“¿Constitución? Adonde vamos, no necesitamos Constitución”

En el final de una de las películas de la saga “Volver al Futuro”, el protagonista Marty McFly, se muestra preocupado por la ausencia de un camino para que la máquina del tiempo en forma de auto alcance la velocidad necesaria para atravesar el tiempo y el espacio. El “Doc” Emmet Brown, confiado, le responde: “¿Caminos? Adonde vamos, no necesitamos caminos”. La frase inmortalizó el cimbronazo que implicaba trasladarse a un futuro incierto que no se regía por los paradigmas conocidos. Alguna analogía puede hacerse sobre las ideas fuerza que han dominado la actual campaña presidencial, agudizada por una notable desesperación por reafirmar perfiles y por un desafío permanente al teorema de Baglini. Si gran parte de las propuestas o del estilo de Gobierno que se propone se chocan de bruces con la Constitución, la frase podría resignificarse: ¿Constitución? Adónde vamos no necesitamos Constitución.

El tema se vuelve relevante de cara al segundo debate, donde la materia Justicia y seguridad será uno de los tópicos centrales de discusión. La cuestión de la institucionalidad está íntimamente relacionada, pero en la superficie parece ser un detalle que queda subordinada a la simpatía que se tenga por la facción. Bastó una frase del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, brindada a una entrevista a El País de España para que la estantería de La Libertad Avanza sobre la dolarización comenzara a temblar. “Si elimina el peso es inconstitucional”, afirmó con un dardo que fue quirúrgicamente lanzado para generar el impacto sobre el pilote en el que se apoya Javier Milei. Los asesores económicos de LLA comenzaron a ensayar todo tipo de piruetas técnicas para burlar el impedimento constitucional de eliminar la “moneda nacional”, algunas con singular y a la vez precario, criterio jurídico. La academia se enfrascó en un debate acerca de si el texto constitucional realmente impedía la adopción de una moneda extranjera. Lo que perdieron de vista todos es que se trató siempre de un mensaje político: hoy existe una mayoría en la Corte Suprema que fulminaría un proyecto dolarizador que eliminara definitivamente la moneda nacional en los términos en los que fue enunciado en la campaña. Otra variante ya no sería una dolarización. Fue mostrar los dientes luego del resultado de las PASO.

Milei le contestó desde el atril que le prestó Barrionuevo: “el señor Rosatti tendría que explicar por qué para él robar está bien. Porque para mí y para todos los argentinos de bien robar está mal”, afirmó, asimilando la emisión a un robo y descontando el beneplácito de la Corte en ello. Fue un botón de muestra del nivel de tensión que podría experimentarse entre poderes en un eventual gobierno de Milei. Desde el resultado de las PASO, es el principal interrogante que surca las conversaciones entre jueces y fiscales que se preguntan cómo conviviría su estilo de decisión, no ya con los personajes con nombre propio, sino con el modelo republicano de división de poderes.

En la misma persona coexisten dos versiones. La que es maniquea con respecto a las “ideas de la libertad” o sus enemigos, y la que es capaz de enunciar que su máxima es afianzar la independencia judicial. Ya con Tucker Carlson pero también en un reciente adelanto con el periodista Alejandro Fantino, Milei afirmó que sus objetivos son dotar de autarquía financiera al Poder Judicial y que cualquier reforma sea trabajada desde los tribunales con la colaboración de sus ministros pero a propuesta de la propia justicia. Todo eso es música para los oídos del Poder Judicial y un viejo anhelo de autonomía para no mendigar partidas al que la política por razones de propia supervivencia nunca accedió.

Interrogantes

Dos interrogantes son paralelos: qué sucedería si su eventual gestión entra a chocar con el poderoso fuero Contencioso Administrativo Federal o cómo se llevaría con el control difuso de constitucionalidad si decide saltearse al Congreso; y quienes serán los interlocutores designados para las reformas “consensuadas”. Si bien en un principio los nombres que circularon fueron los de Santiago Viola y por allí orbitando Alfredo “Freddy” Lijo con base de operaciones en las oficinas de José María Olazagasti, el paso del tiempo fue puliendo la propuesta hasta llegar al abogado Mariano Cuneo Libarona como el armador de equipos para la política judicial. Su cercanía con Milei no proviene de la cantera de la Corporación América, donde se desempeña hace décadas, sino de su otra usina de contactos, el programa de Fantino. Candidateable a la poltrona de Justicia, el abogado -que siente que estaría cumpliendo un sueño de su padre en ese cargo- todavía no aceptó. Es que adentro de LLA se cuecen internas y se difunde la creación de una “mesa judicial” que tenga a cargo las interacciones con el armador Carlos Kikuchi a la cabeza. Suena de difícil concreción, sobre todo porque los jueces estiran los límites de la irreverencia, especialmente, con quienes perciben como agentes externos al sistema y llegan al punto de denominarlo “Kioskuchi” para socarronamente referirse a él. Al candidato, lo llaman “Mi-Ley”. Obvio que si gana, sus acciones cotizarán tan a la suba que nada impedirá que se arrimen.

El otro bastión que está en disputa dentro de LLA es la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde el tironeo despliega versiones varias, con consultas al Tarot, incluidas. Sin embargo, la realidad es que fue Nicolás Posse, un ingeniero con quien Milei estrechó relación en Corporación América, a quien le delegaron iniciar contactos para un plan para la inteligencia nacional. Ambos trabajaron para el proyecto Aconcagua y generaron un lazo de confianza. Se reconoce la eficiencia de Posse para el armado de equipos, pero nunca escaló más allá de la gerencia y no tenía acceso a Eduardo Eurnekián como Milei. Su primera misión fue entrar en contacto con referentes de la vieja guardia de la ex SIDE para sondearlos para una eventual gestión en AFI. Es probable que por su formación enfocada en la ingeniería pura y dura se le haya dificultado explicar cuál sería el plan del eventual gobierno para la AFI. Su dependencia de presidencia directo es el primer obstáculo para que Victoria Villarruel lo capture bajo su órbita en su rol de vicepresidenta. En tribunales ven a la compañera de fórmula más enfocada en distraer con una discusión de posiciones sobre los 70 para, por debajo, conseguir un objetivo tangible: la domiciliaria para los represores.

El puesto clave para Milei no es ninguno de los anteriores. Con su estilo, el puesto clave será el de la Secretaría Legal y Técnica. No solo por el riesgo legal en el que suele incurrir con sus propuestas sino por la sensibilidad que requiere “cuidar la firma” del Presidente. Cualquier error se transforma en una llave para la denuncia penal o para ser insumo de un Juicio Político por mal desempeño.

En la otra orilla, Patricia Bullrich completó una mala semana lanzando con toda certeza que no vacilaría en grabar conversaciones entre detenidos y sus abogados, lo que se llevó por delante una garantía constitucional propia del modelo anglosajón que asegura la confidencialidad de ese vínculo como un pilar del debido proceso, condición para un Estado de Derecho. El repudio fue tan unánime que varios abogados alineados no tuvieron más remedio que salirle al cruce a pesar de los esfuerzos de sus compañeros por re interpretarla y apuntar a que se refería a los celulares en las cárceles. No hubo manera. Se agarró la cabeza su principal asesor jurídico, el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías a la cabeza de los equipos en materia de Justicia que cuentan como asesor dilecto a Ricardo Gil Lavedra que además es presidente del Colegio de la Abogacía, cuya institución, antes de ser presidida por él había iniciado una querella contra el gobierno de Cambiemos por las 220 conversaciones que la AFI había desgrabado de abogados conversando con sus clientes en el modulo IRIC del penal de Ezeiza. Hubo silencio sepulcral desde el colegio oficial que agrupa a los abogados de la matrícula. Desde antes de las PASO, Bullrich contaba con un juez en lo penal económico que le armaba reuniones con otros magistrados. Ninguno había escuchado esta idea.

Camarón

Asiste la razón a Milei cuando le achaca operaciones a Juntos por el Cambio. En ese registro se inscribe que, en medio de la confusión, le adjudicaran como propio un proyecto para crear una suerte de “Camarón” especializado en asuntos constitucionales como una forma de evitar cautelares con DNU y decisiones del Ejecutivo. En rigor, el borrador de la Cámara Federal de Derecho Público Especial partió de las usinas de Bullrich y giró en consulta a varios abogados reconocidos. Algunos no quisieron ni leerlo. Era inconstitucional desde la portada.

En este contexto, es casi una estudiantina, por inocuo, el intento extemporáneo del oficialismo por reinstalar a Ana María Figueroa en Casación. El decreto presidencial con la aceptación del pliego termina siendo como hacer un pozo en la arena a la orilla del mar. Su perdurabilidad está muy condicionada. El peor escenario sería si Casación decide elevar una consulta a la Corte por el tema y le devuelven fotocopias del fallo Schiffrin y de la disposición de cese del pasado 6/9. Tan poco entusiasma una nueva batalla a la que le adjudican intenciones de impunidad imaginarias que ayer, el Consejo de la Magistratura aprobó el dictamen 8/23 de la Comisión de Selección del 13 de septiembre donde la quitaban del listado de “docentes magistrados” para Jurados en concursos y solo la dejaban en calidad de docente de Derecho Constitucional. Votaron todos.

* Para www.ambito.com