Tolosa Paz acusó al Gobierno de recortar el Plan Remediar y trasladar el costo a las provincias

• Victoria Tolosa Paz acusó al Gobierno de reducir la cobertura del Plan Remediar y trasladar los costos a las provincias.
• La Resolución 1447/2026 reemplazó el listado de 128 medicamentos por seis principios activos destinados a la salud cardiovascular.
• Entre los productos excluidos figuran medicamentos para la diabetes, trastornos tiroideos, afecciones respiratorias e infecciones.
• El presupuesto del programa cayó un 72% en términos reales entre 2023 y 2026.
• Los tratamientos entregados disminuyeron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025.
• La oposición y organismos de defensa ciudadana advirtieron sobre el impacto sanitario y reclamaron medidas para garantizar los tratamientos.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz cuestionó al Gobierno de Javier Milei por reducir el alcance del Plan Remediar, que pasó de contemplar 128 medicamentos esenciales a incluir solamente seis principios activos. La legisladora advirtió que la decisión del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, traslada responsabilidades a las provincias, aumenta la presión sobre sus presupuestos y puede afectar el acceso de miles de personas a tratamientos médicos.

La modificación quedó formalizada mediante la Resolución 1447/2026, publicada en el Boletín Oficial, que derogó la normativa de 2021 y estableció un nuevo listado de medicamentos. El cambio concentra la cobertura nacional en tratamientos destinados a prevenir y tratar enfermedades cardiovasculares, mientras excluye productos utilizados para atender otras patologías.

Tolosa Paz puso el foco en las consecuencias de esa reducción y cuestionó que el Estado nacional deje de centralizar la provisión de medicamentos que anteriormente formaban parte del programa. Según planteó, las administraciones provinciales deberán afrontar los costos de aquellos tratamientos que quedaron fuera del nuevo esquema, mientras las familias podrían verse obligadas a destinar más recursos de sus ingresos para acceder a ellos.

El nuevo listado incluye ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. De acuerdo con la justificación oficial, la modificación busca fortalecer las intervenciones farmacológicas contra las enfermedades vasculares, consideradas la primera causa de mortalidad del país. Para ello, la cobertura quedó vinculada con el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030.

Sin embargo, entre los medicamentos excluidos figuran la levotiroxina, utilizada para tratar trastornos de la tiroides; la metformina, indicada para la diabetes; la amoxicilina, un antibiótico; el salbutamol, empleado en afecciones respiratorias; el fluconazol, la loratadina y los anticonceptivos. La salida de estos productos del listado nacional modifica las condiciones de acceso para quienes dependían de su provisión a través del Remediar.

Tolosa Paz reclamó explicaciones a Lugones

La legisladora sostuvo que la reducción de la cobertura no elimina los costos de la atención sanitaria, sino que los desplaza hacia otras jurisdicciones y los hogares. En ese sentido, reclamó que Lugones brinde explicaciones ante el Congreso y cuestionó que el superávit fiscal se priorice frente a las necesidades de acceso a los medicamentos.

Los datos presupuestarios aportan otra dimensión al debate. De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación, los recursos destinados al Plan Remediar cayeron un 72% en términos reales entre 2023 y 2026. A su vez, la cantidad de tratamientos entregados descendió de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025, una reducción del 52%.

La normativa que estableció el nuevo esquema también señala que tanto el listado de medicamentos como el Plan Nacional de Salud Vascular no implican erogaciones presupuestarias adicionales. En ese contexto, las provincias deberán decidir cómo responder a las necesidades de los pacientes que quedaron fuera de la cobertura nacional.

La situación genera especial preocupación en Chaco, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Misiones, jurisdicciones que concentran una mayor proporción de población con cobertura pública exclusiva y cuentan con menor capacidad fiscal para compensar los faltantes. En Chaco, los tratamientos dispensados disminuyeron un 72,4% entre 2024 y 2025.

El impacto potencial sobre la atención sanitaria también motivó un reclamo de la Defensoría del Pueblo de Formosa, que, en su carácter de vicepresidenta de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, exigió al Gobierno nacional un plan de contingencia inmediato frente a lo que calificó como un vaciamiento del programa.

El organismo advirtió que la interrupción de tratamientos puede provocar descompensaciones, agravamiento de cuadros clínicos e internaciones evitables, con consecuencias adicionales para las guardias hospitalarias.

Crece la preocupación por el traslado de responsabilidades

Los cuestionamientos se extendieron a otros referentes del área sanitaria. El diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Yedlin advirtió que retirar la cobertura nacional de medicamentos esenciales puede tener consecuencias graves en un escenario marcado por las dificultades de financiamiento de las provincias, la crisis del sistema de seguridad social y el endeudamiento de las familias.

En abril, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también había reclamado que el Gobierno nacional declarara la emergencia sanitaria. En esa oportunidad, cuestionó el ajuste sobre la salud pública y la transferencia de responsabilidades a las administraciones provinciales.

Por su parte, la ministra de Salud de Santa Cruz, Lorena Ross, había anticipado que la provincia se haría cargo de los medicamentos que la Nación dejara de enviar.

La controversia por el Remediar expone así el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y referentes de la oposición por el financiamiento de la atención sanitaria. Mientras la administración de Milei sostiene que la nueva orientación permitirá concentrar los recursos en la salud vascular, Tolosa Paz y otros dirigentes cuestionan el recorte de la cobertura y advierten sobre las dificultades que tendrán las provincias y las familias para garantizar la continuidad de los tratamientos.