Marcelo Martínez de Giorgi quedó a cargo del juzgado vacante tras la muerte de Claudio Bonadio

POLÍTICA Por
Se sorteó a través de un bolillero en la Cámara Federal. Ya está al frente del Juzgado Federal 8.
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El juez Marcelo Martínez de Giorgi quedó al frente del Juzgado Federal N° 11, vacante tras el fallecimiento de Claudio Bonadio, según lo determinó el sorteo realizado este martes a través de un bolillero. El magistrado estará a cargo hasta tanto se abra el concurso para nombrar al titular. 

Ese juzgado tiene a su cargo causas sensibles como las vinculadas a Hugo y Pablo Moyano; al sindicalista de los porteros y hombre muy cercano al gobierno, Víctor Santa María; un expediente contra Julio De Vido por enriquecimiento ilícito y unos pocos derivados del caso cuadernos respecto al entorno de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.

En esa oficina también se investiga la denuncia conocida como "Operación Puf", un presunto complot para perjudicar el caso cuadernos a través de las investigaciones del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla.

El Juzgado Federal 11, a cargo de Bonadio desde 1994 y hasta la semana pasada, fue sorteado por la Cámara federal porteña este martes. Allí se decidió entre siete magistrados quién quedará como subrogante hasta tanto se llame a concurso para cubrir con un juez titular dicho espacio. En principio eran 10 los candidatos, pero tres se excusaron: María Servini, Luis Rodríguez y Daniel Rafecas.

La subrogancia, en principio, es por un año y para el juez sorteado, le corresponderá un 30% más de remuneración.

Con la muerte de Bonadio, ahora hay dos juzgados vacantes en Comodoro Py. El primero que quedó sin su titular fue el de Sergio Torres, quien el año pasado asumió en la Corte de Justicia bonaerense. Desde entonces, su par Rodolfo Canicoba Corral quedó al frente, y si bien será incluido en el sorteo de este martes, ya se encuentra cubriendo dos juzgados en la actualidad.

Pese a que el caso de los cuadernos de las coimas fue el mayor expediente en materia de corrupción que tuvo el juzgado en el último tiempo, esa causa ya tiene clausurada su investigación y fue elevada a juicio oral. En el juzgado 11 sólo quedaron unos casos conexos menores vinculados al tramo de lavado de dinero donde se investigó a Daniel Muñoz, con los últimos imputados en esa ruta de exteriorización y repatriación de fondos ilícitos aplicados mayoritariamente a la adquisición de propiedades en la Patagonia.

Las causas del juzgado N° 11

Alejandro Vandenbroele: quedó radicada la denuncia que se generó sobre el presunto pago de fondos por parte del gobierno de Mauricio Macri a favor de Vandenbroele como imputado colaborador. El programa obliga a la subvención económica de quienes se convierten en "arrepentidos", pero la denuncia, basada en una nota periodística, sostiene que el presunto testaferro de Amado Boudou recibió dinero para comprarse un hotel boutique en Mendoza a cambio de su confesión ante la justicia.

Causas contra los Moyano: con medidas de pruebas realizadas e importante avance, en el Juzgado 11 se encuentra una de las causas más sensibles para la familia Moyano. Bonadio tenía a cargo el caso sobre el manejo de la obra social de Camioneros. Se investigan presuntos desvíos de fondos a empresas vinculadas al líder de camioneros. El pasivo de la Obra Social supera los 1.700 millones de pesos, pero al mismo tiempo aparece realizando pagos a empresas vinculadas a Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano. Estas empresas, en particular la constructora Ancora, fue investigada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó que la constructora recibió 220 millones de pesos y el 50% de esos fondos provenía de Camioneros. 

Entre las últimas medidas de Bonadio en la causa, se ordenó un peritaje contable que ya fue entregado al juzgado, y que según fuentes judiciales “corrobora el desvío de fondos”.

Víctor Santa María: otro sindicalista investigado en el Juzgado 11 es el titular del gremio de los porteros. La causa cuenta con un informe de la UIF y documentación aportada por la diputada Graciela Ocaña, donde se lo denunció por supuestas operaciones millonarias en Suiza que podrían responder a maniobras de lavado de dinero.  El juez Bonadio pidió en las últimas medidas un peritaje contable "para determinar los movimientos de fondos" que están bajo sospecha. Un informe de inteligencia financiera que reveló Clarín mostró operaciones realizadas entre el sindicato de porteros y empresas vinculadas a otros financistas con “fines ajenos a la actividad sindical”.

"Operación Puf": uno de los expedientes que ingresaron el año pasado en el Federal 11 es el conocido como “Operación Puf”, que investiga la existencia de un presunto complot para "entorpecer" la investigación de la causa de los cuadernos de las coimas.

Se denomina “Operación Puf” a la maniobra que -según la denuncia- “armó, desde la cárcel de Ezeiza, el ex secretario de Coordinación Roberto Baratta, para intentar sacar al fiscal Carlos Stornelli de la causa de los cuadernos de las coimas y hacer caer el caso en que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner”.

En conversaciones telefónicas se escucha, por ejemplo, al actual diputado oficialista Eduardo Valdés adelantarle al ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi -detenido en Ezeiza- lo que ocurriría en el juzgado de Dolores con la denuncia del supuesto empresario agropecuario Pedro Etchebest contra el falso abogado Marcelo D'Alessio, diez días antes de que él presentara su denuncia “espontánea”.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Lucía Salinas

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