En Córdoba todo está por verse

Con recetas y métodos diferentes, aunque con un objetivo común, en los dos principales espacios políticos de Córdoba preparan desde hace meses el caldo electoral que se servirá en la mesa de 2023.

El escenario inédito de renovación que sufrirá el peronismo cuando cumpla 24 años en el poder suscita, con toda lógica, la mayoría de las miradas. A velocidad crucero, pero cuidándose de no exceder los límites que aún le fija el propio poder al que aspira, Martín Llaryora se asoma al portal que lo puede hacer líder indiscutido del nuevo peronismo que sobrevendrá al de Juan Schiaretti y José Manuel de la Sota.

Entre los opositores aliancistas, también hay expectativa por novedades que pueden ser fundacionales: Rodrigo de Loredo buscará –con la candidatura por la que termine compitiendo– hacerse del control del radicalismo de la provincia. Lo intentará después de años de chocar contra el muro que edificaron –por separado o en dupla, según la ocasión y las necesidades– Mario Negri y Ramón Mestre. Y Luis Juez, tal vez en su última chance grande, constatará, con el poder único que otorga el voto popular, si la sociedad le confía la gestión del poder provincial o si, por el contrario, lo limita a un rol legislativo menos determinante para la vida de las y los cordobeses.

Es mucho y espeso lo potencialmente reconfigurable de la política cordobesa que ya está sobre la mesa. No es exagerado hablar de ciclo/s nuevo/s, aunque en el caso del PJ el eje de la próxima campaña será machacar sobre la idea de continuidad.

Es por estos motivos por los que tanto en Hacemos por Córdoba como en Juntos por el Cambio están pasando cosas. Los movimientos, sin embargo, no dejan de ser aprestos. Lo central vendrá en el arranque del año próximo, cuando el calendario haga decantar las definiciones y, sobre todo, redefina los nuevos acuerdos.

Es que, tanto en el oficialismo como en la oposición, hay pendientes negociaciones clave para terminar de colocar las piezas en el tablero que viene.

 
En algún momento, Schiaretti y Llaryora tendrán la conversación que todos anuncian y, sobre todo, esperan. Allí se definirán los términos del acuerdo que marcará el inicio formal de una transición que luego, para completarse, deberá sí o sí ser certificada en las urnas.

Schiaretti –creen algunos encumbrados llaryoristas, y es de total sentido común– no dejará el gobierno sin negociar y retener para sí y para los suyos una cuota del enorme poder que supo construir estos años. Ese acuerdo, se descuenta, incluirá lugares en las listas, futuros ministerios y espacios para leales de la tropa propia. También –y tampoco es un detalle menor–, porciones de beneficios menos visibles, al igual que garantías extendidas propias del sistema, que se acuerdan por debajo de la superficie y forman parte del costado opaco de la política.

No es antojadísima la obsesión del intendente capitalino de sumar la mayor musculatura política que sea posible y, en especial, toda la valoración popular que esté al alcance para cuando llegue ese momento. En esa mesa, cada uno expondrá lo que tiene y llevará para su facción la resultante de esa ecuación que, si bien no es ciento por ciento matemática, responde a una lógica de proporcionalidad inversa: cuanto más necesite Llaryora de Schiaretti, menos grande será la tajada que logre. O, dicho de otro modo, más condicionado quedará para lo que vendrá.

LA OTRA PULSEADA
Entre los opositores, las negociaciones siempre son más traumáticas. Es que carecen del elemento ordenador que representa ejercer el poder. Deben conformarse con pulsear sobre promesas de un poder proyectado, difuso e intangible. A priori, los aliancistas corren el riesgo de sucumbir ante las tensiones de los egoísmos. Ya pasó en 2019. Y no sucedió lo mismo en 2021 sólo porque en las legislativas nacionales existen las Paso obligatorias.

El desafío es enorme en Juntos por el Cambio. Sucede que este pacto deberán sellarlo, como mínimo, tres partes interesadas, sin contar la influencia –por verse esta vez– de la dirigencia nacional.

Juez, De Loredo y la UCR (Negri y Mestre) son los socios mayoritarios del que depende el éxito del proceso.

Como los peronistas, en el campamento opositor también hay mucho por acordar. Hay preguntas centrales que se imponen. ¿Quién tendrá el control de la lapicera para colocar los legisladores departamentales y los uninominales? ¿Juez o De Loredo? ¿Alguien puede garantizarle a Mestre un lugar expectable en la lista de diputados nacionales? ¿Qué lugares tendrán el PRO y la Coalición Cívica? ¿Cómo hacer para que los intendentes propios no desacoplen los comicios locales con los provinciales, como lo hicieron tantas veces?

Sobre este último punto, clave para lo que viene, surge una pregunta inquietante: qué posicionamiento tendrá la UCR –muy crítica hasta ahora– sobre la reinstauración de la re-reelección de intendentes. El tema preocupa porque en días habrá una avalancha de adhesiones de jefes municipales de la UCR que desoirán de manera contundente la posición del partido.

La re-re será realidad a fines de junio en la Unicameral. Y en la mesa el PJ ya tiene listo un trato: apoyo total a cambio de que las fechas de los comicios en esos pueblos se desacoplen de la elección provincial.

Fuente: La Voz del Interior, sobre una nota de Mariano Bergero