Llaryora cuestionó a los “libertarios de Córdoba” por el freno a la compra de drones

El Gobernador criticó la decisión del Tribunal de Cuentas de la Provincia, denominado por el juecismo, de rechazar la licitación para sumar ese equipamiento para la Policía. Réplica de Luis Juez

El gobernador Martín Llaryora salió este domingo a criticar a los “libertarios de Córdoba” luego de que el Tribunal de Cuentas, con mayoría juecista, rechazara la licitación para la incorporación de un sistema integral de drones de patrullaje para la Policía provincial.

Minutos después, Luis Juez salió al cruce de Llaryora y le pidió “que no se equivoque”.

La decisión mantiene paralizado desde septiembre un proyecto valuado en casi US$7 millones y fue presentada por el oficialismo como un caso de obstrucción política bajo la apariencia de control administrativo.

La iniciativa preveía la creación de la División Svant, con 15 drones de alta complejidad tecnológica, software con IA, reconocimiento facial, capacitación de 40 agentes y vehículos móviles de control.

El expediente atravesó más de 70 instancias administrativas y contaba con aval técnico y legal antes de ingresar al Tribunal de Cuentas, donde fue finalmente observado por los vocales Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva, ambos del juecismo.

El eje del rechazo fue la modalidad de licitación por renglón único, que integraba en un solo contrato la provisión de equipos, software, capacitación y asistencia técnica. Desde el Tribunal se sostuvo que ese esquema limitó la concurrencia de oferentes y configuró una compra sobredimensionada.

El Ejecutivo provincial respondió que la integración era necesaria para evitar incompatibilidades técnicas, dada la inexperiencia local en sistemas Svant de esa escala.

El conflicto escaló al plano político con declaraciones públicas de Llaryora difundidas el domingo por la tarde.

“Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”, afirmó el gobernador, al repostear en X un mensaje de su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, con duras críticas al accionar del Tribunal.

En ese marco, Llaryora marcó una diferencia explícita entre el Gobierno nacional y los libertarios cordobeses.

“Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad”, señaló, en una alusión directa al juecismo y a su rol dentro del organismo de control.

Para el oficialismo provincial, la observación del Tribunal excede el control de legalidad y se interna en juicios sobre mérito, oportunidad y conveniencia, facultades que considera ajenas a ese órgano.

Esa lectura también fue sostenida por la vocal oficialista Silvina Rivero, quien advirtió sobre un posible conflicto de poderes y cuestionó que se intente sustituir el criterio técnico del Ejecutivo en materia de seguridad pública.

En la misma línea se expresó Quinteros, quien acusó a los vocales juecistas de ejercer “militancia disfrazada de dictamen jurídico” y de utilizar el control institucional como herramienta de confrontación.

En un extenso posteo, sostuvo que no se objetó ni el precio, ni el procedimiento, ni la legalidad, sino la decisión política de equipar a la Policía con tecnología de última generación.

Mientras tanto, en el Centro Cívico se analizan distintas alternativas, desde avanzar con un acuerdo de ministros para continuar la contratación, hasta recurrir a la vía judicial o reenviar la licitación bajo nuevas condiciones, lo que implicaría una demora de al menos un año.

Juez

“No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida”, le dijo Juez a Llaryora.

Y agregó: “Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de CORRUPCIÓN a los que su administración nos tiene acostumbrados”.

“Si tuviéramos una justicia independiente, usted y su ministro tendrían que estar dando explicaciones”, cerró el senador.

A Juez se sumó el propio Corvalán, quien apuntó contra Llaryora.

CON INFORMACION DE COMERCIOYJUSTICIA.COM