ARCA reglamentó la reducción del 50% de las multas, pero advierten que el beneficio sigue siendo insuficiente para las pymes

• ARCA reglamentó mediante la Resolución General 5927 la reducción del 50% de determinadas multas formales.
• El beneficio alcanza a pymes de los tramos 1 y 2, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.
• Los Grandes Contribuyentes quedaron excluidos del régimen de reducción.
• Los beneficiarios deberán regularizar la obligación incumplida hasta el 18 de diciembre de 2026.
• Quienes mantengan controversias deberán allanarse incondicionalmente al reclamo fiscal por el saldo restante.
• Especialistas advierten que las multas continúan siendo elevadas y reclaman mayor proporcionalidad según la gravedad de la infracción y la capacidad económica de las empresas.

La posibilidad de reducir a la mitad determinadas multas por incumplimientos formales ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a tomar forma concreta con la publicación de la reglamentación que establece cómo deberán proceder los contribuyentes para acceder al beneficio. La medida, contemplada en la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, busca aliviar las sanciones aplicadas por incumplimientos administrativos y establecer un mecanismo para regularizar situaciones pendientes. Sin embargo, la reducción ya genera cuestionamientos por el impacto económico que todavía representan las penalidades para las pequeñas y medianas empresas.

A través de la Resolución General 5927, publicada en el Boletín Oficial, el organismo recaudador determinó las condiciones, los plazos y los procedimientos necesarios para solicitar la disminución del 50% de las multas. La disposición alcanza a infracciones relacionadas con obligaciones formales, es decir, incumplimientos que no necesariamente implican evasión, falta de pago de impuestos o una declaración incorrecta de las obligaciones tributarias, sino situaciones vinculadas con demoras o la presentación fuera de término de documentación exigida por el organismo.

El universo de beneficiarios comprende a micro, pequeñas y medianas empresas correspondientes a los tramos 1 y 2, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro. En cambio, los contribuyentes incluidos en la categoría de Grandes Contribuyentes quedaron expresamente excluidos de este régimen de reducción.

La reglamentación establece que podrán incorporarse las multas previstas en los artículos 38 y 39 de la normativa tributaria, con vencimiento desde el 2 de enero de 2026, siempre que las infracciones hayan sido cometidas antes del 9 de octubre de ese mismo año. También se contempla la posibilidad de incluir sanciones que todavía no se encuentren firmes o que, aun habiendo adquirido esa condición, permanezcan impagas.

Uno de los requisitos centrales para acceder al beneficio será subsanar la obligación formal que originó la penalidad. Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive, para completar la presentación o regularización correspondiente. De esta manera, la reducción no funcionará como una condonación automática, sino que estará condicionada al cumplimiento efectivo de aquello que dio lugar a la sanción.

La situación presenta exigencias adicionales para quienes mantienen controversias administrativas o judiciales con el organismo. En esos casos, además de corregir el incumplimiento original, deberán realizar una presentación digital específica mediante los servicios disponibles en la página de ARCA, también antes del 18 de diciembre.

Ese procedimiento implica una consecuencia relevante: el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por el saldo que permanezca pendiente. En términos prácticos, quien haya cuestionado judicial o administrativamente la totalidad de una multa deberá aceptar el reclamo del organismo respecto del importe restante para acceder a la reducción. Por lo tanto, la decisión de acogerse al beneficio supone evaluar no solamente el ahorro económico, sino también la renuncia a continuar discutiendo la procedencia de la sanción.

Un alivio que no alcanza para todos

Las primeras objeciones se concentran en la magnitud de las multas que continúan vigentes incluso después de aplicar las reducciones. Desde el ámbito tributario consideran que el descuento representa un avance, pero advierten que el resultado todavía puede convertirse en una carga difícil de afrontar para numerosas empresas de menor tamaño.

La reducción del 50% prevista en la Ley de Inocencia Fiscal II puede complementarse, en determinados casos, con otro descuento del 25% contemplado en la Ley de Procedimiento Tributario. Sin embargo, aun cuando se aplicaran ambas disminuciones, los importes finales podrían resultar considerablemente elevados.

Un ejemplo permite dimensionar el problema: una penalidad de 3.750.000 pesos por presentar fuera de término la declaración jurada del Libro de IVA Digital, un balance en formato PDF u otra obligación formal similar seguiría representando una erogación importante para una pyme.

El cuestionamiento apunta fundamentalmente a la proporcionalidad de las sanciones. Los incumplimientos administrativos no tienen necesariamente la misma gravedad que las conductas que ocasionan un perjuicio fiscal efectivo. Por eso, sostienen los especialistas, el régimen debería contemplar con mayor precisión la naturaleza de la falta y la capacidad económica del contribuyente.

La discusión plantea un desafío para la política tributaria: conseguir que las sanciones funcionen como un incentivo para cumplir con las obligaciones fiscales, sin transformarse en un factor que comprometa la continuidad de las empresas. La reducción reglamentada por ARCA constituye un alivio respecto del esquema anterior, pero deja abierto el debate sobre si el sistema de multas guarda una relación razonable con las infracciones que pretende corregir.