La AGN en la mira: negociaciones cruzadas y una definición clave para el control del Estado

• La integración completa de la AGN volvió al centro de la agenda legislativa para febrero.
• El oficialismo y la oposición evalúan un esquema de reparto tripartito en el Senado.
• La presidencia del organismo seguiría en manos del principal bloque opositor.
• Radicalismo, peronismo y libertarios discuten nombres con mandato de ocho años.
• La bicameral de control reactivó expedientes atrasados de gestiones anteriores.
• La definición dependerá del clima político de las sesiones extraordinarias y de la agenda oficial.

Con el Congreso todavía atravesado por el receso legislativo, en los despachos oficiales ya comenzó a tomar forma una de las discusiones institucionales más sensibles de los próximos meses: la conformación definitiva de la Auditoría General de la Nación (AGN). De cara a un eventual período de sesiones extraordinarias en febrero, el oficialismo libertario y sectores del Senado evalúan avanzar con la integración completa del organismo encargado de auditar, de manera posterior, el uso de los recursos públicos.

La AGN no es un espacio menor en el esquema republicano. Su presidencia, por tradición parlamentaria, queda en manos del principal bloque opositor, mientras que sus integrantes se reparten entre las distintas fuerzas con representación legislativa. En los últimos años, sin embargo, la falta de acuerdos políticos prolongó una situación de parálisis que permitió a un solo sector concentrar un poder inusual dentro del ente de control.

Durante ese período, el peronismo logró sostener la conducción del organismo sin contrapesos efectivos, beneficiado por la incapacidad del oficialismo de turno y de la oposición dialoguista para cerrar un entendimiento. El escenario electoral de 2025 alteró ese equilibrio y obligó a reabrir una negociación que parecía congelada. El resultado comenzó a verse en diciembre pasado, cuando un acuerdo gestado en la Cámara de Diputados habilitó nuevas designaciones que modificaron el tablero interno de la AGN.

Ese entendimiento, que incluyó al oficialismo y a sectores provinciales aliados, permitió cubrir vacantes largamente pendientes y anticipó un esquema que ahora podría replicarse en el Senado. En los pasillos de la Cámara alta se habla de una lógica de reparto que dejaría atrás el viejo bipartidismo y abriría paso a una distribución tripartita de los cargos: una silla para el peronismo, otra para La Libertad Avanza y una tercera para la Unión Cívica Radical. A ese esquema se sumaría la continuidad de la presidencia en manos del principal espacio opositor, completando así los siete miembros del organismo.

Dentro del radicalismo, el nombre que asoma con mayor fuerza es el de Luis Naidenoff, aunque las disputas internas siguen latentes. El cargo, con mandato de ocho años, despierta un interés que va más allá de lo simbólico: se trata de un puesto con alto poder de influencia y una estructura administrativa robusta, lo que explica las tensiones dentro de un partido atravesado por debates sobre su identidad y su futuro político.

En el peronismo, en tanto, aseguran que la definición está prácticamente cerrada y cuenta con el aval de la mayoría de los gobernadores justicialistas. Del lado libertario, tras las designaciones ya concretadas en Diputados, el nombre que circula con mayor insistencia es el del apoderado partidario Santiago Viola, un dirigente de extrema confianza del entorno presidencial. No obstante, en la Casa Rosada evitan confirmar cualquier candidatura y mantienen abiertas otras opciones, conscientes de que una jugada prematura puede alterar equilibrios frágiles.

El vínculo institucional entre el Congreso y la AGN se canaliza a través de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, un ámbito históricamente relegado que recuperó protagonismo en el último año. Bajo la conducción del diputado Miguel Pichetto, la comisión aceleró el tratamiento de expedientes acumulados y avanzó en dictámenes clave, incluyendo las Cuentas de Inversión correspondientes a distintos gobiernos nacionales. El dato no pasa inadvertido: recién en 2026 se están cerrando revisiones de ejercicios que datan de casi una década atrás.

La posibilidad de destrabar definitivamente la integración de la AGN dependerá, en buena medida, del clima político que rodee a las sesiones extraordinarias previstas para febrero. En ese marco, el oficialismo pone el foco en una agenda legislativa ambiciosa, con la reforma laboral como eje central, y observa con atención la actitud de los bloques dialoguistas. La resolución del esquema de control externo del Estado aparece así atada a un delicado juego de alianzas y concesiones cruzadas.

Mientras tanto, el deterioro institucional de la AGN, que comenzó a evidenciarse con mayor crudeza en 2024, sigue siendo una deuda pendiente. La expectativa ahora está puesta en si el sistema político logrará, finalmente, cerrar una etapa de parálisis y devolverle al organismo el rol que le asigna la Constitución.