Bullrich exige explicaciones por las actuaciones de la Procuración Penitenciaria en el cierre de Devoto

• Patricia Bullrich presentó un proyecto para exigir explicaciones a la Procuración Penitenciaria.
• El pedido contiene nueve requerimientos y debe ser aprobado por el Senado.
• La Cámara confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo sobre los traslados desde Devoto.
• La Justicia exigió notificaciones con 72 horas de anticipación y acceso para los inspectores.
• Un total de 609 detenidos fue trasladado a Marcos Paz durante las primeras dos jornadas.
• La Procuración sostiene que busca garantizar la legalidad y los derechos de las personas detenidas.

La reorganización del sistema penitenciario federal abrió un nuevo frente de tensión institucional entre el Gobierno y la Procuración Penitenciaria de la Nación. La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para que Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo del organismo, explique sus intervenciones judiciales y administrativas durante el traslado de detenidos desde la cárcel de Devoto hacia el complejo federal de Marcos Paz.

La iniciativa ingresó al Senado el miércoles 14 de octubre y contiene nueve requerimientos de información. Bullrich solicita que el funcionario presente un informe detallado, documentado y por escrito dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación del proyecto. El pedido todavía debe recibir el aval de la Cámara para convertirse en un requerimiento formal.

El principal cuestionamiento de la legisladora apunta a lo que considera una contradicción entre los reclamos históricos por las condiciones de alojamiento en Devoto y las actuaciones judiciales de la Procuración frente al cierre del establecimiento. En los fundamentos, define al penal, inaugurado en 1927, como obsoleto y sostiene que las mesas de trabajo promovidas por el organismo pueden demorar la relocalización de los internos y obstaculizar el cumplimiento del acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

La disputa se desarrolla en paralelo a una resolución judicial que confirmó el rechazo de un hábeas corpus colectivo presentado por la Procuración. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó la decisión de primera instancia, aunque estableció condiciones para garantizar las comunicaciones sobre futuros traslados y el acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.

La presentación judicial había alcanzado a 326 detenidos. La Procuración cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar anticipadamente a las defensas y a los juzgados correspondientes. También advirtió sobre las consecuencias para los internos que cursaban estudios en el Centro Universitario Devoto, mediante el programa UBA XXII, y para quienes contaban con salidas transitorias.

El juez Santiago Bignone rechazó la acción colectiva al considerar que no se había acreditado una afectación general actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. La Cámara sostuvo ese criterio y entendió que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados realizados. No obstante, ordenó exigir al Servicio Penitenciario Federal el cumplimiento del protocolo que establece comunicaciones a los tribunales y las defensas con al menos 72 horas de anticipación, además de garantizar el ingreso del personal de la Procuración para realizar inspecciones.

El traslado comenzó el domingo 11 de octubre. Durante las primeras dos jornadas fueron llevadas 609 personas a Marcos Paz, más del 40% de la población de Devoto. El nuevo complejo dispone de una capacidad total de 2.232 plazas.

Entre los puntos del proyecto, Bullrich solicita explicaciones sobre la incorporación de camas dobles en establecimientos federales, los criterios para distribuir las vacantes disponibles y las alternativas para ampliar la infraestructura penitenciaria. También pregunta por la posible transferencia a la Ciudad de competencias sobre detenidos por delitos no federales y por la construcción de instalaciones modulares con 400 plazas adicionales.

Otro apartado aborda las condiciones para mantener el contacto de los internos con sus familias y las diferencias entre las inspecciones realizadas en dependencias federales y las correspondientes a establecimientos de la Policía de la Ciudad. La senadora también requiere información sobre posibles vínculos laborales entre antiguos integrantes de la Procuración y áreas penitenciarias del Gobierno porteño, con el propósito de conocer los mecanismos de resguardo de la independencia institucional. El planteo no implica, por sí mismo, que exista un conflicto de intereses.

El último requerimiento se concentra en las restricciones al ingreso de teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad, una cuestión que Bullrich relaciona con las medidas destinadas a impedir que las organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.

Cejas Meliare conduce la Procuración por la vacancia de su titularidad. El organismo, creado por la Ley 25.875, cuenta con autonomía funcional y atribuciones para inspeccionar establecimientos, evaluar las condiciones de detención y promover acciones de protección de derechos. La administración del sistema penitenciario federal, en cambio, corresponde al Poder Ejecutivo.

Tras el fallo judicial, la Procuración sostuvo que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de las plazas, sino que busca garantizar planificación, transparencia y respeto por la legislación vigente. Bullrich mantiene una posición diferente sobre el alcance de esas intervenciones y considera que pueden interferir con la política de traslado. La definición parlamentaria del proyecto y el cumplimiento de las garantías ordenadas por la Justicia serán los próximos pasos de una controversia que combina la reorganización penitenciaria con el alcance de las facultades de cada institución.