La reforma laboral profundiza el conflicto con la CGT tras las definiciones de Sturzenegger

• Sturzenegger confirmó que la reforma laboral se aplicará a todos los contratos
• La CGT calificó esa definición como un “sincericidio” del Gobierno
• El sindicalismo considera el proyecto regresivo y lesivo para derechos laborales
• La central obrera convocó a una movilización en Plaza de Mayo
• El Gobierno defiende la reforma y la creación del Fondo de Asistencia Laboral
• El conflicto suma tensión al debate político y social en torno a la iniciativa

La confirmación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el alcance general de la reforma laboral reavivó el enfrentamiento entre el Gobierno y la Confederación General del Trabajo (CGT). La admisión de que los cambios previstos se aplicarán a todos los contratos laborales, y no solo a los nuevos vínculos, fue interpretada por la central obrera como la validación de un planteo que venía sosteniendo desde el inicio del debate y desató una nueva escalada de críticas.

Desde la conducción sindical, el dirigente Cristian Jerónimo calificó la afirmación oficial como un “sincericidio” y acusó al oficialismo de haber negado durante semanas el impacto generalizado de la reforma. “Cualquier ley aplica para todos”, sostuvo, al tiempo que aseguró que el Gobierno “termina mintiendo” al minimizar el alcance real del proyecto. Las declaraciones del sindicalista reflejaron el malestar creciente de la CGT frente a una iniciativa que considera regresiva y lesiva para los derechos laborales.

En una entrevista radial, Jerónimo sostuvo que el texto de la reforma “decanta en algo que ya veíamos”, con disposiciones que definió como “muy delicadas para el mundo del trabajo”. Según su visión, el proyecto quita derechos tanto individuales como colectivos y reduce los mecanismos de protección para trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, rechazó de plano la interpretación oficial que vincula el rechazo sindical a la defensa de intereses económicos. “Eso quieren instalarlo desde el poder”, afirmó, y reclamó la apertura de una mesa de diálogo que, según denunció, nunca existió.

El dirigente también cuestionó la estrategia gubernamental de avanzar con decisiones unilaterales. A su juicio, ese camino no solo deteriora el clima social, sino que tampoco genera mejoras en el empleo. Como ejemplo, citó la experiencia posterior a la Ley Bases, donde —según señaló— las modificaciones laborales no se tradujeron en nuevos puestos de trabajo y coincidieron con la pérdida de cientos de miles de empleos y el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas.

En este contexto, la CGT resolvió convocar a una movilización para el próximo jueves por la tarde en Plaza de Mayo. Desde la central aclararon que la protesta busca visibilizar el descontento sin afectar a la ciudadanía, en un intento por sostener la presión política sin escalar el conflicto a medidas de mayor impacto. Al mismo tiempo, Jerónimo reconoció que el mundo productivo atraviesa transformaciones, pero defendió a los convenios colectivos como el ámbito natural para discutir adaptaciones. “No estamos cerrados a discutir, pero no por imposición”, insistió.

Las críticas también alcanzaron al Consejo de Mayo, instancia que el Gobierno presentó como espacio de consenso. Según el dirigente sindical, se trata de un órgano meramente consultivo y sin acuerdos efectivos. Aseguró que cuando se avanzó sobre derechos laborales, el representante sindical se retiró y se negó a avalar los documentos, lo que, a su entender, deja en evidencia la falta de consenso real.

En paralelo, Jerónimo amplió el cuestionamiento al modelo económico general. Advirtió sobre la persistencia de la recesión, la primacía de la especulación financiera y el impacto negativo de la apertura comercial sobre la matriz productiva. También alertó sobre la situación de los trabajadores de plataformas digitales, a quienes el proyecto, según denunció, deja sin regulación ni protección, a contramano de lo que ocurre en otros países.

Del lado oficial, Sturzenegger defendió la reforma al señalar que se trata de una modificación integral de la Ley de Contrato de Trabajo, que alcanza a todas las relaciones laborales vigentes. El ministro explicó que el proyecto cambia decenas de artículos y elimina otros, con un rediseño profundo del esquema de contratación, indemnización y resolución de conflictos. Uno de los puntos centrales es la creación de un Fondo de Asistencia Laboral, financiado a partir de una reducción de cargas que el Estado deja de percibir. Según el funcionario, ese mecanismo permitirá reducir impuestos al trabajo y generar un sistema de ahorro previo para afrontar contingencias judiciales y despidos.

Con posiciones cada vez más distantes, el debate por la reforma laboral se encamina a un escenario de alta tensión política y social, en el que el Gobierno y la CGT parecen dispuestos a sostener sus posturas sin concesiones visibles.