El TSJ resolverá si la EPEC puede ser S.A. como quiere Llaryora

La Cámara Contencioso Administrativa resolvió reconducir la acción de amparo que presentó el Sindicato Luz y Fuerza contra la transformación de la Epec en sociedad anónima (SA) y resolvió que debe ser analizada como “acción declarativa de inconstitucionalidad”.

Por ese motivo, remitió el expediente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que deberá resolver si se aboca a analizar el planteo.

Todas las acciones de inconstitucionalidad son tratadas por la Sala Electoral y de Competencia Originaria. Será el pleno del máximo tribunal el que se pronuncie sobre el planteo, que tiene gran trascendencia política y social.

El mes pasado, los abogados Miguel Rodríguez Villafañe y Marcos Daher firmaron la presentación en representación del secretario general de Luz y Fuerza, Jorge Molina.

Allí impugnaron la constitucionalidad de dos artículos de la Ley 11.015 aprobada el 23 de diciembre último -por la tarde, en vísperas de la Nochebuena- que reformó el Código Tributario. Entre las modificaciones impositivas, se incluyeron los artículos 33 y 34 que disponen que “las sociedades y/o empresas con participación del Estado Provincial, cualquiera sea la forma jurídica adoptada” podrán transformarse en SA según lo dispuso el DNU 70/23 del gobierno de Javier Milei.

En la actualidad, la Epec es una empresa del Estado provincial. El gremio sostiene que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano y una SA -al tener como razón y fin el lucro- está obligada a ganar, aún a costa de dejar sin servicio a regiones y sectores donde el negocio no sea rentable.

En síntesis, la demanda -planteada inicialmente como un amparo- cuestiona la legalidad y constitucionalidad tanto del Decreto de Necesidad y Urgencia del gobierno de Javier Milei, como de la ley ómnibus que introdujo dentro del Código Tributario la disponibilidad para transformar en SA a las empresas del Estado provincial,

El TSJ -integrado con todos sus vocales- deberá resolver, primero, si admite y le da trámite a la acción; y en segundo lugar, deberá pronunciarse sobre el fondo. Es decir que quedará en manos del máximo órgano judicial la habilitación al gobierno provincial para modificar su personería.

En El Panal sostienen que la conversión en sociedad anónima “es un hecho”, no hay marcha atrás. Reconocen que actualmente la empresa es superavitaria pero señalan que debe adecuarse a la normativa nacional.

Para el gremio, en cambio, es un paso sigiloso y decidido hacia la privatización. Por eso resisten, no sólo en el campo político sino en el plano jurídico. Luz y Fuerza colocó la decisión nada menos que en el máximo tribunal provincial.

Con información de Perfil