Malena Galmarini acusó a Monteoliva de utilizar infiltrados durante la marcha universitaria

• Malena Galmarini acusó a Alejandra Monteoliva de utilizar infiltrados durante la marcha universitaria.
• La legisladora cuestionó el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Congreso.
• Galmarini reclamó distinguir entre el mantenimiento del orden público y la represión.
• La dirigente también defendió la educación, el empleo digno y la protección de las personas con discapacidad.
• Monteoliva denunció hechos de violencia y defendió la actuación de las fuerzas de seguridad.
• La ministra advirtió que quienes cometan agresiones o daños deberán responder ante la Justicia.

Los incidentes registrados frente al Congreso durante la quinta Marcha Federal Universitaria abrieron un nuevo frente de confrontación política entre dirigentes del oficialismo y la oposición. La legisladora bonaerense y referente del Frente Renovador, Malena Galmarini, cuestionó a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la acusó de recurrir a infiltrados durante la movilización. La funcionaria, por su parte, había repudiado los hechos de violencia y advertido que quienes cometieran delitos deberían responder ante la Justicia.

El cruce se produjo después de que Monteoliva difundiera en sus redes sociales un video con imágenes de los enfrentamientos y destrozos ocurridos en las inmediaciones del Palacio Legislativo. En respuesta a esa publicación, Galmarini escribió: “Ministra, con respeto, sabemos que esos son SUS infiltrados”. La acusación elevó el tono de una controversia que, además de las responsabilidades por los incidentes, puso en discusión el alcance de los operativos de seguridad durante las protestas sociales.

La dirigente opositora acompañó su mensaje con una referencia musical de fuerte contenido político. Citó fragmentos de “Yo pisaré las calles nuevamente”, la canción del cantautor cubano Pablo Milanés, en la que se expresa la expectativa de una recuperación colectiva después de un período de destrucción. A partir de esa evocación, Galmarini cuestionó el comportamiento de las fuerzas de seguridad y reclamó que se aplicara la ley a quienes, según su planteo, hubieran participado de los hechos.

“¿No debería caerles el peso de la ley? ‘El que las hace, las paga’, ¿no?”, planteó la legisladora, en un mensaje dirigido a la titular de la cartera nacional. De ese modo, puso el foco en la responsabilidad que atribuye al Gobierno por el desarrollo del operativo y reclamó que las autoridades no limitaran sus advertencias a los manifestantes, sino que también respondieran por sus propias actuaciones.

Galmarini buscó diferenciar la necesidad de garantizar la seguridad pública de las políticas que considera represivas. “Argentina necesita orden que no es lo mismo que represión. Necesita seguridad y para eso cada fuerza debe cumplir su rol y no correr atrás de sus caprichos”, sostuvo. La afirmación constituyó el eje de su cuestionamiento, al señalar que el mantenimiento del orden no debería confundirse con el uso de la fuerza contra quienes participan de una movilización.

En el mismo mensaje, la dirigente amplió sus críticas hacia otras áreas de la gestión nacional. Mencionó la importancia de defender la educación, promover el empleo con salarios dignos y acompañar a las personas que atraviesan dificultades o viven con discapacidades. También cuestionó la política oficial sobre los recursos naturales, al reclamar que fueran protegidos en lugar de ser rematados.

El cierre de su publicación estuvo marcado por una advertencia sobre las consecuencias políticas y sociales de los episodios ocurridos frente al Congreso. Galmarini sostuvo que las escenas de violencia evocaban períodos oscuros de la historia argentina y concluyó con una frase destinada a reivindicar la capacidad de resistencia de la sociedad ante situaciones que considera preocupantes.

Monteoliva había fijado una posición opuesta sobre los acontecimientos. Antes del intercambio con la dirigente del Frente Renovador, la ministra calificó a los protagonistas de los incidentes como “los mismos violentos de siempre” y afirmó que buscaban desafiar a las fuerzas de seguridad y convertir las calles en una zona liberada. Su mensaje procuró separar el derecho a protestar de las conductas que, según indicó, implicaron agresiones y daños.

Durante la movilización, las fuerzas de seguridad desplegaron el protocolo antipiquetes, con camiones hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a los sectores que arrojaron objetos contundentes e intentaron superar el vallado del Congreso. La actuación del operativo quedó así en el centro de las discusiones posteriores, junto con las imágenes de los enfrentamientos difundidas por la propia ministra.

La titular de Seguridad insistió en que el derecho a manifestarse no habilita el ejercicio de la violencia y advirtió que quienes agredan a efectivos policiales, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. “En Argentina, nadie está por encima de la ley”, afirmó.

El intercambio dejó expuestas dos interpretaciones enfrentadas de los mismos acontecimientos. Mientras Monteoliva defendió la intervención policial y reclamó sanciones para los responsables de los disturbios, Galmarini puso en duda el accionar de las autoridades y formuló una acusación directa contra el dispositivo de seguridad. La controversia trasladó al terreno político una discusión que combina el derecho a la protesta, la prevención de la violencia y la responsabilidad de quienes tienen a su cargo garantizar el orden público.