El Fondo de Asistencia Laboral podría demorar su puesta en marcha por un pedido del mercado de capitales

• El Fondo de Asistencia Laboral tiene previsto comenzar a funcionar el 1° de noviembre.
• Las cámaras del mercado de capitales solicitaron una prórroga de un mes.
• Las entidades argumentan que la reglamentación definitiva llegó con poco margen para realizar adecuaciones.
• El esquema contempla aportes patronales del 2,5% para pymes y del 1% para grandes empresas.
• Las cámaras también pidieron extender de seis a doce meses el período de carencia para organizar las inversiones.
• Una demora más allá de diciembre requeriría una modificación de la reforma laboral por parte del Congreso.

La implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), prevista para el 1° de noviembre, enfrenta la posibilidad de una nueva postergación. Las principales cámaras del mercado de capitales solicitaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) extender un mes el plazo de inicio, debido a las dificultades para completar las adecuaciones operativas y tecnológicas necesarias para administrar los recursos.

El planteo fue presentado conjuntamente por la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB). A su vez, la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) elevó una presentación propia. Hasta el momento, las entidades no habían recibido una respuesta oficial sobre la solicitud.

Uno de los argumentos centrales de las cámaras es el escaso tiempo disponible para adaptar sus sistemas a las disposiciones definitivas. La reglamentación de la CNV se publicó a mediados de septiembre, mientras que las normas correspondientes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se conocieron el 1° de octubre. Según las entidades, la sucesión de esas publicaciones redujo el margen para organizar los procedimientos administrativos, tecnológicos y financieros antes de la fecha prevista.

La cuestión también tiene una dimensión económica para los operadores. De mantenerse el calendario actual, las entidades podrían verse obligadas a presentar un balance anual por un período de actividad de apenas un mes de aportes, con los costos administrativos que esa exigencia supone. Por ese motivo, consideran que una prórroga permitiría ordenar la puesta en marcha y evitar gastos asociados a un período operativo demasiado breve.

El pedido, sin embargo, tiene límites legales. La implementación podría demorarse un mes adicional, pero una postergación que se extienda más allá de diciembre requeriría modificar la reforma laboral mediante una intervención del Congreso. Por lo tanto, el margen para introducir cambios en el cronograma sin una nueva decisión legislativa es acotado.

El esquema establece que, desde el 1° de noviembre, las contribuciones patronales destinadas al FAL se canalizarán mediante Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), administrados por entidades habilitadas. Las empresas del universo pyme deberán aportar el 2,5%, mientras que para las grandes compañías la contribución prevista será del 1%.

Durante las últimas semanas, la CNV avanzó en la definición de las condiciones para los instrumentos que administrarán esos recursos. La normativa estableció los requisitos para los vehículos de inversión, amplió las alternativas de activos habilitados y fijó mecanismos para identificar a las empresas participantes. También contempló procedimientos de asignación de oficio para aquellas compañías que no seleccionen un fondo dentro de los plazos correspondientes.

A las dificultades de adaptación se suma otro pedido de las entidades: extender de seis a doce meses el período de carencia previsto para organizar las carteras de inversión. La intención es otorgar a los administradores más tiempo para estructurar los portafolios, cumplir con las reglas de diversificación y seleccionar activos de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Esa modificación tendría consecuencias sobre la disponibilidad de los recursos. Si se concreta la extensión solicitada, los fondos podrían utilizarse recién después de las elecciones de 2027, según el planteo presentado por las cámaras. De este modo, la discusión no se limita a la fecha de inicio del mecanismo, sino que también alcanza los plazos para organizar y utilizar el dinero administrado.

Las entidades señalaron, además, que el cronograma coincide prácticamente con las ventanas de portabilidad previstas para junio y diciembre. Ese procedimiento permite que las empresas transfieran sus recursos a otro vehículo de inversión o prestador. Un margen mayor para la implementación facilitaría la organización inicial de las carteras antes de afrontar esos movimientos.

La decisión final quedará en manos de las autoridades regulatorias. Mientras el Gobierno mantiene el 1° de noviembre como fecha prevista, las cámaras reclaman más tiempo para adecuarse a las normas y reducir los costos de una puesta en marcha acelerada. Una eventual prórroga también modificaría el calendario de ingreso de los aportes, en un período en el que la recaudación de noviembre y diciembre podría tener un impacto limitado sobre las cuentas públicas.