Reasignaciones por decreto y pulseada política: el Gobierno apuesta al Senado para blindar el déficit cero

• El Gobierno evalúa reasignar partidas por decreto para sostener leyes sensibles sin romper el déficit cero.
• La herramienta legal sería el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera.
• El Ejecutivo confía en aprobar el Presupuesto 2026 sin cambios en el Senado.
• El radicalismo expresó reparos, pero el oficialismo descuenta su acompañamiento.
• La estrategia apunta a evitar que el proyecto vuelva a Diputados.
• Los gobernadores aliados aparecen como un respaldo clave para la votación final.

Superado el clima de tensión que rodeó la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo concentra ahora sus expectativas en el Senado, donde confía en lograr la aprobación definitiva del proyecto antes de fin de año. En paralelo, en la Casa Rosada se analiza una alternativa clave para sostener el objetivo de déficit cero: la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias por decreto para atender las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, sin alterar el equilibrio fiscal.

La opción fue anticipada por el propio presidente Javier Milei y reconocida en las últimas horas por un funcionario de primera línea, que admitió que se trata de un “caso en estudio”. El eje de la discusión pasa por cómo absorber el impacto fiscal de esas iniciativas sin comprometer la meta central del Gobierno. “El equilibrio fiscal no se negocia”, repiten en el oficialismo, donde evalúan incluso una revisión mensual de las partidas para ajustar desvíos.

La herramienta legal que habilita esta maniobra es el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, que faculta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a realizar reestructuraciones presupuestarias mediante decisiones administrativas. Se trata de un mecanismo conocido, utilizado por distintas gestiones, pero que vuelve al centro del debate en un contexto de fuerte ajuste y con un Congreso particularmente fragmentado.

En Balcarce 50 aseguran que cualquier modificación se hará sin afectar las transferencias a las provincias, una promesa clave para sostener el respaldo de los gobernadores aliados. Con el polémico capítulo XI finalmente excluido del proyecto, los estrategas libertarios consideran que el camino hacia la sanción definitiva quedó despejado y minimizan los cuestionamientos de la Unión Cívica Radical, que en las últimas horas expresó reparos sobre el artículo 30 del texto.

Ese artículo contempla la derogación de ítems vinculados al financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa. La bancada radical se resistió a ese punto, aunque en el oficialismo ponen en duda la solidez de esas objeciones. “Firmaron el dictamen. O no lo leyeron o están haciendo ruido”, deslizan cerca de las negociaciones parlamentarias, donde interpretan las críticas como un gesto político previo a la votación.

Desde el Gobierno sostienen que los pisos mínimos de inversión educativa que hoy se defienden nunca se cumplieron de manera efectiva y que el radicalismo busca marcar diferencias sin romper el acuerdo de fondo. Por eso, descuentan que el bloque que conduce Alejandro Vischi terminará acompañando el proyecto cuando llegue al recinto, más allá de los cruces discursivos de las últimas horas.

Tras varias reuniones de mesa chica, el Ejecutivo resolvió no introducir cambios al texto aprobado en Diputados para evitar que el proyecto deba regresar a la Cámara Baja. Esa decisión, que semanas atrás parecía difícil, volvió a alinear a gobernadores y legisladores aliados y reforzó la expectativa de sanción hacia finales de diciembre. En la cúpula libertaria aseguran que cualquier modificación abriría un escenario incierto y dilataría los tiempos en un año que el Gobierno quiere cerrar con el Presupuesto aprobado.

En el entorno presidencial incluso se animan a poner números sobre la mesa. “Va a salir con 41 votos”, prometen voces con acceso directo al despacho de Milei, mientras otros despachos de la Casa Rosada se muestran aún más optimistas. En ese clima, no faltan las críticas al radicalismo por el fallido intento de incorporar el capítulo XI y por las idas y vueltas previas al debate en el Senado.

En la pizarra oficialista dan por garantizado el respaldo de los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro. Más dudas genera la postura de Convicción Federal y del Frente Cívico de Gerardo Zamora, que anticiparon un apoyo en general, pero con votos en contra en la discusión artículo por artículo. Aun así, en el Gobierno creen que el número final alcanzará y que el Presupuesto 2026 se convertirá en la pieza central para consolidar el programa económico del próximo año.