La ley de Glaciares vuelve al centro del debate y el Senado se prepara para una definición clave

• El Senado se prepara para tratar en febrero la adecuación de la ley de Glaciares.
• El oficialismo evalúa debatir el proyecto antes que la reforma laboral.
• El Gobierno sostiene que se trata de una corrección técnica y no de una flexibilización ambiental.
• Las provincias cordilleranas respaldan la iniciativa por su impacto en inversiones mineras.
• Organizaciones ambientalistas advierten sobre un retroceso en la protección del agua.
• La votación será clave para el futuro ambiental, productivo y federal del país.

El Congreso se encamina a reabrir uno de los debates más sensibles de la agenda ambiental y productiva de los últimos años. Tras obtener dictamen favorable en diciembre en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el proyecto que propone una adecuación a la ley de Glaciares quedó en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado durante el mes de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.

Luego de varias jornadas de exposiciones técnicas y políticas, el tratamiento había quedado en suspenso durante el receso de verano. Ahora, con el calendario legislativo en proceso de definición, el oficialismo evalúa iniciar la actividad parlamentaria del mes con esta iniciativa, incluso antes de la reforma laboral, cuyo avance aparece hoy más trabado en la Cámara alta. En ese contexto, el miércoles 11 de febrero surge como la fecha más probable para llevar el tema al recinto, aunque no se descartan ajustes de último momento.

La iniciativa reaviva una discusión que combina intereses ambientales, productivos y federales. El proyecto no plantea una derogación de la norma vigente ni una flexibilización explícita de las prohibiciones actuales, sino una adecuación técnica orientada a clarificar su alcance y su aplicación. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo central es reducir la incertidumbre jurídica que afecta a proyectos en marcha y a futuras inversiones, sin debilitar la protección de los glaciares ni del ambiente periglacial.

En el Gobierno remarcan que la ley actual genera interpretaciones dispares y conflictos de competencia que impactan directamente sobre el desarrollo minero. En ese sentido, la propuesta busca reforzar el rol de las provincias, propietarias de los recursos naturales según la Constitución, y otorgar mayor precisión normativa para delimitar qué áreas deben ser protegidas de manera estricta y cuáles pueden ser evaluadas bajo criterios técnicos y científicos. El respaldo político de los gobernadores de provincias cordilleranas, en especial de aquellas integradas a las mesas del Litio y del Cobre, aparece como uno de los pilares del proyecto.

El debate, sin embargo, promete ser intenso. Organizaciones ambientalistas advirtieron que cualquier modificación a la ley de Glaciares implica un retroceso en la protección de las principales reservas estratégicas de agua dulce del país. Señalan que la reforma se discute en un contexto de crisis climática e hídrica, con sequías recurrentes y retroceso acelerado de los hielos, y alertan sobre el impacto que podría tener en el abastecimiento de agua de millones de personas.

Desde ese sector, cuestionan además la constitucionalidad del proyecto y advierten que trasladar a las provincias la definición sobre qué glaciares y ambientes periglaciales deben preservarse podría fragmentar la protección de sistemas hídricos que no reconocen límites políticos. También sostienen que el ambiente periglacial no es un espacio vacío, sino un ecosistema complejo cuya degradación implica pérdidas irreversibles de agua almacenada.

Del lado de la industria minera, la postura es diferente. Las empresas sostienen que no buscan eliminar la ley ni habilitar actividades sobre glaciares, sino contar con reglas más claras que permitan planificar inversiones de largo plazo. Argumentan que la actividad ya está prohibida en glaciares y que todos los proyectos deben atravesar evaluaciones de impacto ambiental, con controles provinciales y auditorías periódicas. El foco del reclamo está puesto en la definición del ambiente periglacial y en la necesidad de actualizar criterios técnicos que, según el sector, hoy generan inseguridad jurídica.

Los proveedores mineros también respaldan la adecuación, con énfasis en la necesidad de combinar desarrollo productivo, tecnología y cuidado ambiental. Plantean que una regulación más precisa permitiría mejorar la protección efectiva de los glaciares, al tiempo que se promueve empleo, inversiones y desarrollo regional en un sector considerado estratégico para la economía.

Mientras el debate político y técnico se intensifica, el Senado avanza con la organización del cronograma. Si el proyecto llega al recinto, la discusión marcará un punto de inflexión en la relación entre política ambiental, federalismo y desarrollo productivo. El resultado de esa votación no solo definirá el futuro de la ley de Glaciares, sino también el clima de inversiones y el rumbo de una actividad que concentra expectativas económicas y fuertes resistencias sociales.