Nueva oferta para los judiciales: el TSJ mejora la propuesta y busca destrabar un conflicto de más de cinco meses

Después de más de cinco meses de conflicto, con paros, descuentos salariales, retención de servicios y fuertes cruces por el funcionamiento de la Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno de Córdoba presentaron una nueva propuesta salarial para los trabajadores judiciales.

El ofrecimiento intenta superar el esquema presentado a fines de junio, que había sido rechazado por las asambleas gremiales. La nueva alternativa incorpora modificaciones vinculadas con la equiparación salarial, la permanencia en la categoría y algunos adicionales, aunque todavía deberá ser analizada por los trabajadores antes de definir si aceptan o vuelven a profundizar las medidas de fuerza.

Un conflicto que se extendió durante meses

La primera propuesta había sido rechazada luego de una serie de asambleas en las que tuvieron un peso importante las delegaciones del interior y los sectores independientes. En esas reuniones terminó imponiéndose una moción que reclamaba una mejora salarial del 25% como condición para cerrar el conflicto.

El rechazo no estuvo relacionado solamente con el monto de la oferta. También influyeron otros factores que habían generado malestar entre los trabajadores judiciales, entre ellos el impacto de la denominada Ley de “Equidad Previsional”, que incrementó los aportes personales y redujo en términos reales el alcance del acuerdo de equiparación salarial firmado durante 2025.

A esto se sumaron las diferencias generadas por las guardias mínimas establecidas mediante un memorando de la Fiscalía General y la decisión del TSJ de comenzar a aplicar descuentos por los días de paro.

Adelantan la equiparación salarial

La nueva propuesta modifica el cronograma de equiparación con la pauta federal. El objetivo es que todas las categorías completen ese proceso durante 2026.

El cambio representa una mejora particularmente significativa para las categorías superiores, que en la propuesta anterior debían esperar hasta julio de 2027 para completar la equiparación parcial acordada en 2025.

Sin embargo, el nuevo cronograma genera diferencias entre los distintos sectores del escalafón. Para las categorías medias, entre ellas escribientes y auxiliares ayudantes, algunos tramos que estaban previstos desde julio pasarían a aplicarse a partir de septiembre, lo que implicaría resignar determinados retroactivos.

El principal cambio: permanencia en la categoría

Uno de los puntos centrales del nuevo ofrecimiento es la incorporación de una mejora vinculada con la permanencia en la categoría.

En la primera propuesta, el TSJ había intentado compensar a los trabajadores de los niveles inferiores mediante un bono extraordinario de $140.000, pagado por única vez.

Ahora, en cambio, se plantea adelantar el 50% de la bonificación por permanencia en la categoría. Según la información oficial, ese beneficio representaría aproximadamente un 5% del total de la asignación correspondiente al cargo y comenzaría a impactar sobre los salarios desde septiembre.

La medida también alcanzaría a más de 550 trabajadores que habían quedado excluidos de este beneficio en anteriores reestructuraciones. Entre ellos se encuentran agentes ascendidos en octubre de 2024 y trabajadores incorporados posteriormente.

De esta manera, la nueva propuesta reemplaza una compensación extraordinaria y puntual por un concepto porcentual que se incorpora directamente a la estructura salarial.

Un adicional del 1,9% y menor aporte extraordinario

El nuevo esquema contempla además un adicional del 1,9% para todas las categorías a partir de septiembre, en concepto de adelanto a cuenta de futuras actualizaciones salariales.

Otro de los cambios está relacionado con los aportes extraordinarios correspondientes al último escalón. La propuesta plantea reducirlos del 8% al 6%, en línea con un fallo del propio Tribunal Superior de Justicia dictado a fines de mayo.

En aquella resolución, el máximo tribunal provincial había planteado la necesidad de avanzar progresivamente hacia una reducción de los aportes extraordinarios establecidos por la legislación vigente.

Qué pasa con los descuentos por los paros

Uno de los puntos más sensibles del conflicto continúa siendo el descuento aplicado por las jornadas de huelga.

El TSJ no contempla devolver los días que ya fueron descontados. Sin embargo, ofreció no ejecutar aquellos descuentos que todavía permanecen pendientes si los trabajadores aceptan el acuerdo de manera expresa y sin objeciones.

La condición forma parte de la negociación que ahora deberá ser evaluada por la organización gremial.

Cronograma de los aumentos federales

Antes de analizar formalmente la nueva oferta, el gremio había solicitado precisiones sobre el pago de los incrementos salariales dispuestos por la Justicia Federal.

La Provincia informó que el aumento del 1,9% correspondiente a junio será liquidado con los haberes de agosto, mientras que el incremento del 2,1% establecido para julio se incorporará a los salarios de septiembre. En ambos casos se contemplan los retroactivos correspondientes.

Ahora la decisión queda en manos de los trabajadores

Con la presentación de la nueva propuesta se abre una nueva etapa del conflicto. La organización gremial deberá llevar el ofrecimiento a las bases, realizar las consultas correspondientes y definir mediante votación si acepta o rechaza el esquema planteado.

La principal novedad es la incorporación del beneficio por permanencia en la categoría y el adelanto de los tramos de equiparación salarial, además del adicional del 1,9% y la reducción de los aportes extraordinarios.

El interrogante ahora es si estas modificaciones serán suficientes para destrabar una disputa que lleva más de cinco meses y que había llegado a un punto de fuerte tensión entre los trabajadores, las autoridades judiciales y el Gobierno provincial.

La primera propuesta había sido rechazada de manera contundente y el reclamo de las asambleas había fijado como referencia un aumento del 25%. La nueva oferta busca cambiar ese escenario, pero la última palabra estará en manos de los trabajadores judiciales.