


En Córdoba, fin de año no suele ser un período de calma, balance y proyección. Por el contrario, no es inusual que en ese tiempo de cierre en el que la gente anda comprando regalos, planificando la comida de las Fiestas o pensando en las vacaciones que se avecinan, en la Legislatura se cocinen los proyectos más controvertidos. El denominador común suele ser siempre el mismo: los jubilados. Ocurrió con José Manuel de la Sota, con Juan Schiaretti y, ahora, está volviendo a pasar con Martín Llaryora. Cada tanto la Caja está a punto de colapsar y el oficialismo decide tomar medidas de urgencia. Ya es un clásico.
La atipicidad en esta ocasión es que la gestión provincial viene de dos antecedentes que no hacían presagiar que sobre el final del año se fuera a incluir en el presupuesto un artículo, el 63, que faculta al gobernador a elevar en 4 puntos los aportes jubilatorios de los estatales. En julio, con las elecciones legislativas en el horizonte, Martín Llaryora decretó un aumento del 84,21 por ciento en la jubilación mínima provincial, que pasó entonces de 380 mil a 700 mil pesos mensuales y superó holgadamente a la nacional. El segundo hecho es más reciente: la rebaja impositiva por 900 mil millones de pesos que el gobernador implementará en 2026 para alinearse con lo que los cordobeses reclaman en las encuestas y con el clima de época libertario.
Es decir, la gestión provincial viene de dos decisiones de alto impacto presupuestario y la impresión que se transmitió a raíz de esas medidas y del discurso que las acompañó es que se estaba en presencia de una administración relativamente sólida. Sin embargo, de un momento a otro la imagen que se proyecta es contrapuesta: el déficit de la Caja es extremo, a tal punto que el oficialismo señaló que está al borde del precipicio. Hay ahí una disonancia, una falta de correspondencia evidente entre imágenes y argumentos que se contradicen entre sí.
Desde la derrota del 26 de octubre esa parece ser una característica del cordobesismo: el resultado lo sorprendió y lo aturdió y hoy le resulta complejo encontrar un hilo discursivo que construya una identidad que no aparezca forzada y confusa.
El gobierno de Llaryora está tironeado por imposiciones políticas y urgencias de gestión. El gobernador entendió que las urnas le generaron la obligación de aplicar un golpe de timón y acoplarse al tren de una tendencia política que se consolidó. Pero, a la vez, encuentra limitaciones en la caja.
Los sistemas previsionales son actualmente un problema. No puntual, no privativo de Córdoba, sino generalizado: la composición del mercado laboral y una expectativa de vida cada vez mayor, entre otros aspectos, hacen que el financiamiento de las jubilaciones signifique un gigantesco desafío financiero. A pesar de las señales previas, la Caja de Córdoba parece haber llegado a un punto en el que, según argumenta el oficialismo, es inviable de sostener en su versión actual. Algunos de los números que está exponiendo el gobierno marcan la magnitud del desequilibrio: el rojo alcanza hoy los $ 57 mil millones mensuales y para el año próximo se proyecta un déficit total de entre 750 mil y 821 mil millones de pesos.
Córdoba es una de las 13 provincias que decidieron no transferirle a la Nación su sistema previsional. Como contrapartida, el Anses tendría que enviar todos los meses partidas para financiar parte de las jubilaciones. Según las estimaciones de la Provincia, el Anses debería estar remitiendo 31 mil millones de pesos mensuales, pero solamente llegan los 5.000 millones que determinó la Corte Suprema y que tienen fecha de vencimiento: en marzo las dos administraciones deben volver a sentarse para sondear un acuerdo. ¿Y si ese acuerdo no se produce? El déficit para la Provincia será aún mayor. Hay un indicio que permite sospechar que la negociación no será sencilla: a esta altura, como parte de lo que se definió en la Justicia, la Nación ya debería haber informado la deuda consolidada que tiene con Córdoba por un período que llega hasta 2022. Sin embargo, no hay ningún avance en ese sentido. Por eso, hay legisladores, como Dante Rossi, que piden dar por caído el entendimiento y volver a reclamar judicialmente. Pero esa movida se topa con una complicación política: implicaría escalar en el conflicto con la Nación, una posibilidad que la gestión Llaryora no está interesada en explorar en el contexto actual.
El monto que Anses está remitiendo todos los meses a Córdoba no alcanza ni siquiera para cubrir el déficit que generan, por ejemplo, los jubilados de la Municipalidad de la capital: 6.000 millones de pesos.
Es decir, la Provincia se encuentra ante un problema sistémico. Es indudable. Sin embargo, la cuestión son los caminos que la administración oficialista ha elegido para abordarlo. Primero, el artículo que incluye la posibilidad de elevar los aportes de los activos no fue anunciado sino descubierto por la oposición en el debate por el Presupuesto; pero, además, discursivamente se plantea que el sistema previsional debe rediscutirse de raíz para volverlo sostenible. Es un objetivo razonable, pero las vías de resolución suelen ser a las apuradas, sin un debate de fondo.
A partir de la intención de incrementar los aportes, los gremios estatales reaccionaron e iniciaron, previsiblemente, un conflicto. El oficialismo salió a plantear entonces otras alternativas que redoblan la apuesta; cualquiera de las otras soluciones en carpeta son peores que el posible incremento de los aportes. Por ejemplo, el legislador socialista Matías Chamorro de pronto tuvo la iniciativa de declarar una emergencia jubilatoria que contempla pagar parte de las jubilaciones más altas -por encima de $ 2.500.000- con bonos. Pero la opción de máxima la tiró Facundo Torres, flamante jefe del bloque oficialista en la Unicameral, que deslizó que Córdoba podría transferirle su Caja a la Nación y concretar así una de las peores pesadillas de los jubilados cordobeses.
“No lo dijimos porque sí. Es una alternativa que se analiza. El problema es que no sabemos si el gobierno de Milei va a aceptar esa transferencia”, relataron en el oficialismo.
El gobierno de Llaryora tiene previsto darle aprobación definitiva al presupuesto en la próxima sesión, programada para el 17, y no modificarle una coma; es decir, dejar la posibilidad de elevar en 4 puntos los aportes. Pero, paralelamente, continuará negociando con los gremios en la mesa de trabajo que se armó para tratar de quitarle combustible al conflicto. De esa mesa, el oficialismo espera que salgan definiciones más de fondo: que haya una rediscusión del esquema jubilatorio, principalmente de los sectores que tienen haberes de entre 5 y 8 millones de pesos.
Pero deberá ser una solución sustentable que surja rápido. Hay dos fechas más previstas en el calendario legislativo además de la del 17:habrá sesión el 23 y el 30. La del 23 ya tiene temario definido; la del 30, con el brindis de Año Nuevo casi listo, es una incógnita: allí podría tratarse una variante consensuada del proyecto de Chamorro.
El oficialismo persigue dos objetivos, que se conectan entre sí: resolver el déficit de la Caja pero sin que implique retomar el camino del enfrentamiento con Milei. Porque no le conviene políticamente pero, además, porque el resultado es incierto: el gobierno libertario ya es famoso por incumplir los compromisos y las sentencias judiciales.
Para tratar de generar un clima de debate favorable, el gobierno hará foco en las jubilaciones más altas, las que suenan a privilegios de casta en términos mileístas. La Provincia argumenta que los bancarios tienen haberes promedio de 4,5 millones de pesos y que sus 2.000 jubilaciones producen más déficit que 50 mil docentes. Los judiciales, además, perciben 8 millones de pesos por mes. El Suoem y los jubilados de la Municipalidad de Córdoba también están entre los apuntados: son 6.000 y cada uno genera un déficit de 1.000.000 de pesos al mes.
Cualquier medida que se termine aplicando apuntará principalmente a esos tres grupos. El gobierno especula con que puede sacar de ellos un doble rédito: económico y político.
CON INFORMACION DE PUNTUAL.COM





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