La justicia en el banquillo y la paradoja que sacude a la Cámara Federal de Córdoba

Hay situaciones que parecen salidas de una novela. La Biblia junto al calefón, como decía Discépolo. Porque cuando quienes tienen la responsabilidad institucional de impartir justicia terminan sentados en el banquillo de los acusados, la paradoja resulta inevitable.

No se trata de cualquier tribunal. Estamos hablando de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, uno de los máximos órganos de la Justicia Federal en la provincia. Y dos de sus integrantes, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, quedaron en el centro de una investigación que vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de una institución que debería ser, precisamente, garantía de legalidad y transparencia.

El dato más reciente es contundente: el juez federal de Córdoba N° 2, Alejandro Sánchez Freytes, procesó a Abel Sánchez Torres por presunto abuso de autoridad en el marco de la causa denominada “Humanes” y por lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, en perjuicio de la secretaria judicial Celina Laje Anaya. Además, se dispuso un embargo sobre sus bienes por $70 millones.

En cuanto a Graciela Montesi, la resolución judicial determinó su sobreseimiento en uno de los hechos investigados y dictó la falta de mérito en otro, por lo que su situación procesal no es la misma que la de Sánchez Torres.

Dos episodios bajo investigación

Uno de los capítulos investigados corresponde a la denominada causa “Padilla”, relacionada con un expediente vinculado a investigaciones por evasión tributaria.

Según la acusación, hacia fines de 2023 se habría modificado irregularmente la integración de una de las salas de la Cámara Federal con el objetivo de impedir la intervención de la jueza subrogante Liliana Navarro. La fiscalía sostiene que esa maniobra habría permitido que el expediente fuera resuelto con una integración diferente a la que correspondía conforme las reglas vigentes.

El segundo episodio es el de la causa “Humanes”, ocurrido también durante 2023.

De acuerdo con la investigación, Sánchez Torres habría dispuesto que la Sala B de la Cámara Federal incorporara a Montesi en su integración, apartándose de las reglas establecidas para las subrogancias.

La secretaria penal del tribunal, Celina Laje Anaya, habría advertido que aquella conformación no se ajustaba al marco normativo y se negó a elaborar el certificado correspondiente. Según la acusación, frente a esa negativa, Sánchez Torres avanzó igualmente y formalizó la integración mediante un decreto, otorgándole además carácter de “preferente despacho” al expediente.

El conflicto con la secretaria judicial

El episodio no terminó allí.

La negativa de Laje Anaya habría desencadenado, según la acusación fiscal, una serie de situaciones de hostigamiento laboral atribuidas a Sánchez Torres.

La investigación sostiene que la funcionaria sufrió un deterioro de su salud que derivó en un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático y episodio depresivo moderado, además de cuadros de ansiedad y pánico que determinaron una extensa licencia laboral. La fiscalía encuadró estos hechos en el delito de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género.

Es importante remarcar que se trata de hechos sometidos a investigación y decisiones judiciales que todavía pueden ser recurridas. Un procesamiento no equivale a una condena, sino que implica que, para el juez interviniente, existen elementos suficientes para continuar el proceso respecto de los delitos atribuidos.

La sombra de Bunge

Los episodios investigados aparecen relacionados con expedientes vinculados a investigaciones por presunta evasión tributaria relacionadas con la cerealera Bunge, un aspecto que forma parte del complejo entramado judicial que se encuentra bajo análisis.

La actuación de los fiscales Pablo Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián fue central en la investigación. En agosto habían solicitado el procesamiento de ambos camaristas por distintos delitos vinculados con las presuntas maniobras sobre la integración de los tribunales.

Y mientras la investigación penal avanza, también existen actuaciones en el Consejo de la Magistratura relacionadas con ambos magistrados. Documentación oficial del Poder Judicial registra expedientes disciplinarios en los que figuran Sánchez Torres y Montesi.

Cuando la Justicia tiene que explicar sus propios actos

Más allá de los nombres propios y de las particularidades jurídicas de cada expediente, hay una cuestión institucional que no puede pasar inadvertida.

La Justicia tiene una responsabilidad diferente a cualquier otra actividad del Estado.

Un ciudadano puede equivocarse y enfrentar las consecuencias. Un funcionario puede abusar de sus atribuciones y ser investigado. Pero cuando la sospecha alcanza precisamente a quienes tienen la misión de interpretar las leyes y garantizar que sean respetadas, el impacto sobre la confianza pública es inevitable.

Porque el ciudadano común espera que un juez sea quien controle que las reglas se cumplan.

Y cuando un juez aparece investigado justamente por presuntamente haberlas vulnerado, la escena tiene algo de paradoja brutal.

La Biblia junto al calefón.

Ahora será la propia Justicia la que deberá determinar qué ocurrió, quiénes fueron responsables y qué consecuencias corresponden. Sin prejuzgar, sin condenas anticipadas y con todas las garantías del debido proceso.

Pero también sin mirar para otro lado.

Porque la credibilidad de la Justicia no se construye solamente con sentencias: también se construye demostrando que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes tienen la obligación de aplicarla.