La crisis política de Daniel Passerini

Con lógica política, la semana más difícil de la gestión de Daniel Passerini como intendente de la ciudad de Córdoba ha encontrado a la oposición movilizada como no lo había hecho durante los 500 días transcurridos desde su asunción, en diciembre de 2023.

Todos los partidos con representación oficial como minorías han elegido los dos flancos abiertos estos días para descargar artillería de distinto calibre: el inicio de las elecciones para renovación de autoridades en los centros vecinales de la ciudad y, sobre todo, los movimientos en el gabinete municipal.
 
Este miércoles, Passerini reestructuró la Secretaría de Ambiente, como anticipó Letra P, que completa la desaparición de Transporte, Cultura, Seguridad Ciudadana e Integración Regional.
En ese marco, las críticas opositoras describen falencias similares en ambas situaciones, desde la opacidad de los procesos de toma de decisiones hasta sucesivas vulneraciones de la institucionalidad que declama como atributo el peronismo cordobés.
Por carácter transitivo, buena parte de las diatribas involucran al gobernador Martín Llaryora, a quien apuntan como corresponsable de una situación que no dudan en definir como crítica.
La primera elección para Daniel Passerini
La ráfaga de cuestionamientos comenzó este domingo, durante la primera batería de comicios para renovar mandatos en los centros vecinales de la ciudad capital, un complejo desafío para la gestión del intendente.

Problemas formales y denuncias de irregularidades coronaron la jornada en seis de los 12 centros que abrieron sus puertas para los comicios. En uno de ellos, el tradicional barrio de Nueva Córdoba, la elección fue suspendida y luego reprogramada para el domingo 11 de mayo.

Para muchos, la situación allí ocurrida, que incluyó errores en la impresión de boletas, duplicación de las urnas previstas e inconsistencias en el padrón de votantes, condensa vicios denunciados por la oposición desde la convocatoria misma a los comicios, realizada en febrero del corriente año.

“Fue escandaloso. Todos los errores son achacables a una organización que sólo tuvo en cuenta a sus propios militantes. Ni siquiera nos permiten actuar como veedores, en ninguno de los centros. Es la acabada muestra de la falta de institucionalidad que caracteriza a este peronismo”, brama un dirigente radical.

Similares críticas llegan desde el barrio San Martín, contiguo al centro de la ciudad, donde el radicalismo mantuvo el control derrotando por exiguo margen al candidato vinculado al peronismo. En medio de denuncias por irregularidades en los padrones, vecinos increparon al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y al secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, Héctor Pichi Campana, quienes se hicieron presentes en el lugar.

Las referencias de conflictos se expanden más allá de radios tradicionales. De los 400 centros vecinales oficialmente reconocidos sólo unos 80 acudirán a las urnas. Según voces juecistas, en muchos barrios aprietes y peleas impidieron la conformación de listas opositoras. Algunos de tales episodios reflejarían, afirman, una disputa territorial entre referentes peronistas que ya miran el 2027.

El rol de Héctor Pichi Campana
Además de Campana, el hombre dispuesto por Passerini para coordinar las acciones, los cuestionamientos señalan al director de Políticas Vecinales, Adrián Brito, hombre de Alejandra Vigo en la estructura municipal.

Ambos tendrán una nueva prueba el domingo 11 de mayo cuando se cumpla con la segunda etapa del cronograma de comicios, que esta vez incluirá a 30 distritos.

Entre ellos destaca otro barrio que, como Nueva Córdoba y San Martín, ha estado históricamente vinculado al radicalismo: el coqueto Cerro de las Rosas. Aquí los cuestionamientos anteceden la apertura de urnas.

La Junta Electoral ya ha proclamado a la lista N°10, que aparece vinculada al peronismo, particularmente a Sandra Trigo, otra dirigente del “viguismo”. Apoderados de su competidora, la lista 25, amenazan con escalar las instancias judiciales como toda respuesta a la decisión de la Junta de excluirlos de la puja por no haber completado las instancias administrativas de rigor.

En el Cerro, el trasfondo de la puja no es sólo político. Los sectores en pugna representan dos modelos contrapuestos. Mientras la denunciante lista 25 pide marcar límites a la especulación inmobiliaria, la oficializada lista 10 pide mantener la identidad de un barrio residencial.

Similar discusión se ha dado en Villa Belgrano, aunque con resultado inverso: el centro quedó en mano de los vecinos que establecieron medidas judiciales contra el avance de los emprendimientos inmobiliarios en la zona que abarca algunos de los pocos pulmones verdes restantes.

Ajeno a tales tironeos, el aludido Campana asegura que el proceso de renovación de autoridades vecinales se realiza con todas las garantías necesarias. En aquellos casos en que se dirima por votación, la Municipalidad se encarga de fiscalizar que se cumpla con las normativas vigentes, ayudando con la logística y la seguridad, y asistiendo a cada junta electoral conformada por los propios vecinos.

Daniel Passerini al Concejo, Martín Llaryora a escena
Las denuncias sobre las elecciones vecinales son uno de los puntos por los que espera explicaciones la oposición. El otro es, obviamente, la resolución de la crisis política cristalizada en la recomposición del gabinete de Passerini.

Este miércoles, los bloques de concejales de la UCR y el Frente Cívico presentaron formalmente un pedido de citación al intendente para que explique las razones por las que solicitó la renuncia masiva de secretarios, subsecretarios y directores, “hecho que representa una situación de extrema gravedad institucional y profundiza la crisis de gestión que atraviesa Córdoba”.

Según explican desde la UCR, sin distinciones de internas, dicha crisis se manifiesta en una gestión “que no arranca”, que “no resuelve los problemas de los vecinos” y que brinda mala calidad en sus servicios básicos: transporte, seguridad (problema que motivó el primer movimiento de piezas en el equipo de gobierno) y transporte.

Pero además, los cuestionamientos siguen remontando al vínculo del actual alcalde con su antecesor, el gobernador Llaryora. En palabras del juecismo, el pedido de comprensión por la compleja situación económica no debería excluir la deuda y los compromisos heredados desde la administración del sanfrancisqueño.

“Además de la explicación por la remoción de funcionarios, queremos que nos digan cómo están los compromisos de pago, los vencimientos de las letras. También cómo Llaryora dejó comprometida la gestión que lo sucedió. El festival de obra pública que hizo en 2023 no se pagó ese año. Se hizo contra coparticipaciones futuras, por lo que Córdoba capital no las está recibiendo. A eso hay que sumar letras emitidas por deudas y por gastos corrientes”, explica Graciela Villata, jefa de bloque del Frente Cívico.

CON INFORMACION DE LETRAP.