PAMI bajo la lupa: auditorías revelan desvíos millonarios, fallas en salud mental y compras irregulares

• Auditoría crítica de SIGEN reveló graves irregularidades en el PAMI durante el último año del gobierno anterior: pagos sin respaldo, contratos irregulares y controles débiles.
• Perjuicio económico estimado: más de $16.000 millones.
• Se detectaron fallas graves en áreas sensibles, como salud mental y discapacidad, y un programa sin planificación ni control.
• El caso del Hospital Español implicó transferencias multimillonarias sin garantías ni cumplimiento judicial.
• La actual gestión de Javier Milei, con Esteban Leguizamón al frente del PAMI, inició reformas: receta electrónica con token, licitaciones centralizadas y nuevo sistema de provisión de pañales, con ahorro proyectado de $5.000 millones.
• El informe advierte que el sistema de control interno del PAMI sigue siendo débil y que los afiliados siguen padeciendo serios problemas en la atención.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la obra social más grande del país con más de cinco millones de afiliados y un presupuesto que supera los cinco billones de pesos, atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de transparencia y funcionamiento interno. Un informe reciente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó irregularidades graves en su gestión durante el último año del gobierno del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria.

Pagos sin respaldo, controles débiles, contratos irregulares, fallas en el sistema de compras y una atención deficiente en áreas sensibles como salud mental y discapacidad forman parte del extenso listado de observaciones que realizó el organismo de control que depende de Presidencia de la Nación. El perjuicio económico estimado por la SIGEN supera los $16.000 millones.

Según el documento, el PAMI efectuó pagos a prestadores sin contar con las facturas electrónicas exigidas por ley. En su lugar, se utilizaban “facturas únicas” internas que, según los auditores, no tienen validez contable. Además, los sistemas de control automático del sistema SAP fueron calificados como “insuficientes” y los pagos se autorizaban sin validaciones formales, generando un escenario de altísimo riesgo administrativo.

La auditoría también reveló que entre 2019 y 2022 el organismo apenas logró recuperar $779 millones por servicios mal prestados o no cumplidos, frente a un total de más de $2.400 millones que debían ser reintegrados. El control sobre los prestadores fue definido como “deficiente” y se verificaron médicos con cápitas excedidas, contratos sin definición clara de servicios y expedientes físicos que debían haberse digitalizado.

Uno de los casos más sensibles involucra a la Subgerencia de Salud Mental y Discapacidad. Allí, la SIGEN detectó que no existe un programa formalmente aprobado para regular las prestaciones, y denunció fallas edilicias, carencia de personal, historias clínicas deficientes y desvíos contractuales. El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, fue contundente: “La salud mental no tiene atención, pareciera que no existe. Hay demoras de hasta tres meses para un turno. Es una crisis humanitaria silenciada”.

El caso del Hospital Español también fue objeto de escrutinio. La SIGEN señaló que el PAMI transfirió $13.400 millones sin respaldo suficiente y ofertó US$ 22 millones para adquirir el inmueble, pero no cumplió con los requisitos judiciales, lo que llevó al juez interviniente a suspender la adjudicación.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, el organismo comenzó una reestructuración bajo la gestión del médico pediatra Esteban Leguizamón. Entre las medidas adoptadas, se destacan la reforma del sistema de recetas electrónicas —para evitar fraudes con medicamentos— y la centralización de las licitaciones para romper con lo que describieron como “kioscos” de corrupción en compras descentralizadas.

Una de las decisiones más resonantes fue la modificación total del sistema de provisión de pañales, históricamente cuestionado. “Se terminan los intermediarios, los carteles y la sobrefacturación. Por primera vez se hace una licitación abierta con control de calidad de productos y entrega directa al domicilio del afiliado”, aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni. Se estima un ahorro de $5.000 millones anuales con este nuevo esquema.

No obstante, las reformas en curso deberán enfrentar no solo la herencia administrativa, sino también una estructura anquilosada por años de descontrol, favoritismos y falta de supervisión efectiva. En palabras de la propia SIGEN, “el sistema de control interno del PAMI es débil y compromete la integridad de sus procesos clave”.

Mientras el Gobierno busca posicionarse como un depurador del aparato estatal, los jubilados —usuarios directos del servicio— continúan enfrentando dificultades para acceder a prestaciones básicas. En ese delicado equilibrio entre ajuste, eficiencia y derechos sociales, el PAMI se convierte en una prueba de fuego para el discurso libertario de “terminar con la casta” y administrar con transparencia.