Diputados impulsan ley para proteger a periodistas y garantizar la libertad de prensa en manifestaciones

• Protección en manifestaciones: El Estado deberá garantizar la seguridad de periodistas durante protestas, prohibiendo agresiones, hostigamientos y daños a sus equipos.
• Derecho a informar: Se asegura el libre registro de imágenes y testimonios sin interferencias de fuerzas de seguridad ni terceros.
• Confidencialidad de fuentes: Las fuerzas de seguridad no podrán requisar materiales sin orden judicial y se deberá respetar la reserva de fuentes y archivos periodísticos.
• Acceso a la información pública: Funcionarios estarán obligados a brindar información clara y equitativa a todos los medios.
• Campañas de concientización: Se prevé difundir el valor del periodismo libre como pilar democrático.
• Respuesta al clima hostil: El proyecto surge frente a una creciente hostilidad hacia la prensa, con señalamientos indirectos al discurso del presidente Javier Milei.
• La iniciativa busca asegurar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo, con énfasis en coberturas de protestas y el acceso a información pública.

En medio de un clima de creciente tensión entre el poder político y los medios de comunicación, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que busca reforzar las garantías para periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa. La propuesta apunta a resguardar su integridad física, su derecho a informar y el acceso a fuentes, especialmente en coberturas de manifestaciones y contextos de alta conflictividad social.

Los legisladores Miguel Ángel Pichetto, Pablo Juliano, Sergio Palazzo y Juan Manuel López son los autores del proyecto, que pone en el centro la necesidad de un periodismo libre de represalias como pilar de la transparencia democrática. En los fundamentos, advierten que “muchos profesionales se desempeñan actualmente en condiciones de vulnerabilidad, sin protección adecuada ante agresiones, amenazas o impedimentos en su labor”.

Protección en manifestaciones y respeto a las fuentes

Uno de los aspectos centrales del texto legislativo es el resguardo del trabajo periodístico durante protestas y manifestaciones públicas. El proyecto establece que el Estado debe garantizar un entorno seguro, prohibiendo expresamente el hostigamiento, las agresiones físicas y la destrucción de herramientas de trabajo como cámaras o grabadoras. Asimismo, se contempla el derecho a registrar imágenes y recolectar testimonios sin obstáculos ni interferencias por parte de fuerzas de seguridad o terceros.

Además, se incorpora un punto clave para el ejercicio profesional: la protección de las fuentes de información. Las fuerzas de seguridad no podrán requisar materiales periodísticos sin una orden judicial, y se deberá respetar en todo momento la confidencialidad de los apuntes, grabaciones y archivos en manos de los trabajadores de prensa.

Acceso a la información y rol del Estado

El proyecto también establece que las autoridades deberán garantizar el acceso igualitario a fuentes oficiales. Se obliga a funcionarios públicos a brindar información clara y oportuna, tanto en conferencias de prensa como mediante la entrega de documentos públicos. De este modo, se busca frenar los bloqueos informativos que afectan especialmente a medios pequeños e independientes.

En la misma línea, la iniciativa contempla la realización de campañas públicas de concientización, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, sobre el valor del periodismo libre como instrumento fundamental de una sociedad democrática.

Un llamado frente al clima hostil

Los diputados promotores del proyecto remarcan que esta ley es una respuesta ante lo que consideran un “clima de hostilidad creciente hacia la prensa”, alimentado en parte por discursos oficiales. Sin nombrarlo explícitamente, el texto menciona el rol del presidente Javier Milei, quien ha sido señalado por organizaciones y referentes de derechos humanos por promover mensajes despectivos y ofensivos hacia periodistas y medios críticos.

“Garantizar condiciones de seguridad y libertad para el periodismo no es solo proteger una profesión, sino resguardar el derecho de la ciudadanía a estar informada”, concluye el texto, que será debatido en comisiones en las próximas semanas. De avanzar, la norma podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los medios de comunicación.