Cristina, fuera del PJ: la inhabilitación la obliga a dejar la presidencia partidaria

• La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
• Por esa inhabilitación, no podrá seguir como presidenta del Partido Justicialista ni ser candidata a ningún cargo.
• La ley impide que personas excluidas del padrón electoral —como quienes tienen condenas firmes— ocupen cargos partidarios o se afilien a partidos.
• Cristina había asumido la presidencia del PJ nacional en diciembre y lanzado una candidatura legislativa días antes del fallo.
• El juez Jorge Gorini ordenó notificar a la Cámara Electoral para que excluya del padrón a todos los condenados en la causa.
• El fallo representa un golpe clave al futuro político de Cristina y obliga al PJ a redefinir su conducción.

La confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad sacude el escenario político argentino y tiene consecuencias inmediatas: la ex presidenta no podrá continuar al frente del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional. La sentencia firme no solo ratifica una pena de seis años de prisión, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que, por una serie de normas legales, también le impide ocupar cargos partidarios.

El fallo fue comunicado mientras Cristina Kirchner se encontraba en la histórica sede del PJ en la calle Matheu, donde mantuvo encuentros con dirigentes y militantes que aguardaban el desenlace judicial. Desde allí, brindó un encendido mensaje: “Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”, declaró ante una multitud que se congregó en su respaldo.

La condena, que incluye la inhabilitación absoluta, tiene consecuencias múltiples. Según el artículo 12 del Código Penal, toda pena de prisión mayor a tres años conlleva esta inhabilitación, que se traduce, según el artículo 19, en la pérdida del derecho a votar, la imposibilidad de ser electa y la exclusión del goce de beneficios jubilatorios. De hecho, el Gobierno nacional ya había suspendido sus haberes previsionales en 2024, una medida que fue judicializada por la ex mandataria.

El entramado normativo es claro: el Código Nacional Electoral excluye del padrón a quienes tengan condenas por delitos dolosos con penas privativas de libertad, lo que, a su vez, se traduce en una prohibición para afiliarse a partidos políticos. La ley orgánica de partidos es tajante: quien esté excluido del padrón no puede ser candidato ni ejercer cargos partidarios, tal como establece el artículo 33.

Cristina Kirchner había asumido la presidencia del PJ nacional el 11 de diciembre del año pasado y, apenas una semana atrás, había lanzado su candidatura como legisladora por la tercera sección electoral bonaerense. Con la sentencia firme, ese intento también queda anulado: sin padrón, no hay posibilidad de participar electoralmente.

El juez Jorge Gorini, del Tribunal Oral Federal 2, quien tiene a su cargo la ejecución de la sentencia, ordenó ayer notificar a la Cámara Nacional Electoral sobre la situación de todos los condenados en la causa. Además de Kirchner, la medida alcanza al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a otros funcionarios de Vialidad de Santa Cruz, todos inhabilitados para ejercer funciones públicas. La única excepción es el empresario Lázaro Báez, quien, aunque condenado, no era funcionario.

Ahora, la Cámara Electoral determinará la provincia de empadronamiento de cada condenado y remitirá la información a los jueces electorales correspondientes, quienes procederán a la exclusión del padrón.

El futuro político de Cristina Kirchner, una figura central del peronismo en las últimas dos décadas, queda así condicionado por una condena que marca un antes y un después. El PJ nacional deberá reconfigurar su conducción, mientras el kirchnerismo se enfrenta al desafío de redefinir su liderazgo en un contexto de creciente tensión entre el poder judicial y los sectores afines al populismo peronista.