Cambios en la carrera militar: el Gobierno redefine el estatus de oficiales que asumen funciones en Defensa

• El Gobierno modificó la Ley de Personal Militar mediante el DNU 34/2026
• El cambio permite computar como servicio efectivo los cargos en el Ministerio de Defensa
• Se busca evitar perjuicios en ascensos y retiro de oficiales designados
• La excepción rige solo para quienes ya alcanzaron el grado máximo
• El Ejecutivo justificó la urgencia por razones de gestión y continuidad
• Desde el peronismo cuestionaron el impacto sobre la neutralidad política de las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional avanzó con una modificación relevante en el régimen que regula la carrera del personal militar al oficializar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 34/2026. La norma introduce cambios en la Ley para el Personal Militar N.º 19.101 y apunta a resolver una situación administrativa que, según el Ejecutivo, generaba perjuicios concretos para oficiales de las Fuerzas Armadas convocados a desempeñar funciones dentro del Ministerio de Defensa.

Hasta la entrada en vigencia del decreto, los oficiales designados por el Poder Ejecutivo para ocupar cargos en la estructura política del área debían pasar automáticamente a situación de disponibilidad o pasiva. Ese encuadre, de carácter formal, tenía consecuencias directas sobre el desarrollo profesional: interrumpía el cómputo del tiempo de servicio, podía afectar las posibilidades de ascenso y modificaba las condiciones futuras de retiro. La nueva disposición busca revertir ese impacto y evitar que la aceptación de un cargo estratégico implique una penalización dentro de la carrera militar.

El DNU incorpora un nuevo inciso al artículo 38 de la ley vigente, estableciendo que el período durante el cual el personal militar ejerza funciones o cargos en el Ministerio de Defensa será considerado “servicio efectivo”. De este modo, ese tiempo computará a todos los efectos de la carrera, como si el oficial continuara desempeñándose en funciones estrictamente castrenses. La única excepción prevista alcanza a quienes ya hayan llegado al grado máximo dentro de cada fuerza, casos en los cuales se mantiene el régimen anterior.

Desde el Ejecutivo argumentan que, una vez alcanzado el máximo escalafón, la carrera militar se encuentra concluida, por lo que el cómputo adicional de tiempo no tiene incidencia real ni en los ascensos ni en el régimen de retiro. En cambio, para el resto de los oficiales, el nuevo criterio busca garantizar continuidad profesional y evitar distorsiones administrativas derivadas de decisiones políticas.

En los considerandos del decreto, el Gobierno fundamenta la utilización de un DNU en la necesidad de cubrir de manera inmediata cargos clave dentro del Ministerio de Defensa. Sostiene que la demora propia del trámite legislativo ordinario podría afectar el normal funcionamiento del área y generar consecuencias negativas tanto para la gestión como para los oficiales designados. En ese marco, advierte sobre la posibilidad de un “perjuicio irreparable” en la trayectoria profesional del personal militar involucrado.

Sobre esa base, el Ejecutivo afirma que se configuran las “circunstancias excepcionales” contempladas en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, que habilitan el dictado de decretos de necesidad y urgencia. Asimismo, remarca que la medida no altera el esquema jerárquico de las Fuerzas Armadas ni introduce beneficios extraordinarios, sino que corrige una situación administrativa que desalentaba la participación de oficiales en funciones estratégicas dentro del Ministerio.

La decisión, sin embargo, no pasó inadvertida en el plano político. Desde sectores del peronismo surgieron críticas que apuntan a las implicancias institucionales del nuevo régimen. El exministro de Defensa Agustín Rossi cuestionó con dureza la norma y advirtió que el decreto habilita un esquema en el cual personal militar puede desempeñarse como funcionario político y luego regresar a funciones operativas dentro de las Fuerzas Armadas.

Según el ex funcionario, ese mecanismo pone en tensión el principio de neutralidad política que debe regir para las Fuerzas Armadas. En su análisis, la modificación normativa forma parte de un proceso más amplio que combina, por un lado, una creciente presencia de cuadros militares en la conducción del Ministerio de Defensa y, por otro, una mayor exposición de las Fuerzas Armadas a la lógica política partidaria.

El debate abre así una discusión de fondo sobre el equilibrio entre la conducción civil de la defensa, la carrera profesional de los militares y los límites entre función técnica y rol político. Mientras el Gobierno defiende la medida como una corrección administrativa necesaria para garantizar eficacia en la gestión, la oposición advierte sobre posibles efectos institucionales a mediano y largo plazo. El DNU, en ese sentido, no solo redefine aspectos de la carrera militar, sino que también reaviva una discusión sensible sobre el vínculo entre política y Fuerzas Armadas en la Argentina contemporánea.