Presupuesto 2026: déficit cero sin veto y un ajuste que dependerá más de la gestión que de la ley

• El Gobierno no vetará el presupuesto si es aprobado, pero ajustará partidas para garantizar el déficit cero.
• La derogación de leyes sobre universidades y discapacidad no prosperó y elevó el costo fiscal estimado.
• El proyecto prevé un superávit primario del 1,5% del PIB, por debajo de la meta acordada con el FMI.
• Economistas advierten que el gasto previsional está subestimado y limita el margen de ajuste.
• Los principales recortes posibles recaerían sobre gasto primario flexible, especialmente salarios y subsidios.
• El Ejecutivo apunta a la gestión y a la revisión de gastos tributarios como fuentes clave de ahorro.

Luego de semanas de especulaciones y tensiones políticas, el presidente Javier Milei despejó uno de los principales interrogantes que rodeaban al Presupuesto 2026: si el Congreso aprueba la ley, el Gobierno no la vetará. Sin embargo, el compromiso viene acompañado de una advertencia clara. El equilibrio fiscal seguirá siendo la prioridad y, para alcanzarlo, el Ejecutivo ajustará las partidas que considere necesarias. El mensaje buscó transmitir previsibilidad a los mercados, pero abrió un nuevo debate entre economistas y actores políticos sobre cuán viable es recortar gastos en una estructura presupuestaria cada vez más rígida.

La definición presidencial llegó tras una maniobra fallida del oficialismo en la Cámara de Diputados, que intentó incluir en el capítulo 11 del proyecto la derogación de la ley de financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad. Esa estrategia no prosperó y complicó el escenario fiscal, ya que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que esas normas implican un costo de entre 0,23% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 y entre 0,22% y 0,42% del PIB para 2026. En paralelo, dentro de la Casa Rosada llegó a evaluarse la posibilidad extrema de vetar el propio presupuesto, una opción que finalmente fue descartada.

El giro respondió a dos necesidades centrales. Por un lado, enviar una señal política al mercado y a los organismos internacionales de que el Gobierno es capaz de construir acuerdos legislativos. Por otro, preservar artículos considerados clave por el equipo económico, en especial aquellos que habilitan canjes de deuda por fuera de los lineamientos de la Ley de Administración Financiera. La definición pública de Milei terminó de cerrar el debate: habrá presupuesto y habrá déficit cero, aun si eso implica reordenar partidas durante la ejecución.

El proyecto oficial prevé para 2026 un superávit primario de 1,5% del PIB, una meta inferior al 2,2% comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Milei insistió en que el objetivo se alcanzará sin suba de impuestos, aunque reconoció que no es un camino sencillo y aludió a “límites morales” al momento de ajustar. Esa afirmación encendió las alarmas entre especialistas, que advierten sobre el escaso margen real para reducir el gasto.

Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), señaló que el resultado financiero del Presupuesto 2026 es prácticamente equilibrado, pero alertó sobre partidas subestimadas, en especial las previsionales. Según explicó, cerca de la mitad del gasto público está asociada a jubilaciones y pensiones, un rubro con actualización automática por inflación que vuelve muy rígida la estructura del gasto. Aun con proyecciones optimistas de inflación, el gasto previsional ya estaría por encima de lo previsto en el proyecto.

En ese contexto, los subsidios económicos y las transferencias a provincias aparecen con poco margen adicional de ajuste, luego de fuertes recortes en años anteriores. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) analizó un escenario sin derogación de las leyes cuestionadas y concluyó que el gasto primario flexible debería reducirse del 5% al 4,5% del PIB. En ese esquema, la mayor contribución vendría de la masa salarial, seguida por programas sociales, subsidios energéticos y gastos en bienes y servicios.

Otros economistas sostienen que el margen de maniobra estará menos en la letra de la ley y más en la gestión. Desde la depuración de padrones en pensiones por discapacidad hasta la revisión de transferencias discrecionales, el Ejecutivo confía en obtener ahorros administrativos. A eso se suma un frente cada vez más mencionado: los gastos tributarios, es decir, los recursos que el Estado deja de recaudar por beneficios impositivos. Para 2025, el Ministerio de Economía los estimó en 3,54% del PIB. El Gobierno anticipó que la futura reforma tributaria pondrá el foco en revisar esos regímenes, bajo el argumento de que deben responder a políticas públicas claras y evaluables.

Así, el Presupuesto 2026 se encamina a convertirse en una prueba clave para el modelo económico de Milei: sin veto, sin suba de impuestos y con un ajuste que, más que normativo, dependerá de la capacidad de gestión del Estado para sostener el déficit cero.