Reforma del sistema de inteligencia: el Gobierno ampliará facultades de la SIDE y reordenará el esquema de espionaje

• El DNU amplía las facultades de la SIDE y la consolida como organismo rector del sistema de inteligencia
• Se redefine la estructura interna con nuevas agencias y mayor énfasis en la contrainteligencia y el ámbito digital
• La inteligencia pasa a tener autoridad para requerir información a todo el Estado y coordinar con provincias
• Se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete
• Se habilita la provisión de seguridad propia y la aprehensión en casos de flagrancia
• El Gobierno sostiene que la reforma busca modernizar el sistema y fortalecer los controles institucionales

El Gobierno nacional publicará en los próximos días un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce cambios de fondo en la ley de inteligencia y redefine el funcionamiento del sistema de espionaje argentino. La norma, firmada el 31 de diciembre por el presidente Javier Milei y la totalidad del gabinete, amplía las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), reordena su estructura interna, crea nuevas agencias y disuelve otras, con el objetivo declarado de modernizar el sector y adaptarlo a las amenazas contemporáneas.

El DNU mantiene a la SIDE como organismo rector del Sistema de Inteligencia Nacional, pero le otorga mayores facultades operativas y de coordinación. Entre los cambios más relevantes, se habilita al organismo a requerir información a cualquier dependencia del Estado, coordinar acciones con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fortalecer su vínculo con agencias extranjeras. Además, se le reconoce la posibilidad de proveer su propia seguridad y de aprehender personas en casos de flagrancia, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales competentes.

Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la reforma “moderniza, ordena y legitima” el sistema, al integrarlo de manera más clara al Estado, separarlo de funciones policiales y someterlo a mayores controles. En ese marco, el decreto incorpora definiciones que no estaban explícitas en la legislación vigente, como la caracterización del trabajo de inteligencia como una actividad de naturaleza reservada. El nuevo artículo 2° bis establece que todas las acciones del sector revisten carácter encubierto, con el fin de minimizar el “Riesgo Estratégico Nacional”.

El texto también precisa el alcance de la contrainteligencia, que pasa a incluir de forma expresa la prevención de infiltraciones, fugas de información clasificada, espionaje, sabotajes, atentados contra el orden constitucional y cualquier tipo de injerencia externa que afecte el proceso decisorio de las autoridades democráticas o los intereses estratégicos del país.

En el plano organizativo, el decreto introduce un reordenamiento significativo. La Agencia de Seguridad Nacional pasa a denominarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con un perfil más específico; la Agencia Federal de Ciberseguridad es reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), enfocada en el ámbito digital; y la División de Asuntos Internos se transforma en la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que asume funciones de control interno.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la ampliación del rol de la SIDE en la planificación y conducción del esfuerzo estatal en materia de inteligencia estratégica. El organismo queda a cargo del análisis geoespacial, la gestión criptográfica del Estado y tareas vinculadas a la lucha contra el terrorismo, además de la coordinación general del sistema.

En paralelo, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Su misión será planificar, ejecutar y supervisar políticas de protección del ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información y los activos digitales estratégicos. Para su funcionamiento, se transfieren bienes, patrimonio y personal que hasta ahora cumplían funciones de ciberseguridad en estructuras previas.

El decreto establece, además, dos ámbitos de articulación interinstitucional. La Comunidad de Inteligencia Nacional reúne a los organismos de espionaje con áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, mientras que la Comunidad Informativa Nacional incorpora a ministerios y entes con capacidad de generar información relevante, como Migraciones, Aduanas y organismos del sector nuclear. En ambos casos, la SIDE fija los procedimientos mediante los cuales deberá suministrarse la información.

Otro punto sensible es el referido a la seguridad de instalaciones y personal. La norma autoriza a los organismos del sistema a contar con mecanismos propios de protección y a repeler agresiones. También habilita formalmente a solicitar apoyo técnico o logístico de fuerzas militares y de seguridad, sin superposición de funciones, y regula la posibilidad de aprehensión en casos de delitos flagrantes durante actividades de inteligencia.

Desde el Gobierno aseguran que la reforma apunta a eliminar superposiciones, mejorar la integración con los subsistemas criminal, militar y financiero, y reforzar la confianza ciudadana mediante controles legales, presupuestarios y técnicos. Insisten, además, en que la inteligencia no asume tareas policiales ni judiciales, sino que se limita a producir información estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.