Oro en disputa: la AGN avanza hacia la Justicia y el Banco Central niega contratos por los envíos al exterior

• La AGN evalúa iniciar una demanda judicial contra el BCRA por entorpecer la auditoría del oro enviado al exterior.
• La Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó al Central entregar la información pública requerida.
• El BCRA afirmó que no existen contratos que documenten los envíos de lingotes al exterior.
• La falta de contratos impide auditar activos valuados en casi USD 5.000 millones.
• La AGN cuestionó los argumentos de confidencialidad y las restricciones de acceso a la información.
• Con nuevos auditores en funciones, el caso entra en una etapa decisiva con impacto institucional.

El conflicto entre la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por el envío de lingotes de oro al exterior sumó en las últimas semanas nuevos capítulos que profundizan la controversia institucional. Lo que comenzó como un reclamo técnico por falta de acceso a la información derivó ahora en un escenario de posible judicialización, atravesado por una revelación clave: según informó el propio Central, no existirían contratos que documenten las operaciones de traslado del oro realizadas durante 2024.

La situación se conoció luego de que la AGN, tras una serie de intimaciones iniciadas en septiembre, sugiriera al Congreso avanzar con una demanda judicial por entorpecimiento de las tareas de auditoría. Ese camino, que había quedado en suspenso por dilaciones políticas en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, recibió un fuerte respaldo institucional con la reciente decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que revocó un fallo de primera instancia y ordenó al BCRA entregar la información pública vinculada al envío de los lingotes.

Desde el punto de vista formal, la AGN se encuentra habilitada para promover una acción judicial en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. El sustento normativo se apoya en el artículo 119, inciso b, de la Ley 24.156 de Administración Financiera y en el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, ambos respaldados por cláusulas constitucionales. El único requisito pendiente era la conformación plena del cuerpo de auditores, un obstáculo que quedó subsanado con la reciente jura de Mónica Almada, Pamela Calletti y Juan Ignacio Forlón.

Sin embargo, el caso adquirió una dimensión aún más compleja a partir de la respuesta oficial del Banco Central. Según confirmaron fuentes calificadas, la entidad que conduce Santiago Bausili aseguró que no existen contratos vinculados a la colocación o custodia de los lingotes de oro en el exterior. La afirmación fue contundente: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen a la fecha ni los había al 31 de diciembre de 2024”.

La postura oficial va incluso un paso más allá. De acuerdo con la información comunicada a la AGN, el Central sostuvo que no se elaboraron informes del servicio jurídico porque, precisamente, no hubo contratos que analizar. Esta explicación encendió las alarmas dentro del organismo de control, donde los equipos técnicos advierten que, sin documentación respaldatoria, resulta materialmente imposible auditar el destino y la situación de activos valuados en unos USD 4.981 millones.

En ese contexto, comenzaron a circular especulaciones internas sobre el verdadero destino del oro enviado al exterior. Entre las hipótesis que manejan los auditores figura la posibilidad de que los lingotes hayan sido convertidos en liquidez, una alternativa que, por el nivel de opacidad denunciado, no puede ser confirmada ni descartada. La falta de evidencia documental es, justamente, el núcleo del conflicto.

El derrotero del caso tiene antecedentes claros. En septiembre, ante la Comisión Mixta del Congreso, el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, advirtió que el intercambio de notas con el BCRA estaba agotado. “No podemos saber dónde está específicamente el oro”, afirmó entonces, al dar cuenta de la negativa del Central a brindar la información necesaria para completar la auditoría.

Desde la AGN sostienen que el Banco Central se amparó en argumentos de confidencialidad que no resultan compatibles con la práctica habitual del organismo de control. Recuerdan, en ese sentido, que la Auditoría trabaja de manera regular con documentación sensible, como ocurrió durante la revisión de los contratos vinculados a la compra de vacunas contra el Covid-19.

Otro punto de fricción fue la modalidad de acceso propuesta por el BCRA. Según denunciaron desde la AGN, la única alternativa ofrecida consistía en consultar la información desde computadoras del propio Central, sin posibilidad de fotografiar, copiar ni tomar notas. Para los auditores, ese esquema torna “técnicamente imposible” la realización de un informe que pueda respaldarse con evidencia verificable.

Desde el Banco Central replicaron que en auditorías anteriores la AGN aceptó verificaciones in situ. Esa afirmación fue relativizada por auditores, quienes aclararon que ese procedimiento se aplicó en auditorías financieras, pero no en auditorías de gestión como la actual. Incluso citaron antecedentes recientes en los que el BCRA entregó toda la información requerida, como el informe aprobado en 2024 sobre los procedimientos de administración de las reservas internacionales.

Con el cuerpo de auditores ya completo y una orden judicial que obliga a entregar información, el caso ingresa ahora en una etapa decisiva. La eventual confirmación judicial de que no existen contratos por el envío de oro abriría interrogantes de alto impacto político e institucional sobre la gestión de uno de los activos más sensibles del Estado.