La noticia de que Epec trasmutará en una Sociedad Anónima fue una sorpresa a medias, pero generó una profunda preocupación en el Sindicato de Luz y Fuerza, que ve en el movimiento una jugada previa para avanzar hacia su privatización.
A medias, decimos, porque, en rigor, la Ley Bases faculta al Ejecutivo a modificar la estructura jurídica de las empresas con participación del Estado. Y este es, hasta ahora, el único argumento que el oficialismo provincial ha esgrimido para justificar la conversión de Epec.
Sin embargo, vale preguntarse si se trata de una justificación o de una coartada. Porque la Ley Bases -a la que la Legislatura de Córdoba adhirió- no obliga al Ejecutivo a transformar en S.A. a las sociedades con participación mayoritaria del Estado, solo lo faculta a hacerlo. En realidad, es el DNU 70 el que, en su artículo 48, dispone tal transformación. Aunque en su segundo párrafo aclara que la disposición debe aplicarse a aquellas organizaciones donde “el Estado nacional” tenga participación. Con lo cual no parece que la normativa condicione a las empresas o sociedades con participación del Estado provincial.
La novedad, que fue comunicada el pasado jueves por el directorio de Epec a Luz y Fuerza, cayó muy mal en el sindicato, cuyos dirigentes salieron a denunciar un nuevo intento del peronismo de privatizar la empresa. Sospechan que la conversión en S.A. es sólo un paso previo para llegar al propósito final de la privatización.
Quienes resisten la transformación agregan que no hay motivos reales para avanzar en ese sentido. Destacan que, durante la segunda Gobernación de Schiaretti, el directorio recuperó el control de la empresa, que ya no debió co-gobernar con el sindicato. Que Epec no sólo ha saneado sus balances, sino que es superavitaria. Y que no ha comprometido la prestación de sus servicios durante las semanas más cálidas del verano, cuando sí han fallado empresas privadas de otras jurisdicciones, como Buenos Aires o Santa Fe.
La oposición no ha tenido grandes reflejos para posicionarse. Y, ciertamente, es un tema complejo. Aunque sí ha opuesto algunas objeciones iniciales. El radicalismo, con Miguel Nicolás haciendo punta, ha dicho que los fundamentos del oficialismo para “privatizar” Epec son “livianos” y “poco serios”, y que no ha podido administrar la empresa por “llenarla de funcionarios de dudosa trayectoria”
La sospecha de buena parte de la UCR es que la trasmutación de Epec en una S.A. no tiene otro propósito que el de evadir los mecanismos de control que pesan sobre las sociedades del Estado.
Al otro lado, quienes elijen ver el vaso medio lleno, entienden que la nueva forma societaria permitiría agilizar la operatoria de la empresa y eficientizar su funcionamiento.
El juecismo, hasta ahora, no manifestó su posicionamiento. Y habrá que ver qué contorsiones hace.
Juez viene de proponerse como el candidato de Milei a la Gobernación de Córdoba en 2027. Y cultiva, a la vez, un perfil de recio opositor a casi cualquier iniciativa lanzada por Llaryora desde el Centro Cívico. ¿Cuál de esas dos visiones prevalecerá?
Si sale a oponerse al proyecto, se manifestará en contra de una medida que la Casa Rosada impulsa a nivel nacional y espera ver reflejada en los gobiernos de provincia. Si lo apoya, deberá reconocer al Gobierno de Córdoba un acierto. Y no cualquier acierto, sino uno que va en franca coincidencia con las políticas que propone el presidente que el ansía representar en el distrito.
Mientras tanto, todos esperan al proyecto, que nadie aún admite conocer. Y esa falta de precisiones dispara hipótesis por demás diversas. Si habrá o no ingreso de capitales privados. En qué medida. Si el sindicato tendrá o no participación en el gerenciamiento de la compañía. Y un largo etcétera.
CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE FELIPE OSMAN.