El Gobierno reabre el debate penal juvenil y anticipa cambios de fondo en el Código Penal

• El Gobierno confirmó que impulsará la baja de la edad de imputabilidad
• La iniciativa se incluirá dentro de una reforma integral del Código Penal
• El oficialismo sostiene que responde a una demanda social expresada en las urnas
• Martín Menem anticipó un debate intenso y sin posiciones intermedias
• La reforma se enmarca en la política de endurecimiento contra el delito
• El tema promete convertirse en uno de los principales ejes del año legislativo

El oficialismo volvió a poner en el centro de la escena uno de los debates más sensibles de la agenda pública: la responsabilidad penal juvenil. Con la confirmación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el Gobierno de Javier Milei dejó en claro que avanzará este año con una reforma del Código Penal que incluirá la baja de la edad de imputabilidad, una iniciativa que promete tensar el clima político y social en el Congreso.

La definición llega en un contexto de fuerte énfasis gubernamental en materia de seguridad, uno de los ejes discursivos y programáticos de La Libertad Avanza desde la campaña electoral. Según explicó Menem, la decisión responde a una demanda que el oficialismo considera explícita por parte del electorado y se inscribe dentro de una estrategia más amplia de endurecimiento del sistema penal.

Desde la conducción de la Cámara baja remarcan que la reforma busca actualizar una legislación que, a juicio del Gobierno, quedó desfasada frente a las nuevas dinámicas del delito. En esa línea, el oficialismo sostiene que el régimen actual no ofrece respuestas adecuadas ante hechos delictivos protagonizados por menores y que ello genera una sensación de impunidad que impacta de manera directa en la percepción de inseguridad.

El anuncio no fue casual. A través de sus redes sociales, Menem reforzó el mensaje político al apelar a una consigna que se volvió recurrente en el relato libertario: la necesidad de que exista una consecuencia clara para quien comete un delito, sin excepciones ni ambigüedades. Para el oficialismo, ese principio debe ser el ordenador del sistema penal y alcanzar también al universo juvenil.

La iniciativa, sin embargo, no se presentará de manera aislada. Según adelantaron desde el entorno legislativo del Gobierno, la baja de la edad de imputabilidad formará parte de un proyecto integral de reforma del Código Penal, que incluirá cambios más amplios en materia de tipificación de delitos, escalas de penas y funcionamiento del sistema judicial. La intención es evitar un debate fragmentado y discutir el esquema penal como un todo.

En términos políticos, el anuncio también cumple una función estratégica. El Ejecutivo busca consolidar su identidad frente a un electorado que reclama respuestas contundentes en materia de seguridad y, al mismo tiempo, marcar diferencias con la oposición, que históricamente mostró posturas más cautelosas o divergentes sobre este tema. En ese marco, el oficialismo no descarta que el debate se convierta en uno de los principales campos de disputa parlamentaria del año.

Puertas adentro del Congreso, ya se anticipan posiciones encontradas. Mientras sectores alineados con el Gobierno consideran que la reforma es impostergable, otros espacios advierten sobre el riesgo de abordar la problemática juvenil exclusivamente desde una lógica punitiva. Aun así, desde la conducción de Diputados aseguran que el debate se dará “sin eufemismos” y que el oficialismo defenderá su postura con firmeza.

El propio Menem dejó en claro que no habrá margen para soluciones intermedias. En su visión, la reforma debe ser coherente con el mandato político que interpreta de las urnas y con la promesa de campaña de avanzar hacia un Estado más estricto frente al delito. Esa definición anticipa un tratamiento intenso, con audiencias, exposiciones técnicas y una fuerte disputa discursiva.

Más allá del resultado legislativo, la decisión del Gobierno vuelve a colocar en primer plano una discusión de fondo: cómo equilibrar las políticas de seguridad, la protección de derechos y la respuesta del sistema penal frente a un fenómeno complejo. Con el envío del proyecto, el Ejecutivo apuesta a que el Congreso sea el escenario donde se dirima una de las reformas más controvertidas de su agenda.