Horacio Rosatti advierte que la reforma laboral de Milei podría quedar atrapada durante años en la Justicia

• Horacio Rosatti alertó que la reforma laboral podría quedar bajo revisión judicial durante años.
• El control de constitucionalidad argentino es difuso y permite fallos contradictorios.
• Cualquier juez puede declarar inconstitucional una ley antes de que se expida la Corte.
• Un antecedente similar ya ocurrió con parte del régimen laboral de la Ley Bases.
• Rosatti advirtió sobre la sobrecarga judicial que genera la reiteración de litigios del Estado.
• El debate, según el presidente de la Corte, es funcional más que ideológico y afecta la viabilidad de reformas estructurales.

La eventual aprobación de la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei busca tratar en sesiones extraordinarias no sólo promete un debate político y sindical de alto voltaje, sino que también podría abrir un prolongado frente judicial. Así lo advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, al recordar que el sistema argentino de control de constitucionalidad habilita a cualquier juez a declarar la invalidez de una ley, incluso antes de que el máximo tribunal fije una posición definitiva. En la práctica, ese esquema puede trabar durante meses o incluso años la aplicación efectiva de una norma central para la agenda oficial.

“El control de constitucionalidad en la Argentina es un control difuso”, explicó Rosatti al describir una de las particularidades del sistema judicial local. A diferencia de otros países, no existe un mecanismo concentrado que suspenda automáticamente una ley hasta que se expida la Corte. Por el contrario, cada juez, en el marco de un caso concreto, puede pronunciarse sobre su validez. Sólo con el paso del tiempo y a través de una acumulación de fallos y recursos, el máximo tribunal puede ordenar el escenario mediante una jurisprudencia uniforme.

Ese recorrido, sin embargo, suele ser lento y conflictivo. En el camino, pueden coexistir sentencias contradictorias en distintos juzgados del país, con normas que se aplican en algunos distritos y quedan suspendidas en otros. Según Rosatti, una reforma laboral de amplio alcance podría quedar atrapada en ese entramado judicial, con cautelares y declaraciones de inconstitucionalidad que impidan su implementación plena hasta una definición final de la Corte Suprema.

El propio presidente del máximo tribunal recordó que este escenario no es meramente teórico. Parte del régimen laboral incluido en la Ley Bases ya fue declarado inconstitucional por un juez laboral y aún no cuenta con una resolución definitiva de la Corte. Ese antecedente funciona como una señal de alerta para el Gobierno, que busca avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo en un contexto político y social atravesado por resistencias sindicales y opositoras.

Rosatti fue enfático al subrayar que el sistema vigente no impide que los jueces se aparten de la doctrina del máximo tribunal. “Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad”, sostuvo. Esa característica, históricamente defendida como una garantía de independencia judicial, se convierte al mismo tiempo en una fuente de incertidumbre para reformas de alto impacto económico y social, que pueden quedar fragmentadas por decisiones dispares.

Consultado sobre la posibilidad de que el Congreso incorpore en una ley una cláusula que obligue a todos los tribunales a acatar los fallos de la Corte, el magistrado se mostró cauto. Reconoció que, como poder del Estado, el Parlamento podría intentar una medida de ese tipo, pero advirtió que sería inevitablemente cuestionada y terminaría nuevamente bajo análisis del máximo tribunal. “La Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó. Sólo en el caso de que la Corte avalara ese mecanismo, podría evitarse la repetición constante de los mismos litigios.

Más allá de la discusión teórica, Rosatti puso el foco en el impacto práctico del sistema actual. Reveló que el 60% de las causas que resuelve la Corte provienen del propio Estado, que vuelve a cuestionar en materia previsional lo que el tribunal ya resolvió en fallos anteriores. “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo?”, se preguntó, para luego remarcar: “Y decimos siempre lo mismo”.

Para el presidente de la Corte, el debate ya excede las posiciones ideológicas y se vincula con la necesidad de encontrar soluciones funcionales que hagan más eficiente el sistema judicial. En ese marco, advirtió que sin algún mecanismo que ordene el control de constitucionalidad, reformas estructurales como la laboral corren el riesgo de quedar atrapadas en un limbo judicial prolongado. La advertencia agrega un nuevo factor de incertidumbre a una iniciativa clave del Gobierno y anticipa que, aun con sanción legislativa, la última palabra podría demorarse mucho más de lo previsto.