El Gobierno busca acelerar la reforma electoral mientras negocia con los gobernadores aliados rumbo a 2027

• El Gobierno busca eliminar las PASO como parte de su estrategia electoral para 2027.
• La mesa política debate si octubre o diciembre debe ser el límite para avanzar con la reforma.
• Diego Santilli encabeza las negociaciones con los gobernadores aliados para conseguir respaldos legislativos.
• Martín Menem sostiene que existe margen para tratar la iniciativa hasta el 10 de diciembre.
• Varios mandatarios provinciales pretenden incorporar las colectoras para preservar sus identidades políticas.
• El oficialismo no descarta una contrapropuesta y evalúa extender las negociaciones hasta principios de 2027.

La eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se convirtió en uno de los principales objetivos legislativos del Gobierno de Javier Milei para reorganizar el escenario político de cara a las presidenciales de 2027. Sin embargo, las diferencias internas sobre los plazos para tratar la iniciativa y las demandas de los gobernadores aliados abrieron una discusión dentro del oficialismo, que busca asegurar los votos necesarios sin resignar capacidad de negociación con las provincias.

Con el proyecto presentado en el Senado, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las conversaciones destinadas a sumar respaldos provinciales. La estrategia se desarrolla mientras la mesa política del Gobierno analiza el calendario legislativo y las condiciones necesarias para avanzar con una reforma que considera importante para el armado electoral del oficialismo.

La discusión sobre los tiempos se intensificó ante el pedido de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de que cualquier modificación del sistema electoral se implemente con suficiente anticipación respecto de las próximas elecciones presidenciales. Dentro del círculo más cercano a la conducción libertaria, una parte de los funcionarios considera que octubre constituye el plazo decisivo para conseguir avances concretos, aunque otros admiten que el debate podría prolongarse.

La postura más exigente sostiene que el oficialismo debería llegar al 31 de octubre con media sanción de la reforma. Desde ese sector advierten que, si no se alcanza ese objetivo, será necesario revisar la estrategia política y parlamentaria. La posición refleja la preocupación por evitar que las diferencias entre los aliados terminen demorando una iniciativa que el Gobierno pretende incorporar a su agenda prioritaria.

En cambio, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, considera que existe margen para avanzar hasta el 10 de diciembre. El dirigente también cuestiona el costo que representa para el Estado la organización de las PASO y sostiene la necesidad de revisar un mecanismo que el oficialismo busca eliminar.

Las diferencias no se limitan al calendario legislativo. También existen matices sobre la manera de construir acuerdos con los gobernadores y el peso que deben tener las estructuras provinciales dentro del armado electoral libertario. Mientras Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, procuran acelerar las negociaciones, los primos Martín y Eduardo Menem buscan preservar la construcción territorial del espacio en el interior del país.

En ese contexto, el Ejecutivo abrió una ronda de conversaciones con los 13 gobernadores aliados. Las reuniones incluyen tanto el tratamiento de la reforma electoral como las condiciones políticas para las elecciones de 2027. Algunos mandatarios ya anticiparon su respaldo a la iniciativa, aunque mantienen demandas que buscan incorporar al proyecto antes de cerrar un acuerdo definitivo.

Entre los planteos provinciales aparece la posibilidad de incluir las colectoras, un mecanismo que permite a distintos partidos presentar listas propias y adherir a una misma candidatura presidencial o a gobernador. Los mandatarios interesados en esa alternativa consideran que conservar sus identidades partidarias puede resultar importante en un escenario de polarización, en el que las estructuras locales podrían perder visibilidad si quedan integradas exclusivamente a las listas de La Libertad Avanza.

Desde la mesa política reconocen que existe coincidencia general sobre la necesidad de avanzar con cambios electorales, aunque admiten diferencias respecto de su alcance. Por ese motivo, el oficialismo no descarta analizar una contrapropuesta que permita acercar posiciones con sus aliados y facilitar el tratamiento parlamentario.

Otra parte del Gobierno considera que las negociaciones podrían extenderse hasta principios de 2027. Desde esa perspectiva, demorar el cierre de los acuerdos permitiría al Poder Ejecutivo conservar herramientas para negociar con los mandatarios provinciales y obtener mayores concesiones políticas.

Las conversaciones alcanzaron uno de sus momentos de mayor intensidad en París, durante la Argentina Week. Después de esos contactos, Santilli se propuso mantener encuentros individuales con los gobernadores que participaron del viaje a Francia, con el objetivo de convertir las expresiones de apoyo en compromisos concretos.

La disputa por el calendario, las colectoras y el alcance de los acuerdos provinciales expone así una tensión central para el oficialismo: acelerar una reforma que considera estratégica para 2027 sin perder margen para negociar con quienes pueden resultar determinantes en el Congreso. El desafío será transformar los acercamientos políticos en votos suficientes para avanzar con la iniciativa.