Licencia para “Cañito” Flores: una votación ajustada expuso la tensión política por el escándalo en Río Seco

La Legislatura de Córdoba aprobó por un margen estrecho la licencia de Ramón “Cañito” Flores, en medio del escándalo que golpea al legislador del departamento Río Seco por las causas judiciales que involucran a integrantes de su equipo de colaboradores.

La autorización tendrá una duración de seis meses y fue aprobada con 34 votos a favor y 31 en contra, en una sesión que dejó al descubierto las diferencias dentro del recinto y el peso que tuvieron las ausencias de algunos legisladores opositores.

La decisión permitió al oficialismo cerrar, al menos por ahora, una situación políticamente incómoda. Mientras Hacemos Unidos por Córdoba defendió la licencia como una salida institucional ante la falta de imputaciones contra Flores, desde la oposición pretendían avanzar en sentido contrario: rechazar el pedido para luego impulsar la expulsión del legislador.

El caso tomó relevancia luego de que uno de los asesores vinculados al trabajo territorial de Flores fuera detenido e investigado por delitos de abuso sexual y grooming. A partir de esa investigación judicial también quedaron bajo la lupa otros integrantes de su entorno, involucrados en distintas actuaciones.

Aunque Flores no figura como imputado en esas causas, la situación abrió un fuerte debate político sobre los controles que deben existir sobre los equipos que acompañan a los legisladores y sobre los mecanismos utilizados para seleccionar a quienes ocupan funciones dentro de sus estructuras.

Una votación que terminó siendo voto a voto

El oficialismo necesitaba mayoría simple para conseguir la aprobación de la licencia y finalmente logró imponerse por apenas tres votos.

Las ausencias tuvieron un papel determinante. Alejandra Ferrero y Walter Peirone ya habían informado que no estarían presentes, mientras que Gregorio Hernández Maqueda también faltó a la sesión. En todos esos casos hubo reemplazos que participaron de la votación.

Sin embargo, uno de los movimientos que más llamó la atención ocurrió dentro del propio recinto. Gloria Pereyra, legisladora del Frente Cívico, se encontraba en su banca, pero se retiró cuando llegó el momento de definir la licencia de Flores.

El resultado terminó reflejando una disputa política que excedió la situación personal del legislador y puso bajo discusión la responsabilidad institucional sobre los equipos que trabajan junto a quienes ocupan cargos electivos.

El argumento del oficialismo

Desde Hacemos Unidos por Córdoba sostuvieron que no existían elementos judiciales que justificaran una sanción contra Flores. El principal argumento fue que el legislador no está imputado ni enfrenta una causa penal abierta.

Con esa premisa, el oficialismo defendió la licencia como una alternativa que permitiera atravesar el momento de crisis sin avanzar directamente hacia una expulsión.

La oposición, en cambio, buscaba utilizar la situación para abrir un proceso político contra el legislador y cuestionó que la ausencia de una imputación penal fuera suficiente para cerrar la discusión.

El debate dejó planteado un interrogante que ahora deberá ser abordado dentro de la propia Legislatura: hasta dónde llega la responsabilidad política de un funcionario respecto de las personas que incorpora a su equipo y qué controles deberían aplicarse antes y durante su contratación.

La discusión no se limita, por lo tanto, a determinar si existe responsabilidad penal individual. También pone bajo la lupa la forma en que se seleccionan asesores, los mecanismos de supervisión y el conocimiento que tienen los legisladores sobre quienes desarrollan tareas en su entorno.

Cambios en la Policía de Río Seco

Mientras la Legislatura debatía la licencia, el Poder Ejecutivo provincial tomó decisiones dentro de la estructura policial del departamento.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, dispuso la remoción de la cúpula de la Departamental Río Seco y solicitó la intervención del Tribunal de Conducta Policial.

La medida apunta a determinar qué ocurrió con una denuncia presentada en 2020 contra uno de los principales involucrados en la investigación judicial. El objetivo será establecer si aquella presentación fue correctamente tramitada o si, por el contrario, quedó sin avanzar dentro de la estructura policial.

De esta manera, el escándalo terminó generando consecuencias en dos ámbitos del Estado provincial. Mientras la Legislatura optó por conceder una licencia temporal al dirigente cuestionado, el Ejecutivo decidió intervenir sobre la conducción policial del departamento.

La investigación judicial continuará ahora su curso y, en paralelo, la discusión política seguirá abierta. La licencia de Flores permitió evitar una definición más drástica en el recinto, pero dejó planteado un debate de fondo sobre los controles, las responsabilidades políticas y la selección de los equipos que rodean a quienes ejercen cargos públicos.