Avanza la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados en medio de tensiones por minería y ambiente

• El oficialismo avanzó en comisión con la reforma de la Ley de Glaciares
• El proyecto busca habilitar la minería en zonas periglaciares bajo criterios técnicos
• La iniciativa redefine áreas protegidas y otorga mayor poder a las provincias
• La oposición advierte sobre riesgos ambientales y posibles conflictos de intereses
• El debate estuvo marcado por fuertes cruces entre legisladores y funcionarios
• Se prevé una votación ajustada pero favorable en el recinto de Diputados

En un clima de fuertes cruces políticos y cuestionamientos cruzados, el oficialismo logró avanzar en la Cámara de Diputados con el dictamen de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que busca habilitar la actividad minera en zonas periglaciares bajo determinados criterios técnicos. El paso dado en comisión allana el camino para su tratamiento en el recinto, donde el bloque gobernante confía en reunir los apoyos necesarios para su aprobación.

La discusión se desarrolló en una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde participaron funcionarios nacionales y representantes de provincias con fuerte presencia minera. Allí, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió el proyecto ante legisladores que plantearon objeciones sobre el impacto ambiental y posibles conflictos de intereses vinculados a su trayectoria profesional previa en el sector privado.

Durante su exposición, Lucero rechazó las críticas y reivindicó su experiencia en la industria como un valor para la gestión pública. Sus declaraciones no lograron desactivar las tensiones, especialmente desde bloques opositores que cuestionaron la presencia de funcionarios con antecedentes en empresas mineras en el diseño de políticas regulatorias.

El proyecto propone modificar el alcance de la Ley 26.639, vigente desde 2010, para redefinir qué áreas deben considerarse protegidas. En concreto, introduce la posibilidad de desarrollar actividades económicas en zonas periglaciares que no cumplan una función hídrica comprobable, manteniendo la protección estricta sobre glaciares y reservas de agua estratégicas. Esta redefinición es uno de los puntos más controvertidos del debate.

Desde el oficialismo sostienen que la iniciativa busca dotar de mayor precisión técnica a la normativa vigente y generar condiciones de previsibilidad para la inversión minera, especialmente en regiones cordilleranas donde esta actividad representa una fuente clave de ingresos y empleo. En ese sentido, también se propone otorgar a las provincias un rol más determinante en la delimitación de áreas protegidas, reduciendo la intervención del Estado nacional.

Sin embargo, la oposición y diversas organizaciones ambientalistas advierten que la reforma podría debilitar los mecanismos de protección de recursos hídricos esenciales. Argumentan que la apertura a la explotación en zonas periglaciares implica riesgos para el abastecimiento de agua dulce y para el equilibrio ambiental en territorios sensibles.

El debate en comisión estuvo atravesado por acusaciones sobre eventuales conflictos de intereses de legisladores que representan a provincias con proyectos mineros en curso o en evaluación. Referentes de distintos bloques, como Maximiliano Ferraro, Romina Del Plá y Germán Martínez, protagonizaron algunos de los intercambios más intensos, reflejando la polarización en torno al tema.

Otro de los puntos cuestionados fue la modalidad de participación en el proceso legislativo. La audiencia pública convocada para discutir la reforma tuvo una concurrencia limitada, lo que obligó a numerosos interesados a canalizar sus opiniones mediante presentaciones escritas o en formato digital. Esta restricción fue señalada como una limitación al debate democrático por sectores críticos del proyecto.

En paralelo, funcionarios provinciales de distritos con tradición minera respaldaron la iniciativa, destacando la necesidad de compatibilizar el desarrollo económico con la preservación ambiental. En sus intervenciones, remarcaron el impacto positivo de la minería en la generación de empleo y en las economías regionales, en contraste con lo que consideran una regulación excesivamente restrictiva.

De cara a la sesión prevista, el oficialismo confía en reunir una mayoría amplia, estimada en torno a los 140 votos, con el respaldo de aliados y sectores dialoguistas de la oposición. Este escenario anticipa un debate intenso en el recinto, donde se pondrán en juego no solo definiciones técnicas, sino también visiones contrapuestas sobre el modelo de desarrollo y el uso de los recursos naturales.