Milei busca ampliar el crédito y transformar el mercado de capitales con 11 cambios regulatorios

• El Gobierno prepara una reforma del mercado de capitales con 11 modificaciones regulatorias.
• El proyecto busca simplificar emisiones, ampliar garantías y facilitar el financiamiento de empresas y pymes.
• Las Obligaciones Negociables ajustadas por UVA ampliarían las alternativas de financiamiento corporativo.
• BYMA y los agentes del mercado podrían beneficiarse de una mayor liquidez y actividad bursátil.
• Los efectos sobre las acciones dependerán de la implementación de la reforma y de la evolución económica.
• FIEL advierte que la fragmentación del mercado y el predominio del crédito de corto plazo limitan el desarrollo financiero argentino.

El Gobierno de Javier Milei prepara una reforma del mercado de capitales con la que pretende ampliar las alternativas de financiamiento para las empresas, facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas compañías y atraer los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero. La iniciativa, que el ministro Federico Sturzenegger enviará al Congreso en los próximos días, contempla 11 modificaciones regulatorias cuyo impacto dependerá de su aprobación legislativa, su implementación y la evolución de la economía.

El proyecto propone cambios en las leyes de Mercado de Capitales y de Fondos Comunes de Inversión, además de modificaciones en el régimen de Obligaciones Negociables y en las normas que regulan instrumentos como fideicomisos, warrants, pagarés y tarjetas de crédito. El objetivo oficial es reducir trabas burocráticas, simplificar las emisiones y ampliar las herramientas disponibles para financiar la actividad productiva.

Entre las medidas más relevantes figura la autorización para emitir Obligaciones Negociables denominadas en unidades de valor adquisitivo (UVA), ajustadas por inflación. Según Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, esa alternativa, junto con las autorizaciones automáticas y la reducción de los plazos de emisión, podría abaratar y agilizar el financiamiento, especialmente para las pymes.

El especialista considera que existe un amplio margen para desarrollar el sector, dado que el mercado de capitales argentino representa actualmente entre el 7% y el 8% del Producto Bruto Interno. Una mayor variedad de instrumentos también permitiría a los inversores diversificar sus carteras y ofrecería a las compañías nuevas vías para obtener recursos destinados a sus proyectos.

El impacto bursátil dependerá de la evolución económica

La reforma podría beneficiar a las acciones argentinas en el mediano y largo plazo. Un mercado más profundo puede mejorar la liquidez, reducir los costos de financiamiento empresarial y favorecer las valuaciones bursátiles. Sin embargo, esos efectos no serían inmediatos y dependerán tanto de la reglamentación como de la estabilidad macroeconómica.

Entre los posibles beneficiarios directos se encuentran BYMA, la principal bolsa de valores del país, y los agentes que participan en el mercado. En el sector bancario, parte del crédito corporativo podría trasladarse hacia el mercado de capitales, aunque entidades con una presencia importante en esa actividad, como Galicia, Macro y Supervielle, tendrían oportunidades para intervenir como organizadoras y colocadoras de emisiones.

El analista Gustavo Ber también considera que la desregulación y la simplificación pueden contribuir al desarrollo del mercado en el largo plazo. No obstante, advierte que, en el corto plazo, las cotizaciones continuarán condicionadas por la coyuntura política y económica, la desaceleración de la inflación y la posibilidad de que la recuperación de la actividad llegue a las empresas.

Gastón Lentini, por su parte, destaca que profundizar el crédito puede dinamizar el financiamiento, aunque advierte sobre los riesgos de incumplimiento cuando la expansión se produce sin suficientes recaudos. En su evaluación, ese peligro podría ser menor si las medidas se concentran principalmente en operaciones vinculadas con empresas.

Las garantías y los instrumentos de financiamiento, en el centro de la reforma

Entre los 11 cambios previstos se incluyen la creación de un Registro Federal de Garantías administrado por el Banco Central, la ampliación de los bienes que pueden respaldar créditos y la posibilidad de constituir segundas o terceras prendas sin autorización del primer acreedor. También se eliminaría el monopolio bancario sobre determinados mecanismos de ejecución de garantías.

La propuesta busca facilitar el uso de pagarés y letras de cambio, reducir intermediarios en las facturas de crédito electrónicas MiPyme, modificar el régimen de crowdfunding y permitir que los comercios financien créditos originados en operaciones con tarjetas sin depender exclusivamente de los bancos. Además, plantea eliminar el régimen regulatorio específico de los planes de ahorro y capitalización, que pasarían a regirse por el Código Civil y Comercial y las normas de Defensa del Consumidor, con una intervención menor de la Inspección General de Justicia. También incorporaría a la ley las autorizaciones automáticas para determinadas emisiones, sujetas a fiscalización posterior.

El diagnóstico de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) apunta a problemas estructurales que exceden las regulaciones. La fragmentación de los mercados, la falta de homogeneidad operativa, la escasa cantidad de empresas listadas y el predominio de instrumentos de corto plazo limitan la liquidez y dificultan el financiamiento de proyectos de expansión.

La entidad sostiene que un mercado de capitales más desarrollado puede mejorar la asignación de recursos, reunir el ahorro disperso y contribuir a distribuir los riesgos financieros. Sin embargo, advierte que esa expansión también requiere controles adecuados para evitar desequilibrios sistémicos.

La consolidación de los mercados, la modernización tecnológica, una mayor transparencia y la incorporación de instrumentos de largo plazo aparecen entre las condiciones necesarias para que la reforma alcance sus objetivos. El desafío del Gobierno será convertir los cambios legales en más crédito, inversión y financiamiento productivo, en un contexto en el que la estabilidad macroeconómica seguirá siendo determinante.