Barrionuevo y otros 50 sindicatos llevarán a la Justicia al Gobierno por $688.000 millones de las obras sociales

• Un frente de 50 sindicatos, encabezado por Luis Barrionuevo, prepara una acción judicial contra Economía.
• Los gremios reclaman la liberación de $688.000 millones destinados al sistema de obras sociales.
• El planteo apunta contra Luis Caputo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
• Los sindicatos también responsabilizan al ministro de Salud, Mario Lugones, por la falta de respuestas.
• Exigen actualizar el nomenclador de medicamentos, congelado desde hace tres años, y garantizar fondos para prestaciones.
• El frente sindical anticipó que impulsará un paro general de 36 horas con movilización.

Un frente integrado por alrededor de 50 organizaciones sindicales resolvió avanzar judicialmente contra el Ministerio de Economía por la retención de $688.000 millones que, según denuncian, corresponden al sistema de obras sociales. La iniciativa, encabezada por Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), cuenta con el respaldo del Sindicato de Comercio que conduce Armando Cavalieri y apunta directamente contra el ministro Luis Caputo.

Los gremios sostienen que el Gobierno mantiene inmovilizados recursos destinados al financiamiento de las prestaciones médicas de los trabajadores y sus familias. En la presentación judicial, que también involucra responsabilidades de funcionarios del área económica, se planteará la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El monto reclamado está compuesto por dos partidas. Una de ellas asciende a $288.000 millones correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución, que actualmente se encuentran colocados en un plazo fijo en el Banco Nación. La otra alcanza los $400.000 millones depositados en Fondos FIMA y está vinculada con deudas por aportes de adherentes voluntarios.

Para los dirigentes sindicales, la falta de disponibilidad de esos recursos profundiza los problemas financieros de las obras sociales, que deben afrontar prestaciones, tratamientos y medicamentos en un contexto de mayores dificultades para sostener sus servicios.

El Ministerio de Salud, también en la mira

La ofensiva gremial no se concentra exclusivamente en Economía. Los sindicatos también responsabilizan al ministro de Salud, Mario Lugones, por la falta de respuestas ante los reclamos y por no haber impulsado medidas para resolver la situación.

Los representantes sindicales señalaron que mantuvieron tres reuniones con el funcionario, pero aseguraron que ninguno de esos encuentros terminó con una propuesta concreta. El último tuvo lugar en la sede de SOMRA, donde los dirigentes volvieron a plantear la necesidad de liberar los fondos y adoptar medidas para evitar un deterioro mayor de la cobertura médica.

En ese marco, cuestionaron que el 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destine actualmente a prestaciones vinculadas con discapacidad. Según su planteo, esa distribución deja recursos insuficientes para atender tratamientos de alta complejidad y garantizar la provisión de medicamentos.

Entre las demandas también figura la actualización del nomenclador de medicamentos, que, de acuerdo con los gremios, permanece congelado desde hace tres años. Consideran que la falta de actualización agrava las dificultades de financiamiento y limita la capacidad de respuesta de las obras sociales frente a los costos de las prestaciones.

Además de Barrionuevo y Cavalieri, participa del reclamo la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Capital, conducida por Roberto Bonetti, junto con otras organizaciones sindicales que decidieron coordinar una estrategia común.

Un reclamo judicial que puede derivar en un paro general

La decisión de recurrir a la Justicia se complementa con una definición en el terreno gremial. Los sindicatos anticiparon que no respaldarán una medida de fuerza limitada y que buscarán avanzar con un paro general de 36 horas acompañado de una movilización.

La protesta sería una respuesta a las políticas del gobierno de Javier Milei y se sumaría a las acciones judiciales destinadas a reclamar la liberación de los fondos. De esta manera, el conflicto por los recursos de las obras sociales podría convertirse en uno de los principales ejes de confrontación entre un sector del sindicalismo y la administración nacional.

Los dirigentes consideran que la disponibilidad de los fondos resulta indispensable para sostener las prestaciones y evitar nuevas restricciones en la atención de los afiliados. Por eso, exigen que el Ministerio de Economía destrabe los recursos reclamados y que el área sanitaria presente medidas concretas para atender las necesidades del sistema.

El ministro Lugones quedó particularmente expuesto en el reclamo sindical. Los gremios sostienen que, como responsable político del área de Salud, debe intervenir para evitar un deterioro mayor de la cobertura y responder a los planteos formulados durante las reuniones.

La presentación judicial buscará determinar las responsabilidades por la retención de los recursos, mientras que la eventual convocatoria a un paro de 36 horas anticipa que el conflicto podría trasladarse también a las calles. El reclamo reúne así dos frentes de presión: la disputa por los $688.000 millones y la exigencia de cambios en el funcionamiento y financiamiento de las obras sociales.