Llaryora impulsa un cambio en la Justicia provincial con la postulación de Carlos Rubén Lezcano como nuevo fiscal general.

CÓRDOBAAgencia de Noticias del InteriorAgencia de Noticias del Interior
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Llaryora firmó un pliego que propone a Lezcano, actual juez de Control N° 5, para suceder a Juan Manuel Delgado, cuyo desempeño ha sido objeto de cuestionamientos. Este movimiento se produce en un contexto de creciente descontento en el Poder Ejecutivo hacia Delgado, quien finalizará su mandato en marzo.

El Ministerio de Justicia de Córdoba anunció que el proceso de designación se inicia "con la debida anticipación para asegurar una transición ordenada". La propuesta se enmarca en la implementación del sistema acusatorio a nivel nacional, que otorga mayor poder a los fiscales en las investigaciones.

Carlos Lezcano cuenta con más de 20 años de experiencia en el fuero penal y fue magistrado desde 2003, tras ser designado por el entonces gobernador José Manuel de la Sota. Aunque en sus inicios tuvo una relación cercana con el senador Luis Juez, este vínculo se rompió durante la gestión de Juez en la Oficina Anticorrupción provincial.

El pliego de Lezcano podría ser tratado en la Legislatura este mes. Su designación dependerá del tiempo que permanezca Delgado en su cargo. Con este anuncio, Delgado enfrenta una situación crítica en la que su poder ha disminuido significativamente.

Lezcano ha llevado casos importantes a juicio, como el del asesinato de Blas Correas, que impactó al Gobierno de Juan Schiaretti. Además, recientemente, llevó ante la justicia al exconcejal Guillermo Kraisman por el robo de un producto en un supermercado.

Por su parte, Delgado ha enfrentado acusaciones de mal desempeño, violencia institucional y tráfico de influencias. El abogado Facundo Garade Panetta solicitó su juicio político, alegando que Delgado intentó beneficiar a una parte en una causa civil, perjudicando a la familia Garade Panetta. También se le acusa de usar su poder para intimidar a funcionarios judiciales y periodistas críticos.

El pliego de Lezcano ahora deberá pasar por el proceso legislativo. Si es aprobado, su objetivo será avanzar en el plan de territorialidad para combatir la inseguridad en la provincia.

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