La Legislatura define el futuro de “Cañito” Flores: licencia, presión opositora y una decisión clave

La Legislatura de Córdoba tendrá este miércoles una sesión marcada por la situación del legislador Ramón “Cañito” Flores, quien presentó un pedido de licencia que será sometido a votación en el recinto. El oficialismo anticipó que acompañará la solicitud, mientras que la Unión Cívica Radical adelantó que votará en contra y reclamará que el legislador deje definitivamente su banca.

La definición comenzó a tomar forma durante la reunión de comisión previa a la sesión. Flores ya había formalizado su pedido y, de acuerdo con el escenario que se maneja dentro de la Cámara, el bloque peronista respaldará el apartamiento temporal.

Si no aparecen cambios de último momento, el representante de Río Seco dejará momentáneamente su banca. Sin embargo, la oposición pretende mantener abierta la discusión y considera que una licencia no alcanza para cerrar el conflicto político.

La UCR pide una salida definitiva

El radicalismo sostiene que el apartamiento debería ser permanente y por eso no acompañará el pedido de licencia. La bancada insistirá con que Flores presente su renuncia a la Legislatura.

El principal obstáculo para avanzar por esa vía es que una eventual expulsión requiere una mayoría especial de dos tercios del cuerpo. La oposición no cuenta con los votos suficientes para alcanzar ese número por sí sola, por lo que cualquier decisión de mayor alcance dependería de un acuerdo entre distintos bloques.

Mientras tanto, desde el oficialismo remarcan un elemento jurídico: Flores no está imputado en las investigaciones que desencadenaron la controversia.

La discusión política, sin embargo, se concentra en otra cuestión. Los sectores opositores plantean que existe una responsabilidad política vinculada con el entorno de colaboradores del legislador y con los antecedentes que comenzaron a surgir alrededor de integrantes de su equipo.

El caso que desató la crisis

La situación se agravó a partir de la detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor de Flores y quedó involucrado en una investigación por presuntos delitos sexuales contra menores en el norte provincial.

A partir de ese episodio aparecieron además otros nombres relacionados con el despacho del legislador que atravesaron distintas situaciones judiciales. La acumulación de esos casos incrementó la presión sobre Flores y generó un fuerte debate dentro de la Legislatura sobre los mecanismos utilizados para seleccionar y contratar asesores.

Como consecuencia, comenzaron a impulsarse nuevas medidas para exigir controles de antecedentes a los integrantes de los equipos legislativos.

Los bloques revisan a sus propios asesores

El impacto político del caso no quedó limitado al despacho de Flores. Legisladores de diferentes espacios comenzaron a revisar las nóminas de sus colaboradores y a verificar documentación y antecedentes de quienes integran sus equipos.

La intención es evitar que situaciones similares vuelvan a producirse y establecer filtros más rigurosos antes de incorporar asesores.

El episodio abrió así una discusión más amplia sobre los mecanismos de selección de personal en la Legislatura y sobre los controles que deben aplicarse a quienes trabajan directamente con los representantes provinciales.

También se define el futuro del Juzgado Electoral

La situación de Flores no será el único asunto de peso que tendrá la Legislatura en los próximos días. También avanza la definición sobre quién ocupará la conducción del Juzgado Electoral provincial.

Actualmente, el organismo está encabezado por Marta Vidal, cuya continuidad tiene un plazo próximo a vencer. Para sucederla quedó posicionado Guillermo Arias, actual secretario Legislativo de la Unicameral y primero en el orden de mérito surgido del proceso de selección.

Los tiempos son ajustados debido a que a comienzos de septiembre vence la extensión otorgada a Vidal. Por ese motivo, la Legislatura deberá acelerar la definición para evitar que el organismo quede sin una autoridad al frente.

Después de la sesión de este miércoles, la actividad legislativa continuará el próximo lunes 31 de agosto, jornada en la que podría avanzar la discusión sobre la sucesión en el Juzgado Electoral.

Así, la Cámara tendrá por delante dos definiciones sensibles: resolver el futuro inmediato de Flores y garantizar la continuidad institucional del órgano encargado de la administración de los procesos electorales en Córdoba.