada
• Los legisladores advierten impacto directo en salarios, jubilaciones y paritarias
• Se cuestiona una posible injerencia política en decisiones técnicas
• El debate sobre la credibilidad de las estadísticas vuelve al Congreso

La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del Instituto Nacional de Estadística y Censos sumó un nuevo capítulo político con impacto institucional. Diputados del peronismo presentaron un pedido formal de interpelación para que el ministro de Economía, Luis Caputo, comparezca ante el Congreso y dé explicaciones sobre el funcionamiento del organismo, la medición de la inflación y las razones que derivaron en la salida del ex titular del ente estadístico.

La iniciativa se inscribe en un clima de cuestionamientos crecientes hacia la metodología utilizada para calcular el Índice de Precios al Consumidor. Según sostienen los legisladores, el INDEC continúa midiendo la inflación con una canasta de consumo desactualizada, basada en patrones que ya no reflejan el comportamiento real de los hogares argentinos. Esa situación, advierten, introduce dudas sobre la consistencia de los datos oficiales y tiene efectos directos sobre jubilaciones, salarios, paritarias y contratos indexados.

El pedido apunta a que Caputo aclare cuál fue el rol del Ministerio de Economía en las decisiones recientes del organismo y qué grado de injerencia tuvo en la postergación de la actualización metodológica del IPC. Para los firmantes, la decisión de no aplicar una nueva canasta no responde a criterios técnicos, sino a conveniencias políticas vinculadas al contexto económico y social, lo que pondría en riesgo la transparencia del sistema estadístico.

En el centro del planteo aparece la renuncia de Lavagna, interpretada por la oposición como una señal de debilitamiento de la autonomía del INDEC. Los diputados buscan que el ministro detalle los motivos concretos de la salida del funcionario y explique si existieron presiones o condicionamientos en la conducción del organismo. La preocupación no se limita a una cuestión personal, sino que se extiende a la institucionalidad de un ente clave para la credibilidad del Estado.

El documento de interpelación también solicita información sobre posibles irregularidades normativas y sobre el impacto real de la inflación acumulada desde fines de 2023, un período atravesado por fuertes ajustes económicos. En ese sentido, los legisladores plantean que una medición cuestionada de los precios puede distorsionar la evaluación de la política económica y afectar la toma de decisiones tanto del sector público como del privado.

La iniciativa fue difundida públicamente por la diputada nacional Julia Strada, quien remarcó la necesidad de que el Congreso vuelva a discutir el rol del INDEC y el alcance de su independencia técnica. Desde el bloque sostienen que las inconsistencias en los datos oficiales generan inseguridad jurídica y erosionan la confianza en las instituciones, un problema que la Argentina arrastra desde episodios pasados de manipulación estadística.

Más allá del pedido puntual, el debate remite a una discusión estructural sobre la relación entre política y estadísticas públicas. La inflación es una variable central para medir el desempeño económico, pero también para ordenar la vida cotidiana de millones de personas. Cualquier duda sobre su cálculo tiene efectos multiplicadores y reaviva fantasmas de intervenciones que dejaron huellas profundas en la credibilidad del sistema.

El oficialismo, por su parte, defiende la decisión de postergar cambios metodológicos hasta alcanzar un escenario de mayor estabilidad, con el argumento de evitar suspicacias. Sin embargo, la oposición considera que esa postura refuerza la percepción de discrecionalidad y posterga una actualización necesaria para reflejar la realidad del consumo.

Con el pedido de interpelación, el Congreso se prepara para reabrir un debate que excede la coyuntura. En juego está no solo la explicación de una renuncia, sino la confianza en los números que ordenan la economía y la capacidad del Estado para producir estadísticas creíbles, independientes y acordes a los tiempos que corren.