Como en las series de Netflix, los capítulos de la pelea entre el Gobierno nacional y las empresas de telefonía, cable e internet se van sumando. Con la diferencia de que, por ahora se desconoce cuál será la temporada final. Mientras tanto, los usuarios -millones de argentinos- pagan facturas con aumentos permanentes, sin saber cómo sigue la historia.

La nueva pelea entre el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) y las compañías del sector tiene como eje los aumentos de las tarifas de este mes y también de julio.

En las próximas horas, el Gobierno autorizará oficialmente una suba del 3% para este mes y del 5% para el que viene.

El problema es que las empresas ya anunciaron a sus clientes incrementos superiores a lo que ahora se habilita. Esos aumentos fueron de 8% y 7% en los últimos dos meses (mayo y junio), con lo cual ahora el Enacom les reclamará que reintegren la diferencia a sus clientes.

Por último, el Gobierno adelantó que el próximo incremento se permitirá en diciembre.

La pelea, a la Justicia

Algunas de las empresas -como Telecom- ya judicializaron las medidas oficiales y obtuvieron fallos a favor. Fue a principios de año, cuando esa compañía aumentó 20% sus tarifas cuando el Gobierno había autorizado apenas 5%. La batalla judicial se encuentra en los tribunales.

En consecuencia, para los servicios de telefonía móvil, los aumentos autorizados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021 no podrán ser superiores al 23%. Una fuente del organismo dijo a iProfesional que ese incremento "es justo", teniendo en cuenta la evolución de la inflación. Y que, en todo caso, todavía queda un incremento por revisar antes de fin de año.

A partir de la revisión de diciembre de 2021, se elaborará una fórmula orientativa que contemplará un "precio justo, equitativo y razonable", según el Gobierno. Y que nunca podrá ser superior a las subas salariales y deberá encontrarse por debajo de las mismas.

La pelea de fondo viene de más lejos, cuando -en medio de la pandemia- el Gobierno decretó al servicio de telefonía, internet y tv paga como un servicio público. Y que, por lo tanto, se encuentra regulado por el Estado. Como sucede con las tarifas de luz y gas, por ejemplo.

Las empresas llevaron la negativa al Poder Judicial y, lo dicho, alguna de ellas (Telecom) obtuvo un fallo favorable.

El decreto fue anunciado por el presidente Alberto Fernández el 21 de agosto del año pasado. A través de su cuenta de Twitter, el Jefe de Estado comunicó que se congelaban hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a internet y la TV paga.

Fijó además las pautas para los incrementos autorizados, sus montos y obligó a las empresas a ofrecer la denominada Prestación Básica Universal (PBU) que contempla un paquete de servicios con un costo que oscila entre los $150 y los $350 mensuales.

La Cámara Argentina de Cableoperadoras (CACPY), y otros sectores de la industria de las telecomunicaciones, también mostraron el rechazo a las políticas de regulación del Gobierno que, sostienen, llevaron al sector a tener que atravesar un complicado panorama.

"Es absurdo creer que una industria que tiene el 80% de sus costos de infraestructura en dólares, puede continuar en un contexto de congelamiento sin entrar progresivamente en una crisis de su capacidad de prestación", advierte la CACPY.

* Para www.iprofesional.com