El grupo de grandes fondos de inversión internacionales que ingresó en el exitoso canje de deuda, está agazapado a la espera de la evolución de las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En silencio, por ahora, los bonistas siguen de cerca la evolución de las discusiones para llegar a firma de la Carta de Intención entre el país y el organismo que dirige Kristalina Georvieva. Y esperan a conocer dos respuestas: si el país está dispuesto a ejecutar un plan que garantice la solvencia fiscal y si este tiene como soporte reformas estructurales para que esa sustentabilidad dure en el tiempo. Y por tiempo se entiende la vigencia de los títulos públicos canjeados en el proceso de reestructuración de deuda argentina. O al menos hasta el 2035. Pero también buscan ir más allá, y exigen que el FMI garantice que no sólo el gobierno de Alberto Fernández se comprometa a estas políticas, sino que el organismo aplique controles directos y constantes para que las metas se cumplan en el tiempo. Afirman que la historia del país amerita controles fiscalizadores profundos y constantes.

En otras palabras, los bonistas esperan que los técnicos del FMI que negocian con el ministro de Economía, Martín Guzmán, apliquen la presión suficiente como para que el país se comprometa a cumplir metas concretas y duras, en los terrenos fiscales, monetarios y cambiarios; que estos se reflejen en reformas estructurales (previsionales, impositivas y de gasto público) y que Argentina acepten las fiscalizaciones dispuestas en el capítulo IV del estatuto del Fondo Monetario. Y que, tal como adelantó este diario, cada tres meses se concrete una visita de los enviados desde Washington que controle si las metas se cumplen. Y que estas inspecciones se concreten de maneta inmediata, y no cuando el país comience a pagar las cuotas del plan; las que si se cumple lo que busca el gobierno argentino serían en el primer semestre de 2024.

La explicación de estas exigencias es simple. Los tenedores de la deuda emitida para salir del default, tienen una preocupación clara. Sostener su inversión en el tiempo, y no liquidar sus existencias perdiendo fortunas. O, en todo caso, esperar unos años para desprenderse de los bonos, reduciendo la caída abrumadora en las cotizaciones actuales. Creen que sólo con un país firmando un acuerdo con el Fondo Monetario que imponga metas estrictas y misiones que las garanticen, eso será posible. Y, si todo esto no se cumple, los bonistas amenazan con volver a publicar una carta explosiva (para Argentina y para el Fondo) como la del 25 de octubre pasado; donde expusieron claramente sus críticas al país por las pérdidas de millones de dólares generada por la crisis en la cotización de los títulos públicos de esos tiempos; y que pese a que no se profundizó, no implicó mejoras sustanciales en las cotizaciones de los títulos en dólares. Esto pese a que hubo cierta recuperación en las acciones y estabilidad cambiaria entre octubre y fin de noviembre. Fuentes de los acreedores que firmaron aquella carta de octubre, continúan afirmando que si bien la intención “no es decirle al gobierno lo que tiene que hacer”; si mencionan que “algo debe pasar para que las reservas dejen de estar cerca de cero”. Y reclamaron “un programa económico sólido que contiene reformas estructurales destinadas a solucionar los problemas que tiene Argentina”. Los pedidos incluyen un reclamo fuerte al FMI, al que responsabilizan, en parte, a la situación del país, por no profundizar la presión sobre el gobierno para que ese “programa económico sólido” sea ya una realidad. Y que rápidamente renegocie la deuda de u$s44.800 millones, en un programa de pagos que despeje las urgencias financieras del país. Y, reiteran, se aplique a rajatabla el capítulo del Artículo IV que impone la existencia de las misiones trimestrales de fiscalización. La embestida de los bonistas no incluye, curiosamente, al más litigioso y mayor protagonista de las negociaciones con los acreedores. BlackRock se negó a firmar la solicitada de octubre, y tampoco se sumaría a futuras misivas; ya que, luego del canje, tienen aceitados sus propios mecanismos de presión tanto sobre el Fondo como sobre la Argentina.

El castigo verbal hacia la Argentina y el FMI se justifica, según los fondos, por el desplome de sus tenencias, y el sostenimiento de parte de los acreedores de los nuevos títulos públicos en sus carteras, de acuerdo a la visión de parte de los integrantes del Ad Hoc, Exchange Bondholders y Argentina Creditor Committee, los tres grupos que representaron a los bonistas.

* Para www.ambito.com