Caputo impulsa el ingreso de dólares al sistema y respalda a la banca pública como garantía de la nueva Inocencia Fiscal

• El Gobierno impulsa el ingreso de dólares al sistema financiero tras la ley de Inocencia Fiscal.
• Caputo recomendó el Banco Nación como alternativa sin trabas para los ahorristas.
• La iniciativa no es un blanqueo clásico, sino un cambio estructural en normas fiscales.
• Se elevan de forma significativa los umbrales para delitos de evasión penal.
• Se crea una declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.
• El impacto sobre los “dólares del colchón” sería indirecto y basado en la confianza.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a enviar una señal directa a los ahorristas argentinos: el Gobierno quiere que los dólares circulen dentro del sistema financiero y promete condiciones simples, previsibles y sin trabas. En ese marco, instó públicamente a depositar los ahorros en moneda extranjera en el Banco Nación en caso de que otras entidades impongan exigencias adicionales que, según su visión, contradicen el espíritu de la recientemente sancionada ley de Inocencia Fiscal.

El mensaje fue explícito y sin rodeos. Caputo aseguró que quienes lleven sus dólares al Banco Nación podrán disponer de ellos de manera inmediata, ya sea para consumo, ahorro o inversión, y remarcó que la entidad pública aplicará “estrictamente” el nuevo marco legal. Poco después, la conducción del banco ratificó que está preparada para absorber la demanda y operar bajo estándares similares a los de cualquier plaza financiera desarrollada.

El trasfondo de estas declaraciones es la ley de Inocencia Fiscal, una de las piezas centrales del paquete de reformas tributarias impulsado por el oficialismo. El proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados y comenzó su tratamiento en el Senado, propone una redefinición profunda del vínculo entre el fisco y los contribuyentes, con especial impacto en el uso de ahorros no declarados, el Impuesto a las Ganancias y el régimen de sanciones.

Desde el Gobierno insisten en que no se trata de un blanqueo de capitales tradicional. No hay, al menos en el texto, una amnistía explícita ni una condonación automática. La estrategia es distinta: reducir la conflictividad fiscal, elevar los umbrales penales y acotar el margen de discrecionalidad del Estado en casos de evasión de menor cuantía. En otras palabras, cambiar las reglas para que el contribuyente perciba menos riesgo al operar dentro del circuito formal.

Uno de los puntos más relevantes es la actualización de los montos que determinan cuándo una infracción tributaria se convierte en delito penal. Los pisos, fijados en valores muy bajos desde 2017, se elevan de forma sustancial: alrededor de $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para evasión agravada. El objetivo declarado es concentrar los recursos de fiscalización en casos de mayor gravedad y desalentar una lógica persecutoria sobre contribuyentes de menor escala.

El proyecto también introduce ajustes en el régimen de multas y en los plazos de prescripción. Para los contribuyentes cumplidores, se reducen los tiempos durante los cuales el fisco puede reclamar, lo que, según el oficialismo, aporta previsibilidad y seguridad jurídica. Para otros supuestos, se amplían los plazos, buscando equilibrar el sistema.

Otro capítulo sensible es la creación de una declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas que no superen determinados límites de ingresos y patrimonio. En ese esquema, la autoridad fiscal confecciona la declaración con la información disponible y, si el contribuyente paga en término, queda liberado de cargas adicionales, salvo que se detecten errores graves. La medida apunta a reducir costos administrativos y fomentar el cumplimiento voluntario.

En ese contexto, el debate sobre los llamados “dólares del colchón” ocupa un lugar central. Si bien no hay un incentivo directo para exteriorizarlos, la combinación de menor presión fiscal, reglas más claras y mensajes políticos como el de Caputo busca generar confianza para que esos fondos ingresen gradualmente al sistema financiero. La apuesta oficial es que la formalización llegue más por expectativa de estabilidad que por castigo o perdón excepcional.

La invitación a usar el Banco Nación cumple, además, un rol simbólico y operativo. El Gobierno lo presenta como garante de la aplicación homogénea de la ley y como una alternativa frente a eventuales resistencias del sector privado. En un país con una larga historia de desconfianza financiera, la efectividad de esta estrategia dependerá menos del discurso y más de la consistencia entre las normas, la práctica bancaria y la respuesta del fisco.