La Justicia resolvió el embargó del departamento de San José 1111 de Cristina Kirchner por el decomiso de la causa Vialidad

• La Justicia dispuso el embargo del departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.
• La medida forma parte del procedimiento destinado a ejecutar el decomiso establecido tras la condena en la causa Vialidad.
• El tribunal aclaró que el embargo no implica un remate inmediato de la propiedad.
• También fueron alcanzados inmuebles ubicados en Puerto Madero y distintas propiedades situadas en Santa Cruz.
• El objetivo de la resolución es impedir que los bienes sean transferidos, gravados o retirados de la jurisdicción.
• Gregorio Dalbón reclamó una mayor presencia de dirigentes peronistas junto a Cristina Fernández de Kirchner.

El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso el embargo de distintos bienes y activos vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del proceso destinado a ejecutar el decomiso establecido tras su condena en la causa Vialidad. Entre las propiedades alcanzadas por la medida se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ex presidenta cumple actualmente su prisión domiciliaria.

La resolución fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes avanzaron con una serie de medidas destinadas a preservar los bienes que podrían quedar afectados por la decisión judicial. El objetivo es impedir que las propiedades y activos involucrados sean transferidos, gravados o retirados de la jurisdicción mientras continúa el procedimiento destinado a ejecutar el decomiso.

El monto establecido por la Justicia asciende a aproximadamente 685 mil millones de pesos y constituye una de las consecuencias patrimoniales derivadas de la sentencia dictada en la causa que investigó irregularidades vinculadas con la obra pública vial durante los gobiernos kirchneristas.

Uno de los puntos centrales de la resolución es que el embargo sobre el inmueble de San José 1111 no significa que exista un remate inmediato de la propiedad. La medida funciona como una herramienta para preservar el bien y evitar operaciones que puedan dificultar el cumplimiento de las decisiones patrimoniales adoptadas por el tribunal.

El departamento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires adquirió además una marcada relevancia política desde que Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir allí su condena. El lugar se convirtió en un punto de concentración habitual de dirigentes y militantes que concurren para manifestar su respaldo a la ex presidenta.

La resolución judicial también alcanzó otras propiedades vinculadas a la dirigente peronista. Entre ellas aparecen unidades ubicadas en el complejo Madero Center, en Puerto Madero, algunas de las cuales estuvieron relacionadas en el pasado con operaciones de alquiler vinculadas al empresario Cristóbal López.

A la lista se incorporaron además bienes situados en Santa Cruz. La Justicia incluyó un hotel ubicado en El Calafate y una vivienda localizada en la zona de la costanera de Río Gallegos, ciudad en la que Cristina Fernández de Kirchner residió durante años junto a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner.

El conjunto de medidas busca preservar el patrimonio alcanzado por la resolución judicial y evitar que los bienes puedan ser utilizados para impedir o dificultar la ejecución del decomiso. De esta manera, el tribunal avanza sobre el aspecto económico de la condena y establece restricciones destinadas a garantizar que los activos permanezcan sujetos al proceso judicial.

La decisión también generó nuevas expresiones dentro del peronismo. Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, reclamó públicamente una mayor presencia de dirigentes del Partido Justicialista alrededor de la ex presidenta.

El abogado cuestionó la ausencia de algunos referentes y planteó que el peronismo debería adoptar una posición más activa frente al escenario político. En ese contexto, llamó a construir una alternativa electoral de cara a 2027 y sostuvo que el espacio opositor debería reaccionar frente a las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Las declaraciones se produjeron mientras el entorno de Cristina Fernández de Kirchner busca mantener la movilización política en torno a la ex presidenta y, al mismo tiempo, afrontar las consecuencias judiciales y patrimoniales derivadas de la condena en la causa Vialidad.

El embargo constituye un nuevo capítulo de un proceso judicial que continúa teniendo consecuencias políticas y económicas para la principal dirigente del kirchnerismo. Mientras la Justicia avanza con las medidas destinadas a garantizar el decomiso, el peronismo enfrenta además el desafío de definir su estrategia frente al Gobierno nacional y el escenario electoral rumbo a 2027.