El contrabando y la subfacturación provocarían una pérdida fiscal de casi USD 2.900 millones y frenarían la creación de 11.300 empleos

• El contrabando y la subfacturación provocarían una pérdida fiscal de USD 2.855 millones durante 2026 en los 15 sectores relevados.
• Las bebidas espirituosas encabezan las pérdidas estimadas, con USD 1.400 millones, seguidas por textiles e indumentaria, con USD 470 millones.
• La perfumería árabe registra la mayor participación de mercadería ilegal, con un 83% del mercado abastecido mediante contrabando.
• El estudio calcula que estas prácticas impiden generar 11.300 empleos formales en siete actividades industriales.
• Los cambios en los controles aduaneros y la ampliación de los envíos por courier forman parte de las advertencias sobre la fiscalización de las importaciones.
• Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en un índice internacional de comercio ilícito y el puesto 16 entre 193 naciones por criminalidad asociada a bienes gravados.

El avance del comercio ilegal se convirtió en un problema que atraviesa distintas actividades de la economía argentina y que genera consecuencias tanto para las empresas como para las cuentas públicas. Desde bebidas alcohólicas y cigarrillos hasta celulares, indumentaria, juguetes y perfumes, la circulación de mercadería ingresada irregularmente o declarada por debajo de su valor real representa una pérdida millonaria para el Estado. Un relevamiento sobre 15 sectores productivos estimó que durante 2026 la evasión asociada al contrabando y la subfacturación alcanzaría los USD 2.855 millones, mientras que estas prácticas impedirían la creación de 11.300 puestos de trabajo registrados.

El estudio, correspondiente a octubre de 2026, examinó el impacto de estas modalidades sobre la recaudación tributaria, la producción industrial y el empleo. Sus conclusiones advierten que el fenómeno mantiene una presencia significativa incluso en un escenario de consumo debilitado y apertura comercial. Además, aclaran que los 15 sectores relevados representan apenas el 2,6% del Producto Bruto Interno y el 14,5% de la producción manufacturera, por lo que las pérdidas calculadas no abarcan la totalidad de las actividades económicas.

Del monto total estimado que dejaría de ingresar a las arcas públicas, USD 2.283 millones corresponden al contrabando y otros USD 572 millones a la subfacturación de importaciones. Mientras que el primero implica el ingreso ilegal de productos al país, la segunda práctica consiste en declarar valores inferiores a los reales para reducir las obligaciones tributarias.

La actividad más afectada en términos fiscales es la comercialización de bebidas espirituosas, con una pérdida calculada en USD 1.400 millones. En segundo lugar aparece el sector textil y de indumentaria, con USD 470 millones, seguido por los cigarrillos, con USD 255 millones, y los agroquímicos, con USD 230 millones. Los celulares completan los primeros cinco lugares, con un perjuicio estimado de USD 205 millones.

También aparecen los neumáticos, juguetes y yerba mate, con pérdidas de entre USD 50 y 55 millones cada uno. El resto de las actividades comprende calzado deportivo y no deportivo, marroquinería, perfumería árabe, electrodomésticos y televisores.

La incidencia del comercio ilegal presenta diferencias importantes según el rubro. El caso más significativo es el de los perfumes árabes, donde se calcula que el 83% del mercado corresponde a mercadería de contrabando. En los celulares, esa participación alcanza el 40%, mientras que en los juguetes llega al 33%.

En otros segmentos predomina la subfacturación. El 30% de las importaciones textiles y de marroquinería estaría declarado por debajo de su valor real. En televisores, la proporción llega al 25%; en pequeños electrodomésticos, al 22%, y en línea blanca, al 16%.

El impacto sobre las cuentas públicas también puede dimensionarse a partir de su equivalencia con distintos tributos. Los USD 2.855 millones representan el 120% de la recaudación de Impuestos Internos y el 160% de lo obtenido por Bienes Personales. Asimismo, equivalen aproximadamente a una cuarta parte de los ingresos del Impuesto al Cheque. Según el relevamiento, esos recursos permitirían financiar unas 2.400 escuelas, 120 centros de salud ambulatorios o 2.250 kilómetros de rutas nacionales.

El empleo industrial constituye otra de las consecuencias señaladas. El estudio estimó que el contrabando impide generar 11.300 puestos formales en siete actividades analizadas, una cifra equivalente a un incremento potencial del 22% respecto de los aproximadamente 51.500 trabajadores registrados que ocupaban esos sectores en 2025.

La yerba mate concentra 3.400 empleos potenciales, seguida por los juguetes, con 2.600, y los celulares, con 1.900. También se identificaron posibilidades de creación de puestos en cigarrillos, agroquímicos, neumáticos y calzado deportivo. El cálculo contempla exclusivamente el contrabando y no la subfacturación, debido a que esta última involucra operaciones de importación registradas formalmente.

El informe también cuestionó las limitaciones de los controles aduaneros y advirtió sobre los efectos de los cambios introducidos desde 2024. Entre ellos mencionó la eliminación de determinadas inspecciones obligatorias, la supresión de los valores criterio de importación y la ampliación del régimen de envíos por courier, cuyo límite pasó de USD 1.000 a USD 3.000 por operación.

Finalmente, el relevamiento incorporó indicadores internacionales que muestran dificultades de Argentina para combatir el comercio ilícito. En una clasificación de 158 países, el país ocupó el puesto 120, mientras que otro índice internacional lo ubicó en el puesto 16 entre 193 naciones por criminalidad vinculada con bienes gravados. El diagnóstico plantea que la apertura comercial necesita mecanismos de fiscalización, trazabilidad y control capaces de evitar que la competencia con productos ilegales termine perjudicando a las empresas formales, el empleo y la recaudación tributaria.