Los dos 1° de Mayo de Massa: uno "CGT friendly", otro con protesta piquetera en plena negociación con el FMI

Con el ruido de fondo de la crisis económica, este 1° de Mayo será este año la síntesis de los cambios que se están registrando en el ámbito laboral, y sus consecuencias en el plano político: por un lado, una dirigencia sindical que representa a los asalariados con ingresos medios, hará un acto complaciente con el Gobierno; mientras por otra parte los piqueteros liderarán manifestaciones de protesta contra la pauperización de trabajadores de ingresos bajos.

Es una situación que va en línea con el proceso de los últimos años: mientras los sindicatos han apoyado la tesis oficial de que con las paritarias resulta suficiente para defender los ingresos -y, en consecuencia, no acompañaron los pedidos de aumentos salariales por decreto-, las organizaciones piqueteras han ganado protagonismo, representando a la gran masa de trabajadores informales que no logran mantener sus ingresos ante la inflación.

No es que el Gobierno no valore la alianza con la cúpula sindical. De hecho, ese apoyo le ha servido para mantener un bajo nivel de conflictividad laboral, ya evidenciado desde los días de la cuarentena. Esa relación de "mano blanda" sindical se evidenció, por ejemplo, en el 1° de Mayo del año pasado cuando, en un hecho inédito, la CGT no convocó a ningún acto, y emitió un documento en el que culpó a "los formadores de precios" por la inflación.

Este año sí habrá un acto, el martes en el estadio de Defensores de Belgrano, al cual fue invitado el mismísimo ministro de Economía, Sergio Massa, a pesar de que su pedido de tomar una referencia de 60% anual para las paritarias quedó derogado por la realidad, mientras los gremios más grandes ya negocian cifras en torno de 110% anual, con plazos de revisión cada vez más cortos, que en algunos casos llegan a tres meses.

Una CGT "friendly" para Massa

De todas formas, la CGT ha dejado en claro que no responsabiliza a Massa por la inflación ni por el incremento del índice de pobreza. En su últimos reunión de consejo directivo, se emitió un comunicado titulado "Estamos a tiempo", en el cual plantea que la crisis requiere de un consenso de toda la clase política.

"El contexto económico y social es de tal gravedad que no permite especulaciones personalistas ni sectoriales; sólo a través de la instrumentación de consensos mayoritarios con base en un conjunto de políticas de Estado orientadas a poner en marcha las potencialidades productivas con las que cuenta nuestro país, es que saldremos de la actual crisis. Instamos a la responsabilidad de la representación política al respecto", agrega el comunicado.

Héctor Daer, miembro del triunvirato, dio a entender que se apoyará que haya "un umbral de ingresos" que garantice el acceso a una canasta básica para todos los trabajadores, pero no se abundó en detalles.

Lo cierto es que la cúpula sindical se cuidó de que su postura no pudiera ser interpretada como crítica hacia Alberto Fernández ni al ministro Massa.

Más bien al contrario, el ministro recibió el expreso agradecimiento por haber impulsado la exención del impuesto a las Ganancias sobre los adicionales de convenio, que incluye a los bonos por productividad, viáticos, horas extras y otros, que hasta ahora estaban gravados.

La contracara: piqueteros denuncian el ajuste

El problema para el Gobierno es que, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, hoy el apoyo de "los gordos de la CGT" ya no tiene tanta relevancia política, porque la crisis ha llevado a que la cúpula sindical perdiera representatividad.

En otras palabras, ya no se considera que su apoyo sea suficiente para garantizar la paz social y, en consecuencia, ser un "dador de gobernabilidad", el principal activo político del peronismo.

De hecho, el Gobierno ha dado muestras de estar más preocupado por el accionar protagónico de las organizaciones sociales, que han ganado la calle con protestas a la política de asistencia social. Y esto ocurre incluso cuando Alberto Fernández ha mantenido la estrategia de tercerizar en los piqueteros buena parte de la gestión de los planes.

Será la contracara del "1° de Mayo friendly" que hará la CGT: el lunes, un día antes del acto sindical, habrá una marcha de neto contenido anti-gubernamental. Como es habitual, habrá una "pata política", representada por el Frente de Izquierda -que incluso invitó a activistas sindicales franceses para que cuenten su experiencia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron-.

Y, además, estará la "pata piquetera", representada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el conglomerado de organizaciones sociales liderado por el Polo Obrero y el movimiento Barrios de Pie -aun cuando éste último ha tenido durante toda la gestión a dirigentes trabajando en el ministerio e Desarrollo Social, atendiendo de hecho en "ambos lados del mostrador"-.

En los últimos meses, estas organizaciones acusaron directamente al Gobierno -y, en particular, a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz- de querer usar a la asistencia social como variable de ajuste de la crisis.

El eslogan usado en las últimas marchas es bien expresivo: "El FMI ordena, Tolosa condena". Una alusión a la baja de 154.000 personas de la nómina del plan Potenciar Trabajo, realizada en el marco de una depuración por la presunta inclusión de beneficiarios en situación irregular.

Pero el tono de la discusión dejó en claro que hay un tema más de fondo, y que tiene que ver con la concepción política de la asistencia social. Tolosa acusa a los piqueteros -y, en particular, a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero- de oponerse a transparentar la situación real de los beneficiarios. Una forma indirecta de insinuar que las organizaciones pueden cobrar un "peaje" indebido por su intermediación.

Y, del otro lado del mostrador, los piqueteros dicen que en un momento de aumento de la pobreza, la nómina de beneficiarios que cobran los $34.750 del plan -una lista hoy topeada en 1,2 millones de personas- debería aumentar en vez de bajar.

Es por eso que denuncian que la depuración de listas que promueve el Gobierno es solamente una excusa para una medida que, en realidad, sólo tiene un fin fiscalista. Y tienen un argumento de peso para sostener su acusación: en el documento que el FMI aprobó a fin de año, se recomendaba un recorte del gasto social, de manera que las partidas pasaran de representar un 2,9% del PBI, después de haber alcanzado en 2022 un 3,8% del PBI.

FMI y 1° de Mayo, un mix explosivo

La ministra Tolosa Paz ha negado que haya condicionamientos ni topes pedidos por el Fondo a la cantidad de beneficiarios, pero lo cierto es que el tema ha quedado instalado en el debate. Y en este 1° de Mayo, el "timing" político no ayuda al Gobierno: los actos de protesta se producirán justo cuando el equipo económico de Massa se encuentre en Estados Unidos con el staff del Fondo Monetario Internacional.

Ahora con un clima de urgencia mucho más grave que en anteriores negociaciones, los funcionarios argentinos plantean que, a cambio de una ayuda financiera, Argentina se comprometerá a un esfuerzo para no incumplir su meta fiscal. Llevar el rojo a un 1,9% del PBI, como figura en el acuerdo previo, es un objetivo que la gran mayoría de los economistas considera imposible, cuando es probable que la caída en la recaudación de impuestos lleve ese déficit al 3%.

Y, en ese contexto de crisis financiera, resulta difícil convencer a los movimientos sociales de que la asistencia estatal no sufra el recorte.

En todo caso, la divergencia de las manifestaciones del 1° de Mayo servirán para Massa y el Gobierno como recordatorio del momento político: una alianza con la cúpula sindical ya no alcanza para garantizar la paz social en un escenario de acelerada descomposición social, que tiene uno de sus síntomas en la creciente protesta piquetera.

 

 

* Para www.iprofesional.com