Córdoba alcanza un acuerdo con la Nación por 5.000 millones de pesos mensuales para la Caja de Jubilaciones

Córdoba alcanza un acuerdo con la Nación por 5.000 millones de pesos mensuales para la Caja de Jubilaciones
El gobierno de Martín Llaryora ha anunciado un acuerdo con el gobierno nacional que permitirá la llegada de 5.000 millones de pesos mensuales a Córdoba durante el próximo año. Este acuerdo se produce tras una prolongada falta de financiamiento, ya que el distrito cordobés no recibió recursos del Aporte del Tesoro desde la asunción de Javier Milei como presidente.
Llaryora había expresado preocupaciones sobre la situación de la Caja de Jubilaciones, que se había agravado desde la gestión de Alberto Fernández, cuando aún se recibían fondos, aunque desactualizados. Con el nuevo acuerdo, la Corte Suprema definirá el monto que ANSES adeuda a la Caja desde 2019 hasta 2024.
El gobernador Llaryora considera que hay puntos positivos en la negociación, como la disposición de la Nación a dialogar y la intervención de la Corte, que ha ayudado a abordar los conflictos entre el gobierno nacional y las provincias. A partir de este acuerdo, se contempla que parte de los 5.000 millones se destine a aumentar los haberes de los jubilados que cobran la mínima, aunque condicionado a que la Nación cumpla con sus compromisos de pago. 
Además, el gobierno provincial enfrenta tensiones con gremios estatales, especialmente con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y los representantes de los judiciales. Llaryora planea, si no hay resolución pronto, otorgar aumentos salariales por decreto basados en las pautas del gobierno nacional, en lugar de los montos discutidos en la mesa de negociación.
Mientras tanto, los municipios de Córdoba también atraviesan momentos difíciles debido al déficit y la amenaza de un mayor desfinanciamiento por parte del Banco Nación. Intendentes de diferentes ciudades, como Río Tercero y Villa María, se han reunido para establecer una estrategia común frente a la posible restricción de ingresos, que podría impactar en servicios esenciales como salud y seguridad.
Este conflicto se ha agudizado con la amenaza del Banco Nación de abandonar su presencia en ciertos municipios, una decisión que redirigiría el flujo de capital a bancos privados, afectando así el financiamiento local. Los intendentes se encuentran en alerta, ya que la resolución de este conflicto en los tribunales podría determinar la capacidad de los municipios para mantener sus servicios.
Asimismo, se cuestiona la lógica detrás de las acciones del Banco Nación, dado el impacto que su retirada podría tener en la economía local. La incertidumbre persiste sobre quién podría beneficiarse si el banco estatal decide dejar espacios que ya podrían ser ocupados por entidades privadas, alterando el panorama financiero en la región.